En la carta de mayo de 2008, que el entonces coordinador de seguridad regional de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, entregó al presidente Felipe Calderón acusó a Genaro García Luna de cometer arbitrariedades e intimidaciones en la Secretaría de Seguridad Pública y enlistó, con nombres y apellidos, al personal que a pesar de tener cuestionamientos o no aprobar exámenes de control de confianza, García Luna colocó en la dependencia.
Del primero, Nahúm García Martínez, jefe de la Sección Uno del Estado Mayor de la PFP, dijo que era amigo de García Luna, y que junto con otras 7 personas no acreditó el examen de control de confianza. Que trabajaba en la AFI y que estuvo involucrado en el asesinato del hermano de Carlos Salinas de Gortari, Enrique.
De Humberto Martínez, otro supuesto amigo de García Luna, Herrera Valles alertó a Calderón que llegó como director general de Apoyo Técnico a pesar de rebasar el límite de edad para el cargo y de no presentar exámenes de confianza. Había sido jefe de García Luna cuando trabajó en el CISEN.
En la carta, nombró también a la hermana de Genaro García Luna, Esperanza, de quien dijo tenía un cargo similar.
De Benito Roa, dijo que era ex colaborador en la AFI, sin estudios de educación media superior y que tampoco acreditó los exámenes de confianza. El mismo caso de Heady Cruz y José Becerril.
Herrera denunció que cuando fue nombrado coordinador regional de la PFP, quedó bajo órdenes de Édgar Millán. Alguien cercano a García Luna, y quien, según Herrera, "insistía en ingresar con grados y cargos a personas sin la capacidad y preparación necesaria para pertenecer a la institución.”
También dijo que García Luna nombró a Maribel Cervantes como coordinadora de servicios de Inteligencia de la Policía Federal, cuando se desempeñaba en un puesto que no tenía ninguna relación, el de coordinadora de la Unidad de Desarrollo.
Acusó que Facundo Rosas fue nombrado como subsecretario de Estrategia para permitir la llegada después de Édgar Millán como comisionado interino, nombrado por García Luna, cuando esto era facultad del presidente, y que también buscaba "rescatar de los destituidos públicamente por los acontecimientos de Cananea, Sonora", para ser funcionarios.
En más irregularidades de García Luna, descritas en esta carta, Herrera Valles escribió que con sus campañas mediáticas, se adjudicaba como propios logros de otras instituciones, por los que era desmentido después, por ejemplo, por la Sedena.
De acuerdo con Herrera Valles, tras entregar estas cartas lo intimidaron, intervinieron sus comunicaciones, lo vigilaban continuamente. Finalmente lo cesaron.
Seis meses después de entregar esta segunda carta, fue detenido. Lo sentenciaron a 10 años de prisión, lo acusaron de vínculos con el cártel de Sinaloa, la misma organización con la que ahora Estados Unidos vincula a García Luna y un tribunal lo absolvió 3 años después.
En la primera carta, de febrero de 2008, acusó a García Luna de acomodar a amigos y ex trabajadores suyos en puestos de la Policía Federal, a pesar de que presuntamente habían cometido abusos, como venta de plazas, y delitos como secuestro, homicidio y narcotráfico.
Detalló que los operativos no se preparaban adecuadamente y solo buscaban ser mediáticos, y que debido a la poca o nula preparación de las personas que García Luna imponía, hubo asesinatos de elementos que quedaron impunes.
En la carátula de su segunda carta, detalló los problemas que tuvo y amenazas que recibió al intentar entregar la primera carta, que finalmente le llegó a Calderón a través de su secretario particular César Nava.
RLO