En octubre de 2006, Felipe Calderón todavía buscaba la legitimidad de su presidencia y fue a pedírsela a la cabeza del gobierno estadounidense, entonces George W. Bush. I need you onboard, le rogó el panista. Le preguntó a Bush si había visto la serie de televisión 24, donde un agente gringo utilizaba todo el arsenal inventado y por inventar. I want all the toys, le dijo Calderón y pactaron una guerra en México.
Esta escena se filtró a la prensa gracias a WikiLeaks en 2011, cuando empezaba circular información acerca de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública –amigo de Calderón y al que le confió esta guerra–, que sólo perseguía a los rivales de Ismael El Mayo Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán y, en su momento, de los Beltrán Leyva, gracias a los datos que ellos le proporcionaban. Al término del mandato calderonista, apestado por las filtraciones, se mudó a Miami, Estados Unidos.
Esto empezó a tomarse más en serio en 2019, cuando García Luna fue arrestado por agentes federales en Estados Unidos, comenzando su litigio en los tribunales en los que declararon 27 testigos en su contra, acusado de recibir unos 250 millones de dólares producto de años de complicidad. Finalmente, se corroboró el miércoles 16 de octubre de 2024, cuando el juez Brian Cogan lo sentenció a 38 años de prisión.
Las crónicas periodísticas dicen que se presentó a escuchar su sentencia vestido de traje azul marino, camisa blanca y corbata morada a rayas.
“No voy a sentenciarlo de por vida, voy a dejarle un poco de luz al final del túnel”, dijo Cogan, quien no concedió la cadena perpetua que exigía la Fiscalía estadounidense ni la pena mínima (20 años) que pedía la defensa.
“Usted tiene una doble vida. Podrá vestir muy elegante, podrá decir que respeta la ley. Y de seguro lo cree”. Pero su conducta es la misma que la del Chapo Guzmán, apuntó el juez.
García Luna se identificaba como ‘técnico, gente de inteligencia’
Nacido en 1968, curtido en la popular colonia Romero Rubio de la Ciudad de México, a Genaro García Luna lo apodaban El chango, una variante de gorila, “por rencoroso y cruel”. Al menos eso dijeron excompañeros suyos de la secundaria al periodista Francisco Cruz, quien en 2020 publicó el libro El señor de la muerte. “Era gandalla” y “maldito”, le especificaron. Cruz detectó un expediente donde se ubicaba al joven García Luna como el cabecilla de una banda de ladrones de casas en la capital.
En ese tiempo, a mediados de los ochenta, “se le veía acompañado por un par de malencarados agentes”, de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, una suerte de policía secreta acostumbrada a “torturar, desaparecer, extorsionar, reprimir” y matar. Pero en 1985 esa pandilla se separó.
“Algunos ingresaron a la Policía Judicial Federal” y “otros se unieron a la policía” capitalina de Arturo ‘El Negro’ Durazo, “quien vendía plazas policiales a criminales, asesinos y delincuentes menores”. El periodista Gustavo Castillo ubica 1989 como el año en que, “apenas con estudios de bachillerato”, García Luna quería ser futbolista, pero ingresó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) como investigador. “Una vez allí, se relacionó con políticos, mandos navales y militares”.
Trabó complicidades con el general Jorge Carrillo Olea, fundador del Cisen, y con los almirantes José Luis Figueroa y Wilfrido Robledo. Figueroa fue director del Centro Nacional para el Control de Drogas, pese a que cuando fue jefe en la X Zona Naval de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se registró más tráfico de estupefacientes. Robledo, inhabilitado por corrupción, es célebre por comandar el ingreso de la Policía Federal Preventiva (PFP) a la UNAM, en febrero de 2000, ante la huelga estudiantil, y por el operativo brutal en San Salvador Atenco, en mayo de 2006.
Desde luego, de ambos no habla el ‘superpolicía’ en Las cinco vidas de Genaro García Luna, un libro publicado en 2020, donde el chico de la Romero Rubio cuenta a sus entrevistadores que “comenzó su vida profesional a los 25 años de edad [sic] como un ciudadano sin privilegios que aspiraba a formar parte de los cuerpos de inteligencia”, que ingresó al Cisen “sin ninguna influencia o recomendación”, que “presentó los exámenes correspondientes”, que “se sometió a las pruebas de control de confianza necesarias” y que, en 1993, “se inició como analista”, después de haber cursado la carrera de Ingeniería Mecánica en la UAM-Azcapotzalco.
