M+.- El narcomenudeo se disparó en Juchitán de Zaragoza durante la administración de Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal detenido por su presunta relación con Los Cromos, grupo identificado por las autoridades como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Istmo de Tehuantepec.
Un análisis de MILENIO a cifras oficiales muestra que las investigaciones por venta de droga pasaron de 66 a 212 durante los primeros 20 meses de su gobierno, lo que representa un incremento de 221 por ciento respecto a un periodo equivalente anterior.
Sánchez Altamirano asumió la presidencia municipal en enero de 2025, por lo que se compararon los delitos registrados hasta agosto de 2026 con los ocurridos entre mayo de 2023 y diciembre de 2024, dos periodos de 20 meses.
El estallido de la venta de droga en pequeñas cantidades ocurrió apenas llegando Sánchez Altamirano al poder, pues Juchitán promediaba anualmente 33 carpetas de investigación por narcomenudeo; pero en 2025, la cifra subió hasta los 102 casos y para los primeros ocho meses del presente año esa cifra escaló hasta los 110 casos.
Sánchez Altamirano encubría crímenes de Los Cromos
De no haber actuado las autoridades federales en el municipio, las denuncias por dicho delito hubieran cerrado el año en los 165 casos, de acuerdo con las proyecciones hechas mediante las cifras que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo con las investigaciones federales, Sánchez Altamirano habría participado, fomentado y encubierto actividades delictivas debido a sus presuntos nexos con esta organización. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló además que la estructura estaba relacionada con extorsión, cobro de piso, tráfico de personas y homicidio, así como con esquemas de protección a grupos criminales.
Ante estos hechos, la diputada local del PT, Irma Pineda, señaló que las autoridades locales tenían conocimiento de la situación desde el año pasado, pero tuvieron que llegar las fuerzas federales para emprender acciones contra el funcionario.
“Esto no extrañó, más bien, sorprendió el hecho de que haya ocurrido ahora. Es feo decirlo, pero como población aprendimos a vivir con ese temor, aprendimos a vivir confiando solamente en nuestras vecinas y vecinos más cercanos, en nuestra familia para cuidarnos unos a los otros porque sabíamos que no podíamos contar con el apoyo (…) nos daba más miedo pedir ayuda a la policía que a los vecinos”, señaló.
Pese al crecimiento del narcomenudeo, otros delitos comenzaron a ceder conforme aumentó la presencia de fuerzas estatales y federales. Los homicidios dolosos disminuyeron de 145 a 119, una reducción de 17.9 por ciento, mientras las investigaciones por extorsión bajaron de 18 a 12 y las de secuestro pasaron de 12 a ninguna.
Cifras del alza en delitos y arrestos durante gestión de Sánchez Altamirano
La intervención ocurrió después de que la violencia y el cobro de piso encendieran las alertas en Juchitán. En febrero, el gobierno de Oaxaca reunió a comerciantes, empresarios y transportistas para atender la problemática que enfrentaba la región.
“Estos delitos afectan sensiblemente a las familias y dañan la economía local. Nos comprometimos a fortalecer el combate contra estos y otros delitos de manera frontal. No habrá tolerancia ni impunidad”, reconoció entonces el gobernador Salomón Jara durante la puesta en marcha del operativo.
Para abril, la respuesta escaló con el Plan Juchitán para la Paz, la Justicia y el Bienestar, que reforzó la presencia de corporaciones estatales y federales en el municipio.
Un mes después, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca reportó 66 detenidos y 25 cateos, además de una disminución de 69 por ciento en víctimas de homicidio doloso y de 46 por ciento en delitos de alto impacto respecto al periodo utilizado por las autoridades para medir los resultados iniciales del operativo.
Para julio, el despliegue involucraba a 249 elementos y había dejado 219 personas detenidas, 35 armas de fuego y 90 vehículos asegurados, además del decomiso de más de 3 mil 600 dosis de droga.
“Se ha logrado una notable disminución del homicidio doloso, la captura de objetivos prioritarios y la desarticulación de células delictivas generadoras de violencia”, informó entonces el Gabinete de Seguridad estatal.
Ante la actualidad del municipio, la diputada Irma Pineda pide que las nuevas autoridades que asuman el cargo del cuidado del pueblo juchiteco “contribuyan con la ciudadanía para preservar la paz y que se sumen a los esfuerzos ciudadanos por mejorar la seguridad del municipio”.
La evolución delictiva de Juchitán contrasta con la registrada en otros municipios del Istmo. En Salina Cruz, las carpetas por los delitos analizados se redujeron a la mitad, de 130 a 65, principalmente por la caída de los homicidios dolosos, que pasaron de 80 a 34.
Santo Domingo Tehuantepec registró 97 investigaciones frente a 90 del periodo anterior, un aumento de 7.8 por ciento, mientras los homicidios prácticamente se mantuvieron, al pasar de 43 a 41.
En Unión Hidalgo, donde la incidencia fue considerablemente menor, los delitos de alto impacto pasaron de nueve a 13 carpetas. Al igual que en Juchitán, el mayor crecimiento correspondió al narcomenudeo, que se triplicó de cuatro a 12 investigaciones.
MD