DOMINGA.– Los secuestradores fijaron la fecha del 12 de junio de 1998 para ejecutar un plan que había iniciado tres meses antes: apoderarse del empresario Gabriel Gutiérrez Gómez. La misión era compleja. Otros dueños de negocios licoreros habían sido raptados y, para cuidarse, Gutiérrez Gómez rara vez se alejaba de sus empleados, quienes en agradecimiento por su trato afable se comportaban como guardaespaldas. Por eso, los criminales decidieron que actuarían de noche, justo cuando los mozos del rancho en Texcoco se retiraban a dormir a las cabañas y él descansaba sin protección.
A las 21:00 horas desataron el plan. Cinco hombres encapuchados y con armas largas ingresaron a la vivienda principal, en el Estado de México, y corrieron hasta la habitación en el primer piso. Cuando los gritos despertaron a los trabajadores, Gutiérrez Gómez, de 30 años, ya estaba descalzo subiendo a un automóvil sin placas que huyó hacia el norte. Nadie pudo salvarlo.
De inmediato, su esposa Anaíta Fernández Purón se hizo cargo de las negociaciones. De un lado de la línea estaba el temible líder de secuestradores Daniel Arizmendi, quien no mostraba remordimiento al mutilar a sus víctimas y aterrorizar a sus familiares. Del otro estaba la joven veinteañera y madre de dos niños, asesorada en secreto por elementos del Grupo Yaqui, una unidad antisecuestros de recién creación en la Procuraduría General de la República (PGR) y formado por agentes de la Policía Judicial Federal, quienes tenían como principal objetivo la captura del Mochaorejas.
Fernández Purón negociaba con estoicismo… sólo para desplomarse cuando colgaba el teléfono. Pasaba horas rezando para que su esposo no tuviera el mismo final que muchos otros de los secuestrados de Daniel Arizmendi: cercenados en los primeros días y luego asesinados con saña en un momento de euforia de sus captores, quienes seguían exigiendo dinero sin comunicar que el empresario ya no estaba vivo.
La angustia atravesaba a todos en casa, cuando el 17 de junio, a las cuatro de la mañana, el timbre de la casa sobresaltó a Anaíta Fernández Purón. Abrió la puerta temerosa de recibir la peor noticia de los agentes federales y encontró a Gutiérrez Gómez demacrado, ojeroso, pero vivo, en el umbral de la casa. Increíblemente, los secuestradores habían acortado el tiempo usual de un rapto –se podía alargar por meses– y cumplieron su palabra: tras recibir un millonario rescate abandonaron a su víctima en algún punto del entonces Distrito Federal. Desde ahí, el empresario tomó un taxi y pidió un viaje hasta su familia. El cautiverio terminó a los cinco días.
La familia, ya aliviada por la liberación, hizo una llamada que cambiaría la vida de Daniel Arizmendi. Desde Asturias se conectaron con una oficina en Madrid. Contestó el Ministro del Interior del Gobierno de España, quien recibió las quejas de la madre y padre: Gutiérrez Gómez no era un empresario cualquiera, tenía origen español y estaba conectado con el presidente José María Aznar, lo que convertía su caso en un potencial lío diplomático. La familia reclamó con dureza la impunidad con la que actuaba la banda de secuestradores y exigió la cabeza del responsable.
El ministro español prometió presionar al gobierno mexicano. Ese hombre, como si se tratara de una broma de mal gusto, se apellidaba Oreja. Ese día, Jaime Mayor Oreja hizo suya la misión de acabar con El Mochaorejas.
El secuestrador Daniel Arizmendi se volvió pesadilla nacional
Esta historia sobre la caída del secuestrador más infame de México, Daniel Arizmendi, va más allá de la coincidencia de un apellido de alcurnia y un alias criminal. Es una explicación para entender cómo es que un secuestrador que contaba con numerosos apoyos de servidores públicos cayó rápidamente cuando sus protectores entendieron el creciente riesgo de mantenerlo a su lado.
Para el 18 de junio de 1998, un día después de la liberación de Gabriel Gutiérrez Gómez, Arizmendi ya era uno de los objetivos prioritarios del gobierno mexicano. Un mes antes, en mayo, un juez de distrito había girado una orden de aprehensión en contra suya, su hermano Aurelio Arizmendi y cuatro cómplices más. Y sus casas, vehículos, incluso una avioneta, le habían sido incautados junto con millones de pesos en efectivo.
