La fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos, advirtió al Senado que es casi imposible prevenir la corrupción, por lo que propuso reformas a cinco ordenamientos que le permitirían recurrir al espionaje a través del uso de “aparatos electrónicos que no invadan la privacidad”, testigos protegidos, aseguramientos, inmovilización de cuentas y la aplicación expedita de la Ley Nacional de Extinción de Dominio contra empresas involucradas en corrupción “con independencia de quien lo haya hecho”.
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Al entregar al Senado el informe anual, la funcionaria detalló que hay mil 158 expedientes que son el origen de 950 carpetas de investigación. Los principales investigados son Pemex, la Sedatu, la extinta Policía Federal y el Poder Judicial, en su mayoría por delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades que involucran a 350 particulares.
La funcionaria aceptó que la corrupción es un fenómeno que se autorrefuerza al producir grandes ganancias ilícitas que generan incentivos, por lo que propuso un paquete de reformas legales y ajustes internos en la Fiscalía General de la República para perseguir ese delito, al advertir que “enfrentarla se vuelve más difícil y prevenirla casi imposible”.
Por ello planteó “una gran estrategia” con ajustes internos en la FGR para que la Fiscalía se avoque a los delitos conocidos como “gran corrupción” o de impacto social y los cometidos por empresas en contrataciones pública, en programas sociales, en el sector salud, corrupción relacionada con seguridad nacional o corrupción corporativa.
Dicha estrategia atendería particularmente delitos por hechos de corrupción cometidos por las empresas, “y así acabar con la impunidad de éstas y de sus representantes”.
Se presentará a consideración del fiscal Alejandro Gertz una propuesta de definición de competencias y propuso al Senado cambiar el Código Penal para investigar los delitos cometidos por servidores públicos locales o federales que manejen recursos públicos; a toda persona física o jurídica que tenga relaciones contractuales de carácter público y/o manejo de recursos federales.
Así como cuando se trate de seguimiento de capitales a través del sistema financiero; también es “necesario atribuir a las personas jurídicas los delitos de peculado y percepción ilícita, ya que las grandes distracciones de recursos públicos se hacen a través de las empresas que realizan múltiples operaciones con estos recursos”.