García Luna contó a sus entrevistadores: “Como en las películas, las agencias de inteligencia van a las universidades a buscar jóvenes para reclutarlos; eso me tocó a mí”. También les platicó que se preparó para ser técnico en computadoras y dio a entender que trabajó en uno de los equipos que diseñó el satélite Solidaridad –nombre que se tomó del Plan Nacional de Desarrollo de Carlos Salinas de Gortari–. Les dijo García Luna: “Yo tuve la fortuna de destacar, entonces me reclutaron”. Les confesó que no se identificaba como policía: “soy técnico, soy gente de inteligencia”.
Cuando se fugó el ‘Chapo’, García Luna ya estaba en la AFI
Durante su paso por el Cisen, de 1989 a 1998, García Luna fungió como jefe de investigación, secretario técnico del subcomité encargado de prevenir el tráfico de armamento, coordinador de la unidad antiterrorismo, además de detectar e identificar a agitadores contra el gobierno de Salinas de Gortari. Por lo mismo, de acuerdo con el periodista Cruz, García Luna trabajó un tiempo en la selva de Chiapas. Entre 1998 y 2000, coordinó las áreas de inteligencia de la PFP y luego dirigió la planeación y operación de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En ese cargo estaba cuando se fugó El Chapo Guzmán de Puente Grande, en enero de 2001.
En aquel tiempo no hubo medio que acusara a García Luna de haberle permitido a Guzmán que se escapara a cambio de mucho dinero, ni tampoco que la DEA había hecho un trato con el narcotraficante. Eso se descubrió mucho después.
En septiembre de 2001, Vicente Fox lo nombró director de la AFI y, desde ahí, el ingeniero mecánico continuó dándole trato preferencial a los hermanos Beltrán Leyva, quienes ya llevaban sus años pagando renta y protección.
Una infinidad de versiones periodísticas apuntan que los Beltrán Leyva fueron quienes sumaron la dupla Zambada/Guzmán al acuerdo con García Luna. Otro relato es que El Chapo fue quien logró un buen arreglo con la DEA y se jaló a sus compadres traficantes. Y no falta la explicación de que todo es gracias a las conexiones políticas y militares del Mayo Zambada. Lo cierto es que esta triada de traficantes brindó información, tanto a la DEA como a García Luna, para atrapar a capos que dirigían organizaciones rivales, como Benjamín Arellano u Osiel Cárdenas.
Los tratos entre García Luna y los Beltrán Leyva se conocieron el 18 de octubre de 2004, cuando el reportero Abel Barajas publicó que Domingo González Díaz, exdirector del Centro de Mando de Operaciones de la AFI –mucho más amigo que colaborador de García Luna–, se había fugado apenas supo que la Procuraduría General de la República (PGR) lo investigaba “por un soborno de 1.5 millones de dólares” que había recibido de Arturo Beltrán, a cambio de “garantizar operaciones en Tamaulipas”. La figura de García Luna empezó a tejer mantos de dudas sobre su honorabilidad.
Meses después, en mayo de 2005, cuando Los Zetas se disputaban Acapulco con los Beltrán Leyva, el reportero Ricardo Ravelo publicó la aparición de un narcomensaje de Los Zetas dirigido a la PGR: “De antemano sabemos que el director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro Luna [sic] está coludido con la organización de Arturo Beltrán, quien ha recibido grandes cantidades de dinero por medio de un director de nombre Domingo González, mismo […] prófugo de la justicia en el vecino país de Belice”.
Además de Ravelo, otros periodistas publicaron testimonios de la averiguación 106/2005, donde se mencionaba a García Luna “como protector de Arturo Beltrán”, traficante que en ese momento “vivía con toda su familia en un lujoso bungaló del hotel Las Brisas en el puerto de Acapulco, protegido por elementos activos de la AFI”.
El Traidor, libro de Anabel Hernández de 2019, consigna que “durante la administración de Fox, García Luna recibió 5 millones de dólares de sobornos por parte del Mayo”. Reynaldo Zambada, el que entregó ese dinero, lo corroboró ante un jurado en Nueva York en 2023. Durante su paso por la AFI, la unidad de asuntos internos de la PGR lo acusó de “corrupción” y de “sostener vínculos con el Cártel de Sinaloa”. Esto incluía a su equipo cercano: Édgar Millán, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas, Roberto Velasco, Armando Espinoza de Benito, Igor Labastida, Luis Manuel Becerril Mina, Garay Cadena, Ramón Pequeño, entre otros.