La presión que tenía el presidente Ernesto Zedillo venía incluso de su propio partido: en aquellos días, el senador priista José Trinidad Lanz había propuesto en la Comisión de Puntos Constitucionales una reforma a Código Penal Federal para castigar el secuestro con pena de muerte, una iniciativa con dedicatoria para el secuestrador que se volvió una pesadilla nacional.
Daniel Arizmendi estaba en todos los medios y causaba tanto miedo como fascinación. El periodista César Romero Jacobo había publicado en la primera plana de un diario de circulación nacional una crónica brutal sobre los días en cautiverio de una víctima del Mochaorejas –que hoy se hubiera vuelto viral– y el periodista Ricardo Rocha mantenía a los mexicanos al borde de la silla con dos programas especiales en televisión llamados México secuestrado que describía sus métodos de horror y su afición a la mutilación. Nuestro propio Jeffrey Dahmer.
La biografía del criminal más buscado se repetía constantemente: nació en una familia humilde en Miacatlán, Morelos, el 22 de julio de 1958. Hermano de Juan, Aurelio y Diego. Hijo de María López y Catarino Arizmendi, un alcohólico que vivía con las mangas de las camisas ensangrentadas por golpear botellas de cervezas en sus ataques de ira. Desde entonces, el niño Daniel aprendió que las hemorragias se detienen con ceniza de cigarro, una técnica que usaría años después para frenar el sangrado de sus víctimas tras cortarles las orejas.
Desertor escolar, perezoso empleado, fugaz integrante de la Policía Judicial de Morelos y ladrón de automóviles. Cuando lo detuvieron por ese delito, fue enviado al penal de Barrientos, Tlalnepantla, donde amplió su círculo criminal. Al salir, se hizo amigo de criminales veteranos que lo conectaron con policías sucios, comandantes voraces y ministerios públicos corruptos. Escuchó de su esposa que un secuestro dejaba millones de pesos y fundó su propia banda con su hermano Aurelio y sus vecinos en Nezahualcóyotl, Estado de México, conectados a uniformados sobornables.
El 11 de junio de 1995, Daniel Arizmendi hizo su primer secuestro: su víctima fue un empresario gasolinero llamado Martín Gómez. El criminal de 37 años estaba entusiasmado por los enormes pagos que habían hecho los familiares de notables secuestrados, como el banquero Alfredo Harp Helú y el empresario Ángel Losada Moreno, dueño de los supermercados Gigante; sin embargo, Arizmendi sólo logró negociar miles de pesos, no millones. Tal vez, pensó, le faltó usar la violencia extrema como método para mejorar las ganancias.
Hizo dos secuestros más y en el cuarto inauguró su etapa de mutilador. El 7 de diciembre raptó al empresario Leobardo Pineda, dueño de bodegas en Ixtapaluca, Estado de México. Tras 64 días de negociaciones, Daniel Arizmendi perdió la paciencia y ordenó a dos cómplices que inmovilizaran a la víctima. Tomó unas tijeras para destazar pollo y le cortó una oreja que cauterizó con la ceniza de cigarro.
Cuando escuchó la voz trémula de la esposa de Pineda por la sorpresa de encontrar la oreja abandonada cerca de su casa, El Mochaorejas eligió la mutilación como método preferido de presión. La familia pagó el rescate sólo para hallar el cadáver del empresario en la cajuela de una camioneta en Chalco.
Su racha siguió con más víctimas, como Karlio Alonso Hernández, Luis Manuel Gazcón y Raúl Nava Ricaño, cuya madre Josefina Ricaño escuchó por teléfono cuando El Mochaorejas mató a su hijo el 14 de mayo de 1997.
A pesar de tener una oreja mutilada como seña distintiva de ser víctima de Arizmendi, el cuerpo de Nava Ricaño entró como desconocido al Servicio Médico Forense del Distrito Federal y luego entregado a la Facultad de Medicina de la UNAM para la práctica de estudiantes. Josefina usó ese dolor para fundar México Unido Contra la Delincuencia, una organización de la sociedad civil que hasta ahora investiga la violencia en el país.
