Las autoridades de Ciudad de México y de la Procuraduría capitalina violaron los protocolos para decidir la entrega a los abuelos paternos de la patria potestad de los tres menores de edad, hijos de la pareja que presuntamente asesinó a la niña Fátima.
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Así lo denunció la abuela materna, Marcelina Cruz Hernández, al asegurar que no hubo un diagnóstico previo, social, psicológico y económico, para entregar a los menores de 3, 5 y 7 años de edad a la familia de Mario “N”, detenido en el Reclusorio Oriente, acusado de secuestro agravado y homicidio.
Además, informó que el próximo lunes iniciarán un litigio ante el DIF. El argumento central es que la familia paterna “actuó mal” pues solapó a Mario ante lo ocurrido con Fátima.
Sin embargo, tanto la asesora jurídica de la abuela, Angélica Urbina, y la propia Marcelina Cruz, sostienen lo contrario y piden que, en todo caso, las autoridades demuestren cuál fue el criterio para la entrega de los tres menores a los abuelos paternos.
La abogada reiteró que ya dejó el caso por amenazas y que ahora solo fungirá como asesora jurídica de la abuela y ya no estará en la defensa ante tribunales.
Sin embargo, afirmó que la línea de defensa de Giovana es que ella era víctima de violencia familiar, denunciada incluso tres veces ante el Ministerio Público, y que nunca le hicieron caso.
MILENIO estuvo en la casa de la abuela materna en Tláhuac, y en la colonia donde vivía la menor asesinada. En ambos sitios hay testimonios de la violencia familiar que sufría Giovana.
En tanto, Ana Katiria, abogada de la familia de Fátima, declaró que no cobrará honorarios, pues su intención es ayudar a la familia y colaborar en la defensa de los derechos humanos.
En entrevista para MILENIO explicó que si bien vecinos de Fátima realizan una colecta, esta no tienen nada que ver con su despacho, pues ellos solo tienen “un compromiso con la justicia”.
PRUEBAS SUFICIENTES
Giovana y su pareja Mario “N” fueron vinculados a proceso por el asesinato de Fátima.
El juez de control Agustín Moreno Gaspar determinó que la Fiscalía General de Justicia de CdMx aportó pruebas suficientes sobre la probable responsabilidad de los imputados por el delito de feminicidio y secuestro agravado.
Ambos fueron ingresados nuevamente al penal femenil de Santa Martha Acatitla y al Reclusorio Oriente, respectivamente.
El juzgador fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que tanto la Fiscalía y la defensa de oficio aportarán pruebas de cargo y descargo.
Tras cuatro horas de audiencia en la sala siete de oralidad del Poder Judicial de CdMx, Luis Fernando Trejo, fiscal antisecuestros de la FGJ, dijo que los inculpados se reservaron su derecho a emitir alguna declaración.