M+.- En el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, el penal de la capital de Puebla, el poder se ha disputado durante casi cuatro décadas entre asesinatos, extorsiones, tráfico de drogas, prostitución, fugas y negocios clandestinos que llegaron a generar hasta 3 millones de pesos semanales. Por sus celdas han pasado internos que impusieron sus propias reglas, mientras directores, custodios y administraciones se suceden sin conseguir erradicar las estructuras criminales que operan dentro de la prisión.
La historia del reclusorio incluye uno de los episodios más estremecedores del sistema penitenciario poblano: el asesinato y presunto canibalismo de un interno durante un motín en 1988. También registra la fuga de un preso que salió disfrazado ante las fallas de vigilancia, el descubrimiento de una zona exclusiva con restaurantes, gimnasios y espacios para prostitución, el hallazgo del cadáver de un bebé sustraído de un cementerio y un atentado a balazos contra una directora.
Pero el poder dentro de San Miguel no se disputa únicamente detrás de las rejas. Sus conflictos también han salido a las calles, donde las protestas de familiares de internos se han convertido en un mecanismo de presión capaz de paralizar la movilidad de la capital poblana y obligar a las autoridades a intervenir.
El episodio más reciente ocurrió el 10 de noviembre pasado, cuando decenas de personas que se identificaron como familiares de los internos bloquearon ocho de las principales vialidades de la zona metropolitana de Puebla, afectaron a miles de ciudadanos y amenazaron con repetir las movilizaciones si sus exigencias no eran atendidas.
El gobernador Alejandro Armenta denunció que detrás de las protestas había otros intereses. Aseguró que algunos participantes, en su mayoría vestidos de negro y encapuchados, recibieron hasta 400 pesos por bloquear las vialidades y que incluso se documentó la presencia de personas armadas entre los manifestantes.
Las exigencias apuntaban nuevamente al interior de San Miguel: destituir al director y trasladar a internos señalados por presuntamente controlar negocios y extorsiones.
Lo ocurrido no es un hecho aislado, sino el capítulo más reciente de una historia marcada por las disputas por el dinero y el poder dentro de un reclusorio donde, a pesar de los cambios de mando y los operativos, las denuncias sobre la existencia de grupos que imponen sus propias reglas se repiten desde hace décadas.
El Mongol: un asesinato y un presunto acto de canibalismo
El 6 de junio de 1988, un motín en el Dormitorio F del penal de San Miguel terminó con el asesinato de Alejandro Miguel Morales, alias El Mongol, señalado como uno de los internos que hasta entonces ejercía el control de la prisión.
El homicidio ocurrió en medio de una disputa por el autogobierno. Los responsables aprovecharon el desorden provocado por el motín para consumar un ajuste de cuentas y buscar el control de las actividades que se desarrollaban dentro del reclusorio.
Pero la violencia no terminó con el asesinato.
De acuerdo con registros hemerográficos, el cuerpo de El Mongol habría sido descuartizado y su corazón arrancado y devorado frente a otros internos. Sus restos presuntamente fueron arrojados a alcantarillas y basureros, e incluso depositados en las ollas donde se preparaban los alimentos de los reclusos.
Por el crimen fueron señalados Jorge Pellegrini, excapitán de la Policía Federal de Caminos, y Florentino Fajardo, quienes presuntamente buscaban arrebatarle el control del penal a El Mongol, integrante de Los Pitufos, una banda conocida por su dominio de las actividades criminales en el norponiente de la capital poblana.
Las versiones periodísticas sobre lo ocurrido presentan diferencias. Algunas atribuyeron a Fajardo la extracción del corazón, mientras otras señalaron a Pellegrini como quien habría protagonizado el supuesto acto de canibalismo frente a otros presos, en una demostración de poder.
También se difundió que partes del cuerpo fueron enterradas dentro de una celda y que la cabeza de la víctima nunca fue localizada, pese a una búsqueda exhaustiva.
El asesinato quedó registrado como uno de los episodios más violentos de la historia del penal, pero también como antecedente de una problemática que persistiría durante décadas: la disputa por el control de los negocios ilícitos y de la vida cotidiana dentro de la prisión.
