Familiares de José Luis "N", ex comisario de Seguridad Pública de Valle de Bravo, se manifestaron esta tarde en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para exigir su liberación pues aseguraron que el mando policiaco es inocente; sin embargo, la FGJEM sostiene su investigación con la hipótesis de que habría filtrado información de seguridad a un grupo criminal de la región sur de la entidad; además, afirman que la detención fue por la vía legal.
Janet, esposa del comisario, llegó esta tarde a las oficinas centrales de la Fiscalía, acompañada de familiares y amigos, para buscar una reunión con el fiscal general, Alejandro Gómez Sánchez, y explicar que su marido es inocente de los cargos que se le imputan. "Una persona intachable, con buena reputación, y ha llegado hasta donde logró llegar por su trabajo".
Agregó que su marido fue parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y desde ese entonces ha trabajado al margen de la ley, aunque en el pasado recibió amenazas, pero nunca tuvo nexos con algún grupo delictivo. "Puedo decir con la frente en alto que él siempre rechazó cualquier tipo de situación con el narcotráfico, siempre se dedicó a su trabajo y de eso vivimos".
Aunado a que considera que las acusaciones son falsas, manifestó que la detención fue irregular, ya que el viernes fue citado por el Fiscal Regional de Valle de Bravo para una reunión y ahí fue detenido y trasladado hasta el penal de Otumba. "Pedirle al fiscal que me permita hablar con él, que me permita saber cuál es la causa, cuál es el motivo por el cual a mi esposo se le trasladó al penal de Otumba".
Finalmente dijo estar dispuesta a recibir a las autoridades en su domicilio, para que hagan la diligencias que consideren pertinentes y así demostrar la inocencia de su esposo.
Detención fue legal: FGJEM
Fuentes al interior de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aseguraron que la detención se hizo con base en la ley, en cumplimiento a una orden de aprehensión otorgada por un juez, a quien el Ministerio Público entregó los elementos de prueba necesarios para que fuera emitido el mandato judicial.
Por ello la FGJEM sostiene su hipótesis de que el comisario habría proporcionado información a un grupo del crimen organizado en esa región, sobre operativos y retenes, con el fin de alertarlos.
Además debido a que el caso se desahoga en un juzgado, será la autoridad judicial quien determine la situación legal del imputado y que su traslado a Otumba fue por su propia seguridad.
KVS