La Fiscalía General de la República (FGR) anunció al Senado que destinará 70 por ciento de sus agentes del Ministerio Público a deshacerse del rezago acumulado estos años para enfocarse en la atención de una decena de delitos considerados más graves o de mayor complejidad, entre los que no incluyó el feminicidio.
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De acuerdo con el Plan de Persecución Penal (PPP), además de insistir en que se requieren más recursos económicos para echarlo a andar, la fiscalía enfocará su investigación criminal en 10 delitos de alta complejidad: corrupción, contra el patrimonio nacional, económicos y financieros, cometidos contra los derechos humanos, contra la libertad de las personas, contra el comercio, de aras de fuego, contra el sistema electoral, ambientales y narcotráfico, considerados “los grandes mercados criminales”.
Desdoblar estos delitos en sus diferentes tipos, implicará perseguir 51 modalidades, entre las que se encuentran la trata de personas, los delitos contra migrantes, contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la tortura y la desaparición forzada y el secuestro o la extorsión, pero no se habla del feminicidio, recién incluido en el catálogo de delitos graves contemplados en la Constitución.
El fiscal Alejandro Gertz detalló que la FGR desplegará una “política de priorización” con base en el modelo “Triage” que ya aplica el sector salud, a través de Áreas de Tramitación Masiva y Área de Atención Temprana, en la que, conforme a la tendencia registrada en 2018, se calcula recibir aproximadamente 60 por ciento de las investigaciones iniciadas.
En la argumentación, la FGR acusó que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) no cumplió con la función de investigar y resolver los delitos puestos a su conocimiento, al dejar un rezago superior a las 300 mil investigaciones inconclusas, 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas, más de 28 mil mandamientos ministeriales sin cumplimentar —algunos de ellos prescritos— y 3 mil dictámenes periciales rezagados.
Gertz Manero se quejó de que la nueva Fiscalía trabaja todavía con un modelo desplegado por la PGR que generó el retraso de casos por la subjetividad con que se abren las carpetas, además de retraso tecnológico, como llenar expedientes a mano, por lo que plantea la creación de cinco áreas para agilizar la procuración de justicia.
Los 10 delitos prioritarios estarán a cargo de Equipos de Investigación y Litigación para revisar delitos complejos con detenido, además estará la Unidad de Casos Transversales para delitos complejos sin detenido.
Habrá un Área de Tramitación Masiva para denuncias con detenido, Área de Atención Temprana para denuncias sin detenido y la Unidad de Justicia Alternativa.
En principio, se pretende que 70 por ciento de los ministerios públicos de la institución desahoguen el rezago y después se invertirá la pirámide, para que ese mismo 70 por ciento resuelva los delitos prioritarios.
Al argumentar este esquema de priorización, el fiscal Gertz señaló que ello no implica vulnerar la Constitución al dividir los delitos en baja complejidad y mayor complejidad, porque para los primeros existirá la justicia alternativa.
Se detalla en el PPP que de enero de 2018 a junio de 2019 se registraron 63 mil 630 investigaciones concernientes a alguno de los 10 ejes delictivos y este enfoque permitiría focalizar capacidades en 40 por ciento de los casos, pues hoy en día 57 por ciento son asuntos parados, 16 por ciento están en trámite, solo 6 por ciento se judicializó y 6.2 por ciento tiene sentencia condenatoria.
“Adicionalmente, los datos también revelan la existencia de sentencias absolutorias, lo cual puede considerarse un indicador desfavorable respeto a las capacidades de investigación y litigación del MPF”, señala el plan.
Comparó lo que será la nueva política de priorización con el modelo Triage.
“A modo de analogía, conviene considerar que en la práctica prehospitalaria se ha estandarizado la utilización de una técnica de gestión conocida como Triage, con la cual se realiza la elección, selección y, concretamente, clasificación de la gravedad y urgencia de los pacientes que ingresan a las salas médicas mediante escalas diferenciadas con códigos cromáticos: el rojo se asigna a pacientes en estado crítico, pero recuperable; el amarillo a pacientes graves, pero estables; el verde a lesionados leves y el negro distingue a pacientes agónicos o fallecidos”, especificó.
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La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez, expresaron su desacuerdo con desaparecer el feminicidio del Código Penal Federal, como lo planteó el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
“Obviamente no estamos a favor de ello. Entendemos que la propuesta del fiscal general no era en el sentido de no reconocer que existe este delito, pero nos parece que mantenerlo es fundamental”, comentó Sheinbaum.
En tanto, Gómez Saracíbar manifestó que en la capital del país hay derechos ganados, “uno de estos, muy importante, además de disposiciones legales, sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también en la Suprema Corte, tiene que ver precisamente con la investigación de los delitos y la tipificación del feminicidio”.