En aquellos años ya se reportaban conflictos relacionados con el tráfico de drogas, la venta de alcohol y la prostitución, actividades presuntamente dominadas por un reducido grupo de internos.
Las disputas incluso habrían provocado la salida de varios directivos penitenciarios antes del asesinato de El Mongol.
Desde finales de la década de los ochenta, el control de los dormitorios, los negocios y las actividades del penal representaba una lucha de poder que las autoridades tenían dificultades para contener.
Cambian los directores, permanecen los negocios
Pasaron casi tres décadas y las denuncias sobre el funcionamiento irregular de San Miguel continuaban.
En abril de 2015, Óscar Ramírez dejó la dirección del penal y fue sustituido por Faustino González. Meses después se registraron otros movimientos entre los mandos penitenciarios, incluida la salida de Azucena Yasmín Márquez, entonces directora general de Centros de Reinserción Social, y de Marco Antonio Galván, subdirector de Seguridad y Custodia de San Miguel.
Los cambios ocurrieron en medio de señalamientos por corrupción, cobros ilegales y una denuncia por presunta agresión sexual contra una interna.
Las deficiencias no se limitaban a las acusaciones.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), correspondiente a 2015, asignó al reclusorio una calificación de 6.02.
Entre los problemas identificados estaban la sobrepoblación, la insuficiencia de personal de seguridad, el autogobierno o cogobierno y las denuncias relacionadas con extorsiones y robos.
En 2017, Rafael Carvajal dejó la dirección después de enfrentar señalamientos por presuntas anomalías. Un año después, Heriberto Galindo asumió el cargo y permaneció hasta noviembre de 2019, cuando fue sustituido por Omar Oseguera como parte de una reestructuración.
Cada relevo representaba un intento por modificar el funcionamiento del penal, pero los cuestionamientos persistían.
Los nombres de los responsables cambiaban. Las denuncias sobre cobros ilegales, negocios clandestinos y grupos que ejercían el control dentro del reclusorio, no.
La pandemia tampoco frenó la violencia
En marzo de 2020, Omar Oseguera dejó la dirección y fue sustituido por Javier López.
Durante las revisiones realizadas en ese periodo, las autoridades reportaron el aseguramiento de drogas, teléfonos celulares, objetos punzocortantes y dinero en efectivo.
También se informó sobre la rotación de 78 custodios, como parte de una estrategia para romper posibles redes de complicidad dentro del penal.
Sin embargo, los conflictos continuaron.
El 28 de diciembre de ese año se registró una riña entre internos relacionada con las inconformidades por la suspensión de las visitas conyugales durante la pandemia de covid-19.
El enfrentamiento dejó varios heridos y un interno murió mientras recibía atención médica.
Ese mismo año, tres presos fallecieron después de ingerir gel antibacterial con la intención de alcoholizarse, mientras que otro resultó gravemente intoxicado.
A estos casos se sumaron las irregularidades documentadas por organismos de derechos humanos sobre fiestas clandestinas y presuntas prácticas de explotación sexual dentro del reclusorio.
La Comisión de Derechos Humanos de Puebla abordó parte de esas condiciones en la Recomendación 25/2020.
La pandemia modificó las condiciones de encierro, pero no puso fin a la circulación de sustancias, los conflictos entre internos ni las denuncias de actividades ilícitas dentro de San Miguel.
El Pirulí escapó y quedó al descubierto El Pueblito
Si el control de los negocios y las actividades ilícitas había puesto en entredicho a las autoridades penitenciarias, el 6 de junio de 2021 quedó exhibida otra falla elemental: la vigilancia sobre los internos.
Ese día, Felipe Hernández, alias El Pirulí, consiguió escapar del penal de San Miguel.
El recluso aprovechó la visita de una persona que le proporcionó ropa para cambiar su apariencia y abandonar las instalaciones sin ser detectado.
La fuga puso en evidencia graves deficiencias en los controles de acceso y vigilancia.
La Fiscalía General del Estado investigó la posible participación de trabajadores penitenciarios y detuvo a 18 personas, entre ellas el director Jorge Gómez, el subdirector Octaviano Hernández, mandos de seguridad, custodios y un civil señalado por facilitar la ropa utilizada durante la evasión.
