El constante asedio del crimen y la presunción de infiltración de malos policías en las corporaciones municipales llevó a las autoridades estatales a sugerir a los 46 municipios del estado de Guanajuato realizar desde el inicio de las actuales administraciones la aplicación de pruebas de control y de confianza, con la finalidad de depurar a las corporaciones que representan el primer respondiente.
Del resultado de este análisis es que ha salido a la luz que más de mil elementos han terminado despedidos, la depuración más fuerte se ha dado en el municipio de León con casi 600 elementos, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de esta ciudad, Mario Bravo, mientras que la semana que concluyó en Irapuato se reveló la baja de 100 elementos producto de no haber aprobado las evaluaciones.
En tanto Celaya tiene en su haber alrededor de 300 elementos en esta situación, mientras que el municipio de Moroleón reveló que habían sido despedidos 50 elementos de la corporación también por no pasar dichos exámenes, sin embargo, resulta contradictorio que en el portal Compromisos Municipales en Materia de Seguridad Pública no aparece registro de alguna baja producto de la realización de estos exámenes que son aplicados por el Centro Estatal de Evaluación de Control y de Confianza dependiente de la Secretaría de Gobierno.
De acuerdo con el último reporte en la página web, han sido evaluados 8 mil 676 integrantes de las corporaciones municipales de los cuales sólo 68 no han pasado estos controles, mientras que en el apartado de elementos dados de baja no aparece dato alguno, pese a que este reporte es parte de las obligaciones que tienen los municipios para tener acceso al Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal.
Hasta el día de hoy, sólo funcionarios de los municipios aquí mencionados León, Irapuato, Celaya y Moroleón han hecho pública la información referente a las bajas, sin embargo, en la página oficial no aparecen datos al respecto.
Pero el problema respecto a la contratación de nuevos elementos vuelve a estar presente, pues si a las mil bajas reportadas al día de hoy se suma el total de vacantes disponibles previo a estos anuncios, tendremos que la cifra se dispara a 2 mil 611 policías que actualmente estarían requiriendo los 46 municipios de la entidad.
De hecho, los municipios con mayor cantidad de plazas disponibles, según el portal aquí citado, son Celaya, con un faltante de 630 elementos a los que se suman los casi 300 que han sido despedidos en la actual administración.
Le sigue el municipio de León con 141 plazas vacantes a las que se suman los casi 600 elementos despedidos en la actual administración para superar las 700 vacantes, sin contar la meta que se tenía de incrementar el número de efectivos para el cierre de la actual administración.
El municipio de Irapuato tenía hasta antes del anuncio de la depuración de 100 elementos la necesidad de ocupar 116 vacantes con lo que el faltante ahora supera las 200 plazas. La cuarta posición la ocupa el municipio de San Miguel de Allende, que hasta el momento no ha reportado una depuración de la policía municipal tiene la necesidad de contratar 110 policías para ocupar las plazas autorizadas, en tanto Silao de la Victoria, donde también la policía municipal se ha visto en incidentes relacionados con el crimen organizado, tampoco ha reportado una depuración sin embargo ya tenía la necesidad de contratar a 99 uniformados.
De análisis realizado por MILENIO se desprende que las plazas autorizadas para policías municipales en el estado de Guanajuato son de 9 mil 691, de las cuales hasta la última actualización estaban ocupadas 8 mil 81, lo que representa el estimado de fuerzas policiales municipales.
De acuerdo con el Reglamento de Evaluaciones del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato, “el proceso de evaluación tiene por objeto coadyuvar en el fortalecimiento de los niveles de confiabilidad y eficiencia de personas integrantes y aspirantes a ingresar a las Instituciones de Seguridad Pública y a las empresas”.
En tanto expone que los resultados aprobatorios de las evaluaciones para la permanencia del personal de las instituciones de seguridad pública que desarrolla funciones de mando o funciones sensibles, tienen una vigencia máxima de dos años.
“Dentro de las Instituciones de Seguridad Pública se consideran funciones sensibles las realizadas por personal de los centros de control, comando, comunicaciones y cómputo, y de las unidades de análisis, antisecuestro y antiterrorismo”, señala el reglamento.
Mientras que de las personas integrantes de las instituciones de seguridad pública y de las empresas, “tendrán una vigencia de tres años contados a partir de la fecha de aplicación de la última evaluación a la persona evaluada”.
ROA