Utilizando el ejemplo del juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán y debido a que el acusado Genaro García Luna “tiene un historial de interferencia en los procesos judiciales”, la Fiscalía de Estados Unidos pidió al juez Brian Cogan acepte su solicitud de contar con un jurado “anónimo y parcialmente secuestrado”, en el juicio programado para iniciar en octubre de 2022.
Las justificaciones son “para proteger la integridad del juicio e imparcialidad del jurado y previniendo el acoso, intimidación u otra interferencia contra los miembros del jurado, además de mitigar cualquier temor en sus mentes”. El fiscal general del Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, hizo esta petición.
De aceptarse, no se darían a conocer las identidades, además de que alguaciles de la policía del estado llevarían a diario al jurado a un lugar anónimo, donde vivirían los días que dure el juicio, tal y como sucedió con El Chapo Guzmán.
En el escrito se explica que este caso "involucra cargos graves" y que presuntamente García Luna tiene los medios para interferir con el proceso “que ha atraído un intenso escrutinio de los medios”. Dice la fiscalía que el caso presenta muchas de las razones para creer que el jurado necesita la protección que el mismo tribunal consideró convincentes en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, a quien llaman “co-conspirador” de García Luna.
Para respaldar su alegato Peace asegura que el ex secretario de Seguridad Pública mexicano “aceptó sobornos en efectivo de varios millones de dólares” a cambio de permitir las operaciones del Cártel de Sinaloa, que trasladaban droga de Centro y Sudamérica a Estados Unidos.
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El acusado interfirió en procesos judiciales garantizando esos trasiegos de droga, pero además proporcionando “inteligencia” a dicho cártel y protegiendo "a sus miembros de arrestos".
Recuerdan los fiscales que en el llamado "juicio del siglo" se supo que el Cártel de Sinaloa usaba la violencia para enfrentar rivales; “luchar por territorios y silenciar a quienes cooperarían con las fuerzas del orden”. Y como el gobierno espera traer a testigos que participaron en dicha conducta, el jurado podría estar potencialmente en riesgo, dicen.
Insisten en que García Luna “continúa realizando esfuerzos activos para ocultar su ayuda corrupta al Cártel de Sinaloa", iniciando desde el 2018, cuando mintió en su solicitud de naturalización con relación “a su conducta criminal pasada”.
Ese comportamiento presumiblemente tomó forma desde que el acusado hizo “una carrera subvirtiendo la justicia y amasando una fortuna personal de millones de dólares a partir de sus tratos Cártel de Sinaloa.
La Fiscalía neoyorquina dice que tras de arribar a Estados Unidos en 2012, García Luna —quien reforzó su defensa al anunciar la contratación del litigante Shannon Michael McManus— pudo vivir de esa fortuna “mientras tomaba diversas medidas para ocultarla”.
Finalmente, el fiscal Breon Peace señala que “el acusado tiene los recursos económicos para intimidar o dañar al jurado” y recuerda que aún tiene lazos “con los niveles más altos del Cártel de Sinaloa”, pero también, y sin decir nombres, con “otros funcionarios corruptos de alto nivel” en México que, desde su percepción, “probablemente estén dispuestos a ayudar al acusado” dañando o intimidando al jurado.
“Los miembros del jurado estarían preocupados con razón de algún esfuerzo para intimidar o amenazar sus vidas” dice la solicitud que muestra temor de que el jurado “no quiera o no pueda emitir veredictos imparciales si sus identidades se conocen públicamente”.
Aseguran que el juicio se anuncia desde este momento como "muy mediático" y que llamará la atención no sólo de prensa local, sino de todo el mundo; así que la atención de los medios también “puede ejercer una presión significativa sobre los miembros del jurado” en su esfuerzo por “llegar a un veredicto basado en consideraciones distintas a la evidencia”.
Se espera la audiencia programada para el miércoles 8 de diciembre, para comenzar a discutir este y otros temas relacionados con el caso, considerado como “complejo”.
DMZ