Amnistía Internacional reveló que las investigaciones de feminicidios precedidos de desaparición realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) son deficientes, violan los derechos de las mujeres a la vida e impiden el acceso a la justicia, pues se pierden evidencias, no se investiga suficiente y no se aplica correctamente la perspectiva de género.
En su informe “Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México”, la organización detalla la revictimización obstaculiza el proceso judicial y aumentan las probabilidades de que los casos queden impunes, afectando gravemente el acceso de las familias a la verdad, la justicia y la reparación.
Además el estudio señala que estas deficiencias coinciden con casos como los feminicidios de Ciudad Juárez y Chihuahua, ocurridos en los años 90, lo cual sugiere que la violencia feminicida y las deficiencias en su investigación y prevención forman parte de una realidad más amplia del país.
Casos emblemáticos
Las desapariciones y feminicidios de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 y aún con paradero desconocido y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018, son los cuatro casos emblemáticos que Amnistía Internacional documenta en su informe.
FGJEM no tiene las condiciones
De acuerdo con la organización, estos casos demuestran que las autoridades de la FGJEM no tienen las condiciones necesarias para llevar a cabo las investigaciones, debido a una sobrecarga de trabajo y carencia de insumos materiales para llevar a cabo algunas tareas.
Adicionalmente el personal debe pagar con sus propios medios parte del material necesario para llevar a cabo las investigaciones y las oficinas no tienen depósitos adecuados para resguardar las evidencias, favoreciendo su contaminación y destrucción. Además el personal de la FGJEM requiere una mayor formación especializada para llevar a cabo investigaciones adecuadas.
Primer lugar nacional
Cabe destacar que el Estado de México es el primer lugar nacional en feminicidios; tan solo en 2020 se registraron 3 mil 723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de feminicidios.
A este respecto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) mencionó que esta entidad federativa tiene la menor calidad comunitaria del país, es la segunda con mayor percepción de inseguridad pública y tiene el índice de impunidad más elevado.
Para proteger los derechos de las víctimas, Amnistía Internacional recomendó a la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género contar con los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas, así como el diseño e implementación de capacitaciones sobre cómo investigar desapariciones y muertes violentas de mujeres desde una perspectiva de género.
Mientras que a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México pidió que investigue la problemática de las deficiencias en las investigaciones penales de los delitos de violencia contra las mujeres, en especial de los feminicidios y las desapariciones de tal forma que emita recomendaciones que aborden los aspectos resaltados en el informe.
De manera paralela a la publicación del informe, la organización lanzó la campaña global #HastaSerEscuchadas con el objetivo de que las autoridades reconozcan públicamente las deficiencias que han cometido en las investigaciones de los feminicidios, cumplan con las recomendaciones hechas por el movimiento e inicien el proceso de reparación del daño causado por dichas deficiencias.
KVS