El ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, Pedro Antonio Enríquez Soto, y el ex magistrado, Jorge Ramón Marmolejo, fueron vinculados a proceso por el presunto fraude a 60 mil derechohabientes del Infonavit en siete estados del país, un monto obtenido de procedimientos ilegales y sobornos por 53 millones de pesos.
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Tras la audiencia en el Centro Regional de Justicia Penal en Tepic que duró más de 20 horas, el juez de control, José Manuel González Zepeda, informó que los ex magistrados, recientemente desaforados por la Cámara de Diputados, fueron vinculados a proceso por los delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, contra la administración de justicia, falsificación de documentos y fraude específico.
Las autoridades desecharon los delitos en contra de los ex magistrados de cohecho, tráfico de influencias y custodia de documentos.
Asimismo, se dictaron medidas cautelares para garantizar su presencia en el juicio, que inicia con el período de desahogo de pruebas.
Los ex magistrados tendrán que acudir a la firma quincenal, presentar una garantía de 15 millones de pesos en un plazo no mayor a 15 días, así como la prohibición de salir del estado mientras transcurre el juicio dentro de la causa penal 809/2019 por el supuesto fraude a derechohabientes del Infonavit.
La Fiscalía General de Justicia descartó en el juicio solicitar la medida cautelar de prisión preventiva.
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Los involucrados se reservaron el derecho de declarar y será en un plazo de tres meses cuando se reinicie el proceso de desahogo de pruebas.
Entre los argumentos de la Agencia del Ministerio Público para determinar la vinculación a proceso de los ex magistrados, se encuentran en un cateo realizado en diciembre del 2018 a un inmueble asegurado por la Fiscalía de Justicia de la avenida Juárez en la colonia Centro en Tepic, se localizaron documentos y una lista de raya con cifras económicas que habrían supuestamente sido entregadas a funcionarios del Poder Judicial entre los años 2013 y 2018, por una cantidad de 53 millones de pesos.
En diciembre del 2018, fueron acusados ante la Fiscalía de Justicia por una trama de fraude a derechohabientes del Infonavit que fueron despojados de sus viviendas en los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco en presunto contubernio con notarios públicos y funcionarios del Infonavit.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia, desde el año 2013 y hasta el 2018, se realizó una asociación, arreglos o convenios entre apoderados legales y funcionarios de Infonavit, despacho externo de abogados y funcionarios del Poder Judicial, encabezados por el ex presidente del Tribunal de Justicia, un magistrado más, cuatro jueces de instancia, un notario público para llevar a cabo la ejecución hipotecaria.
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