Ifetel: al día se realizan 36 mil llamadas desde siete penales

En 3 semanas detectó 544 mil marcaciones desde teléfonos fijos y 219 mil con móviles.

Germán Martínez, Gustavo Madero y Ricardo Monreal ríen durante una charla en la Cámara alta. (Misael Valtierra)
Silvia Arellano y Angélica Mercado
México /

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) alertó al Senado que los bloqueadores de señal no funcionan y se requiere una estrategia conjunta con los concesionarios.

De acuerdo con un estudio hecho por las empresas telefónicas en siete penales del país, en solo tres semanas se generaron 544 mil 153 llamadas de telefonía fija y 219 mil 700 de aparatos móviles.

Lo anterior significa que en total se realizaron 763 mil 853 llamadas, es decir, un promedio diario de 36 mil 373.

Tan solo de telefonía celular, el estudio enviado por el Ifetel calcula que en un año puede haber hasta 3.7 millones de llamadas.

En el Estudio Estadístico de Terminales Móviles de Llamadas y de Casetas Telefónicas Públicas, remitido al Senado, el Ifetel da cuenta de que los equipos bloqueadores de señales lo que generan son interferencias a los usuarios aledaños a los penales y a quienes transitan a su alrededor.

Por lo que toca a las llamadas desde los penales muestreados, cinco locales y dos federales, de los que se guardó la secrecía por el riesgo que implica que este estudio se hiciera público, el Ifetel informó al Senado que “para la sociedad en general estas cifras son alarmantes si se combinan con los reportes oficiales que señalan un incremento en actividades delictivas relacionadas con la extorsión y el secuestro”.

Para los concesionarios es clave el papel que pueden desempeñar las autoridades penitenciarias para llevar a cabo la adecuación de los equipos bloqueadores de señales a las especificaciones técnicas establecidas en la Disposición Técnica IFT-Ol0-2016 en el menor tiempo posible.

LA MUESTRA

El estudio revela que se muestrearon siete penales en distintas regiones del país, donde se encontraron “equipos sospechosos”, entre una población de 20 mil reos.

La investigación revisó cuántos aparatos y chips o IMSIs (Identidad Internacional del Abonado Móvil, por sus siglas en inglés) se usaron.

Se analizó cuántos y con qué frecuencia se conectaban a una radio base, un número atípico de llamadas salientes; IMSIs funcionando con un solo equipo o IMEI y el índice promedio de intensidad en el uso de un equipo para realizar llamadas.

En la primera semana se encontraron 947 equipos terminales “sospechosos”, relacionados con 2 mil 259 IMSIs.

En la segunda semana se identificaron mil 3 equipos con 2 mil 401 IMSIs; y en la tercera semana se hallaron 951 terminales utilizando 2 mil 266 IMSIs.

“El uso generalizado de equipos dentro de los siete penales, relacionados a la radio base de al menos una empresa, evidencia la inutilidad de los equipos bloqueadores de señal instalados, con interferencias que afectan a los usuarios y a la calidad del servicio”, señala el estudio.

Se concluye que más de 90 por ciento del conjunto de equipos en los penales utiliza más de un IMSi, pero hay otros que usaron un solo IMSi y registran un elevado índice de intensidad de llamadas.

Mencionó que, por ejemplo, en la primera semana 24 de esos equipos hicieron 3 mil 932 llamadas, con un índice promedio de 164 llamadas por equipo; en la segunda semana hubo 4 mil 950 llamadas y en la tercera 9 mil 879”.

“El conjunto de equipos sospechosos en los siete penales, cuyo número varió cada semana, fueron la fuente de 219 mil 700 llamadas en el periodo. Si se anualiza esta estadística, arroja una cantidad de 3.7 millones de llamadas”.

Al respecto, “se confirma que hay una cantidad apreciable de equipos sospechosos en el conjunto de penales de la muestra; y que incluso donde hay pocos equipos puede ocurrir una cantidad de llamadas con propósitos delictivos a lo largo del día, afectando a los usuarios y la calidad del servicio por las interferencias que generan los bloqueadores de señal instalados”.

Por lo que toca a telefonía fija, es decir, las casetas que están en los penales, en total se hicieron 544 mil 513 llamadas.

En los cinco centros que cuentan con el dispositivo de Interactive Voice Response (IVR) el rechazo de llamadas alcanzó 25 por ciento del total, aunque el porcentaje varía por penal, oscilando entre 18 y 41 por ciento, “que es un índice alto y sugiere la aversión al lugar de origen de las llamadas”.

Del total de llamadas aceptadas, 12 por ciento se finalizó dentro de los primeros 10 segundos, que indica alta probabilidad de que se ha escuchado un mensaje preocupante.

“La duración promedio de cada llamada aceptada es de más de 3.5 minutos, lo que sugiere que se estableció una conversación normal”.

El 25 por ciento de las llamadas en los penales que cuentan con un mensaje de prevención sobre el lugar de origen (IVR) fue rechazado.

A la vez, 12 por ciento de las llamadas aceptadas concluyeron en los primeros 10 segundos, lo que sugiere que la gente colgó por no gustarle lo que escuchó.

AVANZA INICIATIVA

También en el Senado, Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, anunció que prácticamente está lista la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública para crear la secretaría del ramo, con lo que paulatinamente se pretende regresar a las fuerzas armadas a sus cuarteles.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, manifestó al titular de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que la Cámara alta mantendrá una relación institucional con el Ejército porque reconoce que “las fuerzas armadas generan estabilidad y generan gobernabilidad. No vamos a confrontarnos con ellos”.

Entrevistado luego de la instalación de la Comisión de Defensa Nacional que presidirá el morenista Félix Salgado, Durazo destacó que en 100 años de constituido el Ejército ha consolidado su institucionalidad, profesionalismo y lealtad a la patria.

Dijo que las cámaras revisarán próximamente la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de Administración Pública, con las que se pretende el retiro paulatino de las tropas de tareas de seguridad pública.

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