Las agresiones cometidas por un expolicía municipal de Puebla contra un ciudadano, a quien pretendía obligar a revelar información sobre supuestos robos, derivaron en una sentencia definitiva de 11 años y tres meses de prisión por el delito de tortura.
El responsable fue identificado como Uriel N., quien junto con otro uniformado interceptó a la víctima el 1 de octubre de 2018, cuando se encontraba acompañado de una mujer en la capital poblana. Los agentes, que se desplazaban en vehículos particulares, lo privaron de la libertad y lo llevaron a un lugar apartado, donde lo sometieron a distintos métodos de tortura.
El ciudadano fue golpeado en varias partes del cuerpo, asfixiado con una bolsa de plástico y recibió descargas eléctricas. Las agresiones le ocasionaron múltiples lesiones, incluida una fractura de clavícula, misma que fue catalogada como una herida que dura más de 15 días en sanar aunque no pone en riesgo la vida de la víctima.
Según las indagatorias, los policías buscaban obtener información sobre su presunta relación con robos en Angelópolis y La Calera, además de exigirle dinero en efectivo.
La Fiscalía también documentó que posteriormente intentaron fabricar pruebas para incriminarlo, al señalar una supuesta posesión de armas de fuego y sustancias ilícitas.
Por estos hechos, la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura consiguió que en 2024 se dictara una condena contra el exservidor público.
Aunque su defensa buscó revertirla mediante una impugnación, el Tribunal de Alzada determinó mantener la resolución judicial, con lo que la pena de 11 años y tres meses de cárcel quedó firme.
AAC
