Un juez federal amplió por 40 días más el arraigo del narcotraficante Héctor Luis El Güero Palma, ex líder del cártel de Sinaloa, por lo que continuará en el Centro Nacional de Arraigos en la Ciudad de México.
Funcionarios judiciales revelaron que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), de la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó la medida cautelar para continuar reuniendo elementos para determinar si solicita su detención por presuntos delitos contra la salud y delincuencia organizada.
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Una vez que venza el plazo, la FGR deberá determinar si ejerce acción penal contra el ex líder del cártel de Sinaloa, o lo deja en libertad por falta de elementos.
La medida fue otorgada por el juez federal adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones.
En mayo, la Fiscalía General de la República informó que, derivado de una indagatoria integrada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Seido, el Ministerio Público Federal (MPF) emitió un acuerdo de detención por caso urgente, “al existir riesgo fundado de que el indiciado podría sustraerse de la acción de la justicia”.
El acuerdo fue cumplimentado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), al momento que El Güero Palma se disponía a abandonar el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, tras ser notificado de la sentencia absolutoria que obtuvo, al no comprobarse su responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.
Héctor Palma Salazar rindió su declaración ministerial asistido en todo momento por su defensor particular.
“Por lo anterior y toda vez que el indiciado se encuentra probablemente relacionado con hechos constitutivos de delitos contra la salud y delincuencia organizada, a efecto de allegarse de mayores datos de prueba, el MPF solicitó ante la autoridad jurisdiccional competente, medida cautelar de arraigo”, señaló la FGR.
El narcotraficante fue exonerado por Víctor Francisco Chávez Romero, secretario del juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco en funciones de juez, ya que no le dio validez a las declaraciones que realizaron testigos protegidos que lo vinculaban con el organizado.
Las declaraciones que recabó la Fiscalía General de la República forman parte de otras averiguaciones previas.
“…las supuestas declaraciones de los testigos colaboradores que aparecen en dichas pruebas documentales, no es dable otorgarles valorar indiciario, por sus inconsistencias y mucho menos como testimoniales, ya que se obtuvieron dentro de distintas averiguaciones previas, por lo que no fueron desahogadas en la indagatoria que originó este proceso, tampoco fueron ratificados en la averiguación previa génesis del sumario y mucho menos ante el órgano jurisdiccional del conocimiento”, puntualiza la sentencia.
AESC