Mientras la familia de Nava Ricaño buscaba el cuerpo, El Mochaorejas hizo un nuevo secuestro el 16 de octubre: el de Gumersindo Ruiz Noriega, empresario español y fundador de la licorería La Europea. Tras siete días de cautiverio, y un millonario rescate, fue liberado en la colonia Peñón de los Baños, muy cerca del aeropuerto capitalino. Ruiz Noriega contó a las autoridades que su victimario le reveló que había secuestrado a más empresarios españoles y que los prefería por ser más ricos que los mexicanos. La mayoría eran dueños de vinaterías o relacionados con hoteles y restaurantes, a quienes El Mochaorejas obligaba a que les contara sobre sus amigos y socios para estudiarlos y ser los siguientes secuestrados.
El criminal más temido de México tenía sus ojos en la comunidad europea. Si Ruiz Noriega callaba, más empresarios españoles caerían en manos de Daniel Arizmendi.
El Mochaorejas tenía protectores en el poder
Los miembros de la comunidad española se movilizaron. Temían ser los próximos. Y aprovecharon un viaje del ministro del Interior del Gobierno de España hacia México para hacerle saber que corrían peligro. El 28 de octubre de 1997, en secreto, el ministro Jaime Mayor Oreja recibió a una comitiva de empresarios españoles en la embajada de España en el Distrito Federal, quienes le pidieron intervenir para frenar la ola de secuestros de sus connacionales.
Al día siguiente, Mayor Oreja llevó esas preocupaciones al Palacio de Bucareli, donde tenía una cita con su homólogo mexicano, el secretario de Gobernación Emilio Chuayffet, quien sumó al procurador Jorge Madrazo Cuéllar. El reclamo fue tan airado que no había forma de ocultarlo al presidente Ernesto Zedillo.
La brutalidad del Mochaorejas había llegado hasta Los Pinos. Y no era la primera vez: el padre de Raúl Nava Ricaño era amigo de Luis Téllez, jefe de la Oficina de la Presidencia, quien ayudó a que la familia informara personalmente al presidente del secuestro del empresario. Pese a los contactos en común, Zedillo respondió con frialdad delegando la responsabilidad del secuestro a agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, quienes fallaron en regresarlo con vida.
Pero una cosa era un empresario mexicano asesinado por un delincuente y otra muy diferente un español –y con acceso presidencial– ejecutado por un secuestrador que se intuía estaba protegido por empleados del gobierno mexicano. Las prioridades en el aparato de justicia mexicano también dependen de los pasaportes.
Llegó el Año Nuevo de 1998 y el gobierno mexicano hizo un cambio de piezas. Emilio Chuayffet abandonó el cargo y lo suplió Francisco Labastida, quien no tenía una buena relación con el presidente pero sí tenía su respeto por el combate que dio al Cártel de Sinaloa en sus tiempos como gobernador en el norte de México, lo que le valió amenazas de muerte que lo llevaron al exilio.
Labastida asumió la posición sabiendo que su deseada candidatura presidencial dependía de sus resultados en seguridad. El Mochaorejas era prioridad y para hacerlo caer primero debía remover a sus protectores en el poder. En mayo de 1998, el nuevo secretario de Gobernación viajó a Morelos y pidió al gobernador Jorge Carrillo Olea que renunciara. Bajo el brazo, Labastida llevaba un expediente que revelaba la estructura en el gobierno que cuidaba a Daniel Arizmendi y el mandatario morelense aparecía en esa carpeta. Aunque se resistió, Carrillo Olea pidió licencia días más tarde y se apresuraron los operativos policiacos que llevaron a la detención de la esposa de Daniel Arizmendi, Lourdes Arias García, y sus hijos Daniel y Sandra.
El ministro español que pidió protección para sus connacionales
El mundo se hacía cada vez más chico para El Mochaorejas. Otro criminal hubiera parado y buscado escondite, pero él, un adicto a la violencia, intensificó sus crímenes. Secuestró al español Gabriel Gutiérrez Gómez y, aunque lo liberó, el ministro Jaime Mayor Oreja volvió a la carga y reclamó que un año antes había pedido protección para sus connacionales pero los secuestros seguían ocurriendo.
El reclamo llegó, de nuevo, el 18 de junio, a oídos del presidente Zedillo, quien apresuró a Labastida. Había que cumplir con el gobierno español, así que la PGR ofreció una recompensa de cinco millones de pesos a quien diera información que llevara a la captura de Daniel y Aurelio Arizmendi. No era posible que dos personas pusieran en riesgo la relación comercial con España. El anzuelo funcionó.