En aquel 2005, sin embargo, nada de esto se sabía públicamente. Lo que sí se sabía era que “las narcomantas sólo eran una estrategia del narco para desacreditar a García Luna”, apuntaba la PGR. Y para que no quedara duda de “su compromiso con la justicia”, el FBI y la DEA lo condecoraron “por las investigaciones y arrestos de fugitivos” y “en agradecimiento por la valiosa colaboración en la lucha contra el narcotráfico”.
La camarilla de la ‘Narquísima Trinidad’
A finales de 2006, en medio de una crisis política desatada por el fraude electoral que clamaba la entonces oposición, Felipe Calderón nombró a García Luna como secretario de Seguridad Pública. Juntos lanzaron su guerra contra el narco, una ofensiva que terminó enfocándose en los grupos contrarios de la ‘Narquísima Trinidad’: Beltrán/Zambada/Guzmán.
Paralelamente, García Luna y sus colaboradores montaron un espectáculo televisivo, ayudados por el conductor Carlos Loret de Mola, para mostrarle a México que Israel Vallarta y su pareja, la francesa Florance Cassez, eran unos secuestradores de la peor calaña. Este montaje inauguró la temporada de secuestros de alto impacto: la actriz Laura Zapata, el exfutbolista Rubén Omar Romano, además de hijos de empresarios. Secuestros que, publicaría luego Anabel Hernández, habían sido perpetrados por la camarilla de García Luna.
El 9 de mayo de 2007, el general Tomás Ángeles Dauahare le advirtió a Calderón sobre los delitos que estaba cometiendo García Luna, pero no tuvo buena recepción su mensaje. Lo mismo le pasó a Javier Herrera Valles, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal: en febrero y en mayo de 2008 envió dos cartas a Calderón, donde acusaba a García Luna de haber conformado otro cártel y tener pugnas con el secretario de la Defensa, Enrique Galván. La respuesta que obtuvo Herrera Valles llegó medio año después: fue detenido por una “relación con Arturo Beltrán”. Todo esto pasó en medio del rompimiento de los Beltrán con la ‘Narquísima Trinidad’.
La ruptura no sólo trajo la detención de Alfredo Beltrán o el homicidio por error de Édgar Guzmán, hijo del Chapo. También acarreó los asesinatos de tres hombres claves del entorno de García Luna: Roberto Velasco, quien realizaba tareas de inteligencia; José Aristeo Gómez Martínez, cuya misión era el cuidado personal y familiar de García Luna; y Édgar Millán, responsable de dirigir las operaciones contra los grupos sinaloenses.
Para entonces, la dupla Zambada/Guzmán seguía cumpliendo con su parte del trato: proporcionar a García Luna información de los capos rivales. Fue así como la AFI, junto con la Marina, capturaron a Vicente Carrillo, a Teodoro García y a Sergio Villarreal Barragán. Éste último, apodado El Grande, ha confesado que Arturo Beltrán “mandó a secuestrar a García Luna”, en la carretera Cuernavaca-Acapulco, “para preguntarle si estaba con los Beltrán o con El Chapo”, a lo que el entonces secretario de Seguridad le respondió que “él era neutral”.
Por esa osadía, a Beltrán lo mataron en vez de arrestarlo en diciembre de 2009. Dicha ejecución desvió varios señalamientos en contra de García Luna, como la compra de una residencia, la participación de agentes de la AFI en algunos plagios y su secuestro por parte de Beltrán. A finales de 2010, Anabel publicó otro libro, Los señores del narco, donde García Luna es uno de esos señores, lo que suscitó, públicamente, que la periodista acusara al secretario de Seguridad federal de querer matarla.
Después de ese libro, el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado por el crimen organizado en el sexenio calderonista, pidió la renuncia del funcionario de seguridad en un multitudinario mitin en el Zócalo y todos, incluyendo al petista Gerardo Fernández Noroña, empezaron a acusarlo de narcotraficante. Apestado, García Luna se mudó a Miami apenas terminó el sexenio de Calderón.
