En Brooklyn, Estados Unidos, Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, comparecerá de nueva cuenta ante Brian Cogan, juez asignado a un caso que en los recientes días se ha reactivado y que durante todo el año se enriqueció con el caudal de pruebas enviadas por los gobiernos de Colombia, Panamá y México.
Genaro García Luna está acusado de dirigir una empresa criminal continua, de conspirar para poseer, distribuir e importar cocaína a Estados Unidos y de mentirle a una autoridad.
La audiencia de esta mañana está programada para las 12:00 horas, tiempo del Este de Estados Unidos, y será celebrada de manera virtual con el acusado atendiendo la misma por Zoom desde una sala del Centro de Detección Metropolitano de Brooklyn donde se halla detenido.
La última vez que se celebró una audiencia de ex funcionario fue en octubre de 2020, cuando le informaron de la acusación de reemplazo ingresada en su contra y donde además donde le dieron fechas y montos de los cargamentos de cocaína con los cuales lo ligaban.
En días pasados se ingresó a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York una petición por escrito de ambas partes para que el juez Cogan de una fecha, en el otoño del 2022, para el arranque del juicio en contra de García Luna.
Pero el segundo hecho que revivió el caso fue la declaración de culpabilidad de Iván Reyes Arzate, La Reina, ex mando de la Policía Federal, convertido extraoficialmente en testigo protegido de la fiscalía que lo acusó de narcotráfico en Nueva York, para extraerle así información sobre presuntos sobornos dados por el el cártel de los Beltrán Leyva a García Luna.
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Probablemente esta mañana el juez Cogan ofrezca un par de fechas. La primera para el arranque del juicio, pero también debe ofrecer día y la hora para la celebración de una audiencia en diciembre próximo llamada a revisar qué documentos estarán protegidos por la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA por sus siglas en inglés), como le solicitaron la defensa del mexicano y la fiscalía.
Según la moción ingresada el 19 de octubre, el gobierno busca que “asuntos relacionados con información clasificada que puedan surgir en relación con este caso, tanto antes como durante el juicio”, se etiqueten pues por su confidencialidad “no puede ser descritas ni discutidas en público”.