Alguien traicionó a Aurelio. El 30 de junio, agentes federales entraron a la fuerza a una casa de seguridad en el kilómetro 3.5 de la carretera que conduce al Ajusco, sur de la Ciudad de México, y lo detuvieron tras dispararle en una pierna. El primero en confirmar la captura fue un orondo Labastida, quien aprovechó una visita a la Cámara de Diputados para entrar a la sala de prensa y anunciar la detención a los reporteros.
Horas más tarde le comunicó la noticia a Mayor Oreja, quien recibió la promesa de que Daniel sería arrestado en los siguientes días. Los familiares más cercanos del Mochaorejas y operadores, como el exdirector de la Unidad Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia de Morelos, Armando Martínez Salgado, ya estaban presos. Era cuestión de semanas, tal vez días.
Para elevar la presión, el gobierno federal organizó una entrevista entre Aurelio Arizmendi y el periodista Guillermo Ortega. Desde una cama en el Hospital Militar, el secuestrador reconoció ante las cámaras de televisión su oficio de delincuente, los nombres de las víctimas, la fortuna lograda y el modo de operación de su hermano, el líder, a quien le lanzó una súplica: “Entrégate, Daniel para terminar con nuestros males”.
La cacería se intensificó. El Grupo Yaqui hizo operativos en Morelos, Estado de México, Ciudad de México y hasta Veracruz. Mientras, la presión escalaba también dentro del país: en la trama contra la racha de secuestros el primer villano era, claro, el prófugo Arizmendi; el segundo, el presidente Zedillo, a quien se le veía incapaz de frenar la violencia y de cumplir sus promesas a sus amigos en Europa.
Daniel Arizmendi planeaba su huida, acaso fuera del país
A pesar del cerco, El Mochaorejas siguió secuestrando y el 6 de agosto de 1998 puso su atención en el empresario gasero Raúl Nieto del Río, raptado en la carretera Celaya-Querétaro, a donde había huido el secuestrador. Al intentar subirlo al vehículo, un cómplice le disparó sin querer y lo mató. Pero eso no impidió a Daniel Arizmendi exigir un millonario rescate: bañó, maquilló y fotografió el cadáver de Nieto de Río para fingir que seguía vivo. Y como supuesta prueba de vida envió a sus familiares las orejas cercenadas.
Sabiendo que cada vez se volvía más descuidado, El Mochaorejas planeó su huida, acaso fuera del país. El 17 de agosto llamó a dos amigos e integrantes de otra banda de secuestradores, Los Patanes, para citarlos cerca del Toreo, en los límites de la capital y el Estado de México. Les pidió que le consiguieran una credencial de elector falsa para pasar sin problemas por los retenes carreteros. El secuestrador no sabía que las líneas telefónicas estaban intervenidas.
Cerca de las seis de la tarde de aquel lunes, Daniel Arizmendi cayó en una emboscada del Grupo Yaqui, quien lo trasladó de inmediato al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. Las historias que se cuentan en aquel penal es que lo recibieron con una golpiza que casi lo mata, seguido de varios días de tortura.
Las palabras que El Mochaorejas dio a un periódico de circulación nacional en una rara entrevista telefónica el 3 de junio de 1998 se repitieron entre los agentes que consiguieron su detención: “En definitiva no me entrego. Le tengo miedo a la cárcel y a la pobreza, mucho miedo. No saben cuánto. A la muerte no, eso sí lo digo y téngalo por seguro. Porque lo que yo digo es cierto: a la muerte no le tengo miedo”.
Al anochecer, con la detención confirmada por el presidente Zedillo, Labastida se encerró en su despacho y con el arrullo de la Avenida Bucareli como ruido de fondo pidió que lo comunicaran con el ministro Mayor Oreja. “Ya agarramos al Mochaorejas”, le dijo sin poder ocultar la emoción en su voz. “Misión cumplida”.
Parte de esta investigación, realizada por Óscar Balderas y la periodista Daniela Rea, se realizó para la serie documental Mochaorejas, dirigida por Everardo González y producida por Artegios, desde el 6 de febrero en la plataforma de streaming VIX+.
GSC/ATJ