Sin embargo, las irregularidades que comenzaron a conocerse iban mucho más allá de aquella fuga.
Durante 2021 también se difundieron denuncias sobre la existencia de El Pueblito, una zona exclusiva para los reclusos que funcionaba como un complejo comercial dentro de la prisión y cuyos negocios beneficiaban presuntamente a mandos y líderes del penal.
El lugar contaba con 104 cuartos equipados, dos gimnasios, dos quioscos, restaurantes, locales de ropa y calzado, farmacias, ferreterías, estéticas, barberías y espacios destinados a visitas íntimas y prostitución.
No se trataba de un negocio menor.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal de aquel entonces, las actividades comerciales de El Pueblito generaban ganancias de hasta 3 millones de pesos semanales para sus operadores y mandos.
La existencia de ese complejo exhibía la magnitud de las actividades económicas desarrolladas dentro del penal y los beneficios que presuntamente obtenían quienes participaban en su operación.
El 13 de julio de 2022, El Pueblito fue destruido en su totalidad.
Con su demolición desaparecieron las instalaciones, pero no las denuncias sobre las redes de poder y los negocios ilícitos que durante años habían operado en San Miguel.
Tadeo: el horror dentro de un contenedor de basura
El 14 de enero de 2022, el penal de San Miguel volvió a ocupar la atención nacional por uno de los acontecimientos más estremecedores de su historia.
Aquella mañana, el cuerpo de un bebé fue encontrado dentro de un contenedor de basura en el área de talleres de la prisión.
Se trataba de Tadeo, un menor de aproximadamente tres meses cuyo cadáver había sido sustraído de un panteón de Iztapalapa, en Ciudad de México, donde había sido sepultado después de fallecer.
El hallazgo provocó indignación nacional y abrió una investigación que volvió a exhibir las fallas en la vigilancia del reclusorio.
Las indagatorias permitieron establecer que el cuerpo ingresó al penal dentro de una bolsa negra, sin que el personal de seguridad y custodia realizara la revisión correspondiente.
Según las investigaciones, presuntamente había sido utilizado por un grupo identificado como Los Monstruos del Penal para introducir narcóticos a la prisión.
Posteriormente, el cadáver habría pasado por manos de distintos internos hasta terminar en el contenedor donde fue localizado.
El caso dejó al descubierto irregularidades que iban más allá de los cobros ilegales o del tráfico de mercancías dentro del penal.
La Comisión de Derechos Humanos de Puebla emitió la Recomendación 10/2022 contra la Secretaría de Seguridad Pública estatal, al documentar violaciones relacionadas con la seguridad jurídica, la legalidad y el trato digno del cuerpo del menor.
La crisis también tuvo consecuencias para los responsables del sistema penitenciario.
Jaime Mendoza, encargado de la dirección de San Miguel, fue detenido en enero, mientras que Alfredo Vargas, entonces subsecretario de Centros Penitenciarios, fue removido de su cargo.
En medio de las investigaciones y los cuestionamientos, María del Rayo Mendoza asumió la dirección del reclusorio.
Las inconformidades también llegaron a las calles.
Familiares de internos se manifestaron para denunciar presuntos cobros ilegales y exigir explicaciones sobre las condiciones en las que permanecían sus parientes.
El 29 de enero, un operativo permitió trasladar a 24 reclusos considerados de alta peligrosidad hacia otros centros penitenciarios.
El caso Tadeo evidenció que los mecanismos de vigilancia podían ser vulnerados incluso para introducir el cuerpo de un bebé en una prisión bajo custodia del Estado.
Un penal con más internos que espacios
La problemática de San Miguel también se reflejaba en sus condiciones de ocupación.
En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria correspondiente a 2022, la CNDH asignó al reclusorio una calificación de apenas 4.16.
El documento registró una capacidad de mil 997 espacios para hombres, frente a una población de 4 mil 391 internos.
En el área femenil, la capacidad era de 355 espacios, pero había 424 mujeres privadas de la libertad.
