La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que las desapariciones en México constituyen una “grave crisis” de derechos humanos ya que es generalizada, indiscriminada y sigue ocurriendo bajo altos niveles de impunidad.
En su informe sobre desapariciones en México, señaló que hay un rol predominante del crimen organizado y no existe actualmente desde el Estado mexicano una política preconcebida con el fin de desaparecer personas.
“En este informe, la CIDH plasma una constatación muy seria: la desaparición de personas constituye una grave crisis de derechos humanos en México porque es generalizada, indiscriminada y continúa ocurriendo por los altos niveles de impunidad”, explicó Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH.
Agentes estatales implicados en desapariciones
Frente a representantes del gobierno federal y de colectivos de buscadoras, en el Museo de Memoria y Tolerancia, Pochak explicó que la desaparición en México es un fenómeno en el que han cambiado móviles y perpetradores pero su “gravedad y crueldad se mantienen”.
En este sentido, detalló que las desapariciones actuales están vinculadas principalmente a la acción del crimen organizado, así como a la expansión y diversificación de sus mercados ilegales.
Sin embargo, señaló que las desapariciones forzadas no han sido erradicadas y son cometidas en su mayoría por agentes estatales y municipales.
“El informe también refleja situaciones en las que el crimen organizado ha operado en conjunto con agentes estatales encargados de seguridad, procuración de justicia e incluso con autoridades políticas, quienes prestan su autorización, apoyo o aquiescencia en casos de desapariciones", detalló Pochak.
"Así, a veces la desaparición se comete por grupos no estatales que operan con la autorización del Estado. También se registran desapariciones por parte del crimen organizado en convivencia, con agentes estatales”, abundó.
La comisión celebró que el gobierno reconozca desde el más alto nivel la magnitud del problema, pues existen normas y protocolos para enfrentarlo con una estructura normativa e institucional notable, pero permanece el desafío en cuanto a eficacia.
Incluso, Pochak calificó como loable la presencia de funcionarios de la cancillería y de la Secretaría de Gobernación en la mesa para escuchar y recibir el informe.
Además, remarcó que la estrategia de seguridad ya no es reactiva y ahora se enfoca en atender las causas; sin embargo, consideró que faltan medidas concretas, verificables y evaluables que permitan reducir el riesgo de desaparición.
De igual forma, explicó que la comisión deja constancia en el informe que no constata actualmente que exista una política preconcebida de desaparición de personas.
"Frente al accionar del crimen organizado, la Comisión llama al país a reforzar sus obligaciones internacionales de proteger la vida e integridad de todas las personas que habitan en su jurisdicción y fortalecer las medidas necesarias para identificar, erradicar y neutralizar su infiltración en los órganos administrativos, judiciales y de seguridad”, destacó.
Desapariciones son generalizadas
En cuanto al perfil de personas desaparecidas, la CIDH determinó que se trata de un fenómeno indiscriminado en la medida que puede afectar a cualquier persona.
El informe detectó alta concentración de casos en hombres jóvenes, afectaciones desproporcionadas contra niñas y adolescentes, así como riesgos diferenciados en sectores como personas de la comunidad LGBT, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas.
A esto hay que sumarle desafíos técnicos para alcanzar justicia como investigaciones mal realizadas, pérdida de expedientes, corrupción, solicitud de dinero a las víctimas, liberación de personas sujetas a proceso, entre otros.
“México tiene avances normativos importantes en materia penal, pero persiste una distancia, una distancia enorme entre desapariciones, investigaciones y sentencias. La Comisión interamericana concluye que la impunidad sigue siendo crítica”, agregó.
La CIDH entregó al gobierno 40 recomendaciones para enfrentar la crisis de desapariciones en temas como:
- Políticas de seguridad ciudadana de prevención
- Prevención y búsqueda de personas desaparecidas según su perfil o situación de vulnerabilidad
- Mejorar el acceso a la justicia y la respuesta judicial
- Fortalecer las políticas sobre identificación humana
- Robustecer la atención y reparación a víctimas
- Fortalecer las iniciativas de memoria sobre las desapariciones del pasado y presente
El peso de las búsquedas
Vivana Mendoza, del colectivo Hasta Encontrarte, lamentó que a lo largo de los años desde el gobierno no se haya reconocido la importancia de tener diálogo con los colectivos.
La activista dijo que hasta este momento siguen esperando a que, desde el ejecutivo, se les abran las puertas para presentar sus casos y acompañamiento en sus labores de búsqueda.
“Si no nos mata el crimen organizado, nos mata la depresión, porque en el transcurso de todos estos años se han muerto mis compañeras de diabetes, de depresión. Algunas han tenido desprendimiento de retina por llanto prolongado por la ausencia de las institucione; mujeres que todos los días agarran una pala, un pico y salen a los cerros a buscar a sus familiares”, expresó.
Incluso, consideró como “vergonzoso” que funcionarios ofrezcan cooperación y trabajo conjunto con las víctimas, cuando es lo único que han solicitado en los últimos años.
AG