Allá en Miami, según la reportera Peniley Ramírez, creó dos empresas de consultoría en seguridad junto con el empresario Mauricio Samuel Weinberg: ICIT Private Security México, S.A. de C.V. y GL & Associates Consulting (GLAC Consulting). Dentro de estas empresas, García Luna tuvo como socios a agentes de la inteligencia estadounidense, tales como José Rodríguez, exdirector del servicio clandestino de la CIA; Larry Holyfield, exdirector regional de la DEA para México y América Central; además de Carlos Villar y Raúl Roldán, exagentes del FBI, adscritos a la embajada norteamericana en México.
Así es la Isla Privada que García Luna compró en Miami
Detienen a García Luna y le llueve sobre mojado
El 9 de diciembre de 2019, sin que nadie lo previera, García Luna fue detenido. Un tribunal federal de Brooklyn lo acusó de distribución internacional de cocaína, de posesión de cocaína, de importación de cocaína (50 toneladas), de ser socio de una empresa criminal y de rendir falso testimonio.
Durante su juicio, se dijo que “a lo largo de sus años de complicidad, habría recibido alrededor de 250 millones de dólares ”; que “el soborno más abultado” que le dieron en una “sola entrega fue de 14 millones de dólares”; que los capos sinaloenses le filtraron información a él y a Cárdenas Palomino, “lo que le permitió quedarse con dos toneladas de cocaína que le pertenecían al Cártel del Golfo y a la Familia Michoacana”; y para no decomisar droga al Cártel Jalisco Nueva Generación, García Luna recibió “10 millones de dólares en efectivo”.
En total, 27 testigos declararon en su contra, pero sólo El Grande, Reynaldo El Rey Zambada –hermano de El Mayo y testigo del caso–, además de Orlando Nava Valencia, El Lobo, aseguraron haberle entregado o atestiguado el pago de millones de dólares a García Luna a cambio de protección. El 21 de febrero de 2023, aunque no le dieron sentencia, fue declarado culpable de los cinco cargos que le fueron imputados: tres por conspiración de narcotráfico, uno por pertenencia continuada a organización criminal y otro por emitir declaraciones falsas cuando solicitó la ciudadanía estadounidense en 2018.
Desde entonces, García Luna intentó, a través de sus abogados, que se declarara nulo el veredicto de culpabilidad y que se ordenara un nuevo juicio, pues “desde que se dio a conocer el veredicto del jurado han salido a relucir nuevas pruebas que le serían favorables”, según su defensa. El gobierno mexicano, a sabiendas de los resquicios legales que busca, logró documentar una red de empresas controladas por él, a través de la cual obtuvo más de mil millones de pesos mediante contratos gubernamentales.
Como si le lloviera sobre mojado, el 29 de enero de 2024 la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que había sido liberado Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen señalado en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, “en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro G, quien era Subdirector Operativo en el propio Cisen y fue quien lo rescató en Tijuana”. Según la FGR se encuentra “debidamente probado que el Cisen” mandó a García Luna “para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia”.
La derrota política y moral de Felipe Calderón
García Luna se presentó a escuchar su sentencia, “vestido de traje azul marino, camisa blanca, corbata morada a rayas, cinturón y zapatos negros”, dicen las crónicas periodísticas. Además de su esposa Linda Cristina Pereira, quien tiene una orden de aprehensión en México, al exfuncionario lo acompañó su equipo de abogados, piloteado por César de Castro.
Minutos antes de ser condenado, García Luna tomó el micrófono y, como lo ha venido haciendo a través de cartas, una vez más pidió clemencia al juez Cogan:
“Su señoría, con el más profundo de mis sentimientos le pido me permita regresar lo antes posible con mi familia y reintegrarme a la sociedad”.
Le respondió Cogan:
“Hay personas que pueden vestir muy bien, tener muy buenos modales, pero no implica que al mismo tiempo sean capaces de hacer cosas horribles. Usted dice que respeta la ley. Estoy seguro de que si le pongo el polígrafo enfrente usted lo va a pasar, porque usted mismo se ha creído su historia. Pero es una de sus dos caras. La otra, la que es responsable de los delitos, existe”.
La sentencia de 38 años de prisión es la derrota política y moral de Felipe Calderón, su amigo, su antiguo jefe y su protector. Pero es otra historia.
GSC