La sobrepoblación, el hacinamiento, las deficiencias alimentarias, la insuficiencia de personal y las actividades ilícitas se encontraban entre los principales problemas identificados.
Durante ese mismo año, las autoridades realizaron 80 traslados de internos desde San Miguel hacia otros centros penitenciarios, frente a los 17 registrados en 2021.
Estos movimientos presuntamente formaban parte de una reorganización urgente después de las irregularidades exhibidas por el caso Tadeo.
Sin embargo, las medidas no lograron terminar con los conflictos.
El 12 de junio de 2023, familiares de personas privadas de la libertad (PPL) bloquearon el Camino al Batán, vialidad contigua al penal, para exigir mejores condiciones de estancia, respeto a las visitas íntimas, facilidades para el ingreso de los hijos de los internos y mantenimiento de los servicios sanitarios.
El entonces secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz, sostuvo que las inconformidades estaban relacionadas con grupos que habían perdido privilegios e intereses económicos dentro del reclusorio.
La declaración volvió a colocar en el centro de la discusión los negocios y beneficios que, según las autoridades, determinados grupos buscaban conservar dentro de la prisión.
Las movilizaciones se sumaron a una larga historia de protestas en las que los conflictos internos terminaban por afectar también a quienes circulaban por las vialidades cercanas al penal.
Balas contra la directora del penal
María del Rayo Mendoza había llegado a la dirección de San Miguel en medio de una crisis de seguridad, denuncias de corrupción y cuestionamientos por las condiciones de los internos.
Su administración enfrentó el desafío de recuperar la estabilidad de un reclusorio marcado por años de disputas y actividades ilegales.
Pero el 6 de marzo de 2024, la violencia alcanzó directamente a la funcionaria.
Mientras circulaba sobre el Periférico Ecológico, a la altura del Complejo Metropolitano de Seguridad C5, en Cuautlancingo, sujetos que viajaban en una motocicleta dispararon contra la camioneta blindada en la que se trasladaba.
La directora resultó ilesa gracias a que sus escoltas repelieron la agresión.
El ataque ocurrió después de que la funcionaria recibiera amenazas relacionadas con los supuestos privilegios concedidos a determinados grupos dentro del penal.
Hasta la fecha, no se reportan detenidos por el atentado.
Ese mismo año avanzó el traslado de mujeres hacia el Centro Penitenciario Femenil de Ciudad Serdán.
Para marzo se reportaba que alrededor de 200 internas habían sido reubicadas, aunque sus familiares expresaron inconformidad por las dificultades para trasladarse hasta ese municipio, ubicado a 125 kilómetros de distancia, así como por las circunstancias en las que fueron notificados.
En junio, las autoridades informaron que la población del penal de San Miguel había disminuido de aproximadamente 4 mil 800 internos a 3 mil 329.
Dos meses después, en agosto, María del Rayo dejó la dirección tras permanecer aproximadamente dos años y medio en el cargo.
Su salida ocurrió sin que se dieran a conocer nuevos detalles sobre el atentado que había sufrido.
El poder cambia de manos, las extorsiones continúan
Las disputas por el control de San Miguel no terminaron con las reestructuraciones, los traslados ni los cambios de directores.
El 16 de julio de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública removió a los directores de San Miguel y Tepexi de Rodríguez, después de señalamientos por irregularidades.
Menos de un mes después, el 5 de agosto, familiares de internos bloquearon el Periférico Ecológico para exigir el traslado de un recluso identificado como Ernesto Orea.
Los manifestantes lo señalaron por presuntamente controlar negocios y actividades económicas dentro del centro penitenciario.
Días después se reportó su traslado al Dormitorio W, considerado de máxima seguridad dentro del mismo penal.
El 1 de septiembre, Jorge Ortiz asumió la dirección de San Miguel, pero las denuncias y movilizaciones continuaron.
El 14 de noviembre de 2025, familiares de los internos volvieron a bloquear el Camino al Batán.
Esta vez denunciaron presuntos cobros por el uso de agua, las visitas y los artículos de limpieza.
También señalaron a otros internos, a quienes acusaron de ejercer el control de distintas actividades económicas dentro de la prisión.
