Fiscalía y Seguridad Pública reconocen uso de familias y menores como escudos humanos en Tamaulipas

Jesús Eduardo Govea y Carlos Arturo Pancardo señalaron que existen antecedentes de esta práctica en la frontera; investigan si ocurrió una situación similar durante los hechos en los que murió Aranza

El fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco atiende a medios de comunicación en Tamaulipas. | Cortesía
Cassiel Herrera
Tamaulipas /
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La Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas coincidieron en que organizaciones criminales han recurrido a familias, civiles y menores de edad como escudos humanos para obstaculizar operativos de las autoridades, una práctica de la que existen antecedentes en municipios de la frontera norte del estado.

El fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco y el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, reconocieron por separado esta modalidad al ser consultados sobre los hechos violentos ocurridos en Matamoros el 29 de octubre, donde perdió la vida Aranza, una niña de siete años. 

Ambos señalaron que las circunstancias particulares de este caso continúan bajo investigación.

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¿Cómo utiliza el crimen organizado a civiles durante los operativos?

El titular de Seguridad Pública explicó que los despliegues policiales en la frontera tamaulipeca han permitido identificar casos en los que grupos criminales recurren a personas civiles para interferir en las acciones de las autoridades.

"Este tipo de modalidad, desgraciadamente, sí se ha visto y se ha comprobado a partir del despliegue que tenemos allá, en la frontera norte", declaró Carlos Arturo Pancardo Escudero.

Al ser cuestionado sobre otros acontecimientos relacionados con esta conducta, agregó: "Desgraciadamente, se tiene conocimiento de eso".

Por su parte, el fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco explicó que estas prácticas también pueden utilizarse para aparentar manifestaciones de inconformidad contra las acciones de seguridad.

"Sí ha habido, sin duda. Es algo recurrente, especialmente en algunas zonas de la frontera, en la zona ribereña, donde grupos de la delincuencia organizada utilizan a personas, familias, civiles y hasta menores de edad, precisamente para escudarse o para simular inconformidades contra las autoridades y las acciones del gobierno en materia de seguridad", afirmó.

El funcionario señaló que estos mecanismos han sido identificados en distintos acontecimientos relacionados con organizaciones delictivas.

"Entonces, no es algo fuera de lo común", puntualizó.

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¿Por qué se investiga esta modalidad en el caso Aranza?

En relación con los hechos ocurridos en Matamoros, Pancardo Escudero informó que el seguimiento policial a la camioneta donde viajaba Aranza y su familia comenzó después de que, según la información disponible para la dependencia, el vehículo salió de uno de los bloqueos registrados en la ciudad.

"La información que se tiene es que ese vehículo salió de un bloqueo y por eso se le dio seguimiento", precisó.

El secretario explicó que este antecedente forma parte de las circunstancias revisadas por las autoridades para reconstruir lo ocurrido durante el despliegue de seguridad.

A su vez, Govea Orozco indicó que la investigación contempla analizar las actividades del vehículo y sus ocupantes, posibles vínculos con hechos delictivos y las circunstancias previas al fallecimiento de la menor.

Entre las líneas de revisión se encuentra determinar si durante ese episodio ocurrió alguna situación relacionada con la utilización de civiles para interferir en la actuación policial.

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Fiscalía evita adelantar conclusiones sobre la muerte de Aranza

Pese a reconocer los antecedentes de esta modalidad delictiva, el fiscal general de Tamaulipas aclaró que no existe una conclusión sobre su posible relación con los hechos en los que murió Aranza.

"En este momento no me adelantaría a emitir una conclusión. Por eso, repito, se está haciendo ese análisis", expresó.

Govea Orozco explicó que las diligencias buscan reconstruir cómo comenzaron y se desarrollaron los acontecimientos, además de establecer el origen del disparo que provocó la muerte de la niña.

De esta manera, ambas instituciones reconocen antecedentes del uso de civiles y menores por parte de organizaciones criminales, mientras mantienen bajo investigación las circunstancias particulares del caso de Matamoros, sin anticipar responsabilidades ni establecer vínculos que todavía no han sido acreditados.

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RCEH

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