M+.- Entre 2025 y 2026, el promedio mensual de funcionarios relacionados con delitos financieros aumentó en un 73 por ciento en el estado de Sinaloa, revelan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Con corte a abril, en lo que va de este año, las cifras reportan un total de 21 de estos delitos que se tipifican en el Código Fiscal de la Federación (CFF), es decir, un promedio mensual de 5.2 casos; mientras que en 2025, los delitos sumaron 36, con un promedio de tres. Un año antes, en 2024, la incidencia fue de 45 registros, 3.7 cada mes.
Casos de funcionarios de Sinaloa acusados
Entre casos conocidos de tales delitos detectados en 2025, está el de Jesús “F”, a quien la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) acusó de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, como presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa.
La FEMDO, de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que la investigación en su contra se originó a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
También en 2025, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el gobierno de México desarticularon en noviembre una red de 10 casinos instalados en el país –cuatro de ellos en la entidad que gobernaba Rocha Moya– acusados de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa.
En medio de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra al menos diez funcionarios de esa entidad, incluido el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, el informe del SNSP establece que dichos delitos financieros son castigados por el Código Fiscal de la Federación (CFF).
Entre los principales delitos que sanciona dicho Código están la defraudación fiscal que incluye actos como declarar menos ingresos, simular gastos, ocultar operaciones, usar facturas falsas y pedir devoluciones indebidas de impuestos.
La defraudación fiscal equiparada se refiere a hechos como el uso de comprobantes fiscales falsos, ocultamiento de ingresos, declarar pérdidas inexistentes, simular actos jurídicos u omitir reiteradamente declaraciones.
Incluye además los delitos relacionados con facturas falsas como emitir CFDI que amparen operaciones inexistentes, comprar facturas para reducir impuestos y simular servicios o contratos.
Delitos en la mira relacionados con el crimen organizado
Dichas conductas pueden estar relacionadas con la delincuencia organizada, detectables cuando existen redes sistemáticas, es decir, cuando hay resistencia de particulares para impedir auditorías, o cuando se destruye documentación contable o existe una negativa a proporcionar información requerida por Hacienda.
Castiga asimismo a los depositarios infieles, aquellas personas nombradas depositarias de bienes embargados responsables de venderlos, ocultarlos, destruirlos o simplemente de no entregarlos a la autoridad fiscal.
O bien, incurren en la manipulación de los sistemas contables, destrucción de sellos fiscales, alteración de controles volumétricos y/o modificación ilegal de equipos de medición fiscal.
Entre otros, también considera el lavado de dinero vinculado a delitos fiscales, si bien este delito está regulado en el Código Penal Federal y leyes financieras, los delitos fiscales pueden convertirse en delitos precedentes de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En este contexto, existe una acusación del Distrito Sur de Nueva York en la que el fiscal Jay Clayton señala a funcionarios mexicanos acusados entre otros delitos de permitirle a la facción de Los Chapitos cometer diversos ilícitos a cambio de lo cual recibieron millones de dólares procedentes del narcotráfico.
En particular, en el caso de Rocha Moya, la acusación indica que contó con el apoyo del grupo criminal para ganar las elecciones y convertirse en gobernador de la entidad, por lo que antes y después de ganar se habría reunido con los líderes de Los Chapitos, encuentros durante los cuales se comprometió a apoyar sus operaciones ilícitas.
Según la acusación, el mandatario con licencia les permitió también poner a funcionarios corruptos en puestos de poder tanto a nivel estatal como local.
A este respecto, Hacienda, a través de la UIF, informó este 18 de mayo que derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano –procedentes de los señalamientos de autoridades estadounidenses–, se incrementaron las cuentas bloqueadas.
Esto es, que aumentó la lista de personas bloqueadas (LPB) que podrían ser familiares cercanos, socios, prestanombres potenciales y personas con vínculos patrimoniales o comerciales, aunque con carácter estrictamente preventivo.
“Lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo”, explicó Hacienda.
Empero, aclaró que la UIF mantiene en análisis la información y documentación respectiva de los funcionarios señalados, así como de las personas a quienes recientemente les fueron bloqueadas sus cuentas, por lo que estas medidas no implican ninguna responsabilidad.
RM