Un Tribunal Federal revocó la sentencia que absolvió al narcotraficante Héctor Luis El Güero Palma Salazar del delito de delincuencia organizada y ordenó reponer el procedimiento para que se busque a dos testigos protegidos que declararon contra el capo, quienes por seis años han permanecido desaparecidos.
José Luis González, magistrado del Cuarto Tribunal Unitario con residencia en Zapopan, Jalisco, emitió su fallo a pocos días de que la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la sentencia absolutoria dictada en mayo por Víctor Francisco Chávez Romero, secretario en funciones de juez del juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la mencionada entidad.
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José Gabriel Martín Hernández Rodríguez, abogado de Héctor Palma Salazar, dijo a MILENIO que por este motivo se ordenó la reaprehensión de su cliente y a las 00:40 horas de hoy fue reingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Los testigos que el magistrado federal ordenó localizar responden a los nombres clave de “Julio” y “César”. El primero de ellos es Marcelo Peña García, cuñado del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y el segundo es el empresario sinaloense Javier Burgueño Uría, quienes ya fueron buscados en México y Estados Unidos para que declaren.
Ambos testigos declararon contra Palma Salazar y lo señalaron de estar detrás de un cargamento de 3 mil 288 kilos de cocaína que fue asegurado el 19 de julio de 1999, en Tecomán, Colima.
Así como de una avioneta con 12 millones de dólares, en San Luis Río Colorado, Sonora, el 12 de octubre de 1995; también lo señalaron de estar detrás del homicidio del subdirector de la Policía Judicial de Nayarit, Antonio Contreras, y su escolta José Cruz Guerrero, crimen cometido el 18 de mayo de 1995.
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De igual manera, lo acusaron por el robo de droga en la subsede de la Delegación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en San Luis Río Colorado, Sonora, el 21 de mayo de 1997.
Sin embargo, el juzgado de primera instancia determinó absolver a El Güero Palma porque las declaraciones ministeriales de los testigos colaboradores fueron rendidas en diversas indagatorias y no forman parte de la causa penal que se instruyó al narcotraficante por delincuencia organizada.
Gabriel Martín Hernández aseguró que el mismo magistrado ya había repuesto el procedimiento en el mismo sentido. “Es una revocación a todas luces ilegal”, expresó.
El litigante mencionó que están valorando si se van a la reposición de procedimiento o presentan un amparo para que El Güero Palma recobre su libertad.
Ésta causa penal, agregó, fue consignada por la entonces PGR en 2016, y desde esa fecha no han podido ser localizados los testigos protegidos.
“El arraigo fue totalmente ilegal porque no hay ninguna prueba en contra de él (El Güero Palma), por eso está pidiendo la Fiscalía y el Ejecutivo Federal al Poder Judicial, al Tribunal Unitario que revocara una sentencia en ocho días, cuando se llevan tres meses para resolver estos casos”.
A decir del litigante, la petición de la FGR se presentó 5 de julio "y lo más grave es que está video filmada la audiencia".
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