Los bloqueos se habían convertido en una medida recurrente de presión sobre las autoridades penitenciarias, mientras las acusaciones por extorsión y negocios ilícitos continuaban.
A pesar de los relevos en la dirección, las denuncias seguían un patrón: grupos de internos señalados por controlar actividades económicas, familiares que reclamaban por los cobros y autoridades obligadas a intervenir ante las protestas.
Ocho bloqueos y otra disputa por el control de San Miguel
El 10 de noviembre de 2026, la problemática volvió a extenderse más allá de los muros del penal.
Decenas de personas que se identificaron como familiares de internos realizaron bloqueos simultáneos en ocho puntos de Puebla capital y su zona metropolitana para denunciar presuntas extorsiones dentro de San Miguel.
Las movilizaciones afectaron a miles de personas, colapsaron la movilidad de importantes vialidades y estuvieron acompañadas de advertencias de nuevas protestas si las autoridades no atendían sus exigencias.
Los inconformes pidieron la destitución del director Jorge Ortiz y el traslado de tres internos conocidos como El Primo, El Picos y Juanca del Sur, presuntamente integrantes del grupo de Los Toscano.
Los señalamientos contra estos reclusos estaban relacionados con supuestas extorsiones y el control de actividades dentro de la prisión.
Sin embargo, el gobernador Alejandro Armenta aseguró que detrás de los bloqueos también había intereses de grupos que operaban dentro del centro penitenciario.
El mandatario afirmó que algunos manifestantes recibieron hasta 400 pesos por participar en las protestas y señaló que entre las personas que bloquearon las vialidades había individuos armados.
También sostuvo que la organización delictiva señalada estuvo detrás de la mayoría de los bloqueos registrados aquel día.
En respuesta a las denuncias, Armenta confirmó que los tres internos serían trasladados esa misma semana al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano.
El gobernador aseguró que atendería las demandas de los familiares y que se actuaría ante las denuncias de extorsión y control de las actividades del penal.
Aunque no quedaron completamente esclarecidas las motivaciones de los bloqueos, la movilización volvió a poner en evidencia la influencia de las disputas internas sobre la vida cotidiana de la capital poblana.
Las acciones de las autoridades comenzaron después de las protestas.
La Secretaría de Seguridad Pública informó que dos personas privadas de la libertad, cuyas identidades no fueron reveladas, fueron trasladadas a otros centros penitenciarios tras ser señaladas por su presunta participación en actividades ilícitas dentro de San Miguel.
Casi cuatro décadas y la misma disputa
Entre el asesinato de El Mongol, el 6 de junio de 1988, y los bloqueos que paralizaron Puebla, el 10 de noviembre de 2026, transcurrieron más de 38 años.
En ese periodo, San Miguel acumuló motines, asesinatos, extorsiones, fugas, atentados, denuncias de prostitución y tráfico de drogas, así como negocios clandestinos capaces de generar ganancias millonarias.
También cambió de directores, custodios y administraciones. Hubo investigaciones, detenciones, reestructuraciones, demoliciones de instalaciones irregulares y traslados de internos considerados peligrosos.
Sin embargo, las disputas por el control del penal han continuado.
Lo que comenzó como una lucha entre reclusos por dominar dormitorios y actividades clandestinas terminó por convertirse en una problemática que alcanza a familiares, funcionarios penitenciarios y ciudadanos ajenos a la prisión, pero afectados por sus conflictos.
En San Miguel, la disputa por el poder no solamente se ha librado con violencia dentro de las celdas. También se ha manifestado mediante negocios ilegales, presiones contra las autoridades y bloqueos capaces de detener la circulación de una ciudad.
Casi cuatro décadas después del asesinato de El Mongol, el penal de la capital poblana sigue enfrentando la misma pregunta: quién ejerce realmente el control dentro de sus muros.
Mientras las autoridades intentan recuperar el mando, los nombres de quienes disputan el poder cambian, pero las denuncias persisten.
Y en una prisión donde hasta el control del agua, las visitas y los espacios ha sido motivo de disputa, el hambre de poder parece no encontrar límites.
AAC