M+.- Un desfile inusual comenzó a las puertas de la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán. Desde el mediodía, MILENIO fue testigo de que empezaron a pasar las caravanas de camionetas blindadas con vidrios totalmente polarizados, que entraron y salieron del recinto federal.
Cinco de los 10 funcionarios sinaloenses señalados por el Distrito Sur de Estados Unidos de estar relacionados con el Cártel de Sinaloa se habrían puesto a disposición de la justicia mexicana.
Ahí les abrieron las puertas, los escoltaron, se entrevistaron con los fiscales a cargo del delegado de Efraín Alonso Gastélum Padilla y los dejaron ir. Mientras, guardias, marinos y soldados resguardaban la zona.
El primero en dejarse ver fue Dámaso Castro Saavedra, exvicefiscal del estado. A su salida, atrapado entre la puerta de la fiscalía y su camioneta blindada, fue abordado por los reporteros.
Lo que pudo ser una declaración contundente se limitó a respuestas con monosílabos en su primera aparición pública, luego de ser señalado de tener vínculos con la organización de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
—¿Está seguro, confía?—
"Siempre en el trabajo honesto e institucional".
—¿Rechaza las acusaciones de Estados Unidos?—
"Sí, así es".
—Hasta el momento, ¿qué han atendido?—
"Nos citaron y atendemos la situación".
—¿Usted tenía vínculos con Los Chapitos, como señala Estados Unidos?—
"No tenemos nada que decir. Nada que ver".
—¿Se declara inocente?—
"Sí".
—¿Volverá al cargo?—
"No".
—¿Considera que hay justicia en este caso?—
"Confiamos en las instituciones. Nada más les pido guardar el tema en la reserva para no intervenir. Vamos a confiar".
Al cuestionarlo sobre la naturaleza del encuentro —si se trató de una declaración formal o una entrevista—, Castro Saavedra se limitó a aclarar que atendió el llamado:
"Atendí el citatorio. Fui citado en relación a los eventos que ya tienen conocimiento. Tenemos que integrar la carpeta, no quisiera incurrir... Yo nada más atiendo mi citatorio".
El segundo en arribar a las instalaciones habría sido el gobernador Rubén Rocha Moya. Ninguno de los presentes pudo confirmar visualmente su llegada, pero se vio el ingreso de camionetas blindadas a las instalaciones, mientras distintas pick-up merodeaban la zona con elementos uniformados de camisa caqui, pantalón verde y auricular al oído, la característica de los guardias personales del mandatario con licencia.
Mientras los medios esperaban en vano captar su imagen y se asomaban por las rendijas de las puertas a la espera de poder confirmar visualmente su presencia, el gobernador con licencia emitió un mensaje en sus redes sociales confirmando que ya se había retirado.
Dijo que acudió con la frente en alto, que confía en el Estado de derecho y refrendó su respeto a las instituciones de justicia y a la llamada cuarta transformación.
Finalmente, evocó el respeto a la soberanía nacional “frente a cualquier intento de mancillarla”, pero no quiso exponerse a la confrontación con la prensa.
Le siguió el exdirector de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés. Antes de cruzar la puerta de la fiscalía, fue cercado por los medios de comunicación.
Frente a los micrófonos se declaró completamente inocente, negó tener algo que esconder y defendió que sigue viviendo en su propia casa, haciendo su vida normal y sin escoltas, porque se las quitaron seis meses después de dejar el cargo.
"Yo no tengo por qué irme a entregar, y hasta me van a poner un guion y vas a decir esto. Yo los invito a que investiguen bien", lanzó visiblemente molesto.
Al preguntarle directamente si era inocente, respondió con energía:
"¡Claro! Pertenecía a una institución y todo el tiempo mi trabajo lo hice con rectitud, todo el tiempo apegado a la legalidad. Tomé protesta en varias ocasiones en diferentes puestos y yo hice alarde a mi trabajo. Yo vine a declarar a lo que gusten".
Y en este mismo tono, dijo, podría incluso acudir a Estados Unidos a declarar.
“Yo le doy la cara al que sea donde sea y si hay que ir a Estados Unidos, vamos y aclaramos; yo no tengo por qué ocultarme”, enfatizó.
Insistió: "Yo soy Marco Antonio Almanza Avilés, yo no pertenezco a ningún partido político ni quiero pertenecer. Yo soy policía y les voy a decir una cosa: si vuelvo a nacer, vuelvo a ser policía porque yo nací para eso. Yo busqué la verdad y confío en las instituciones".
Finalmente, arremetió contra el sustento de los señalamientos del Departamento de Justicia:
"Investiguen cómo trabaja Estados Unidos, porque les voy a decir: con que una persona diga algo... ¿y qué lo comprueba? Hay muchas formas de investigar y se están yendo a un dicho, y ese dicho para mí no prevalece".
El último en acudir habría sido el senador Enrique Inzunza. A diferencia de sus contrapartes, su arribo se dio en una camioneta y su salida se operó de forma discreta por la puerta trasera de la fiscalía, evitando los cuestionamientos de la prensa.
A su salida, el legislador fijó su postura en redes sociales; confirmó su asistencia en calidad de "abogado de sí mismo" y sin acompañamiento jurídico. Precisó que atendió la citación de la FGR y aclaró que no se amparó en el fuero.
MILENIO confirmó que también llegó el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, al que tampoco se le vio frente a los micrófonos; de acuerdo con fuentes consultadas, habría hecho su ingreso discreto al filo de las 08:00 horas.
Del resto de los funcionarios señalados, se reportó que el general y exsecretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, fue el primero en entregarse a las autoridades de Estados Unidos, donde ya se encuentra junto con Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
Mientras que Jorge Alberto Contreras Núñez, también exdirector de la Policía de Investigación; José Antonio Dionisio Hipólito, exdirector de la Policía Estatal; así como Juan Antonio Millán Valenzuela, conocido como Juanito, comandante de la Policía Municipal, aún se mantienen alejados de los reflectores.
Hasta el momento, ninguno de ellos enfrenta señalamientos formales por parte de las autoridades mexicanas.
IOGE