La Procuraduría General de Justicia capitalina investiga al ex titular de la institución, Edmundo Garrido, por presunta alteración de cifras en 2018 para aparentar una reducción de delitos de alto impacto en Ciudad de México, afirmaron autoridades.
También son investigados 106 servidores públicos y ex funcionarios, particularmente 32 mandos medios, entre ellos César Martínez Jasso, ex director general de Política y Estadística Criminal, así como Juan Espinoza Cruz, ex director de Diseño y Análisis de Indicadores para la Política Criminal.
El expediente está radicado en la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y es independiente al que abrirá la Fiscalía General de la República una vez que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) interponga la denuncia correspondiente.
En la pasada administración, el Gobierno de CdMx habría alterado 73.9 por ciento la cifra real de delitos de alto impacto en 2018, durante la gestión de Miguel Ángel Mancera y de su sucesor José Ramón Amieva, principalmente en robo en diversas modalidades, violación y homicidio doloso.
Según el Informe Modificación de la Incidencia Delictiva de Alto Impacto de 2018 de la PGJ, el número real de homicidios dolosos se maquilló, al punto que se reportaron 11.5 por ciento asesinatos menos de los que fueron cometidos de manera intencional.
La incidencia de robo a negocio con violencia se ocultó 51.3 por ciento; las violaciones en 104.8 por ciento; robo a transporte en vía pública 153.1 por ciento y robo a pasajero en interior del Metro en 407.3 por ciento.
De acuerdo con una revisión técnica de la estadística delictiva que llevó a cabo la procuraduría capitalina, encabezada por Ernestina Godoy, la cual fue avalada por una auditoría del Centro Nacional de Información (CNI) del SESNSP y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), se confirmó que en 2018 hubo alteración en las cifras oficiales de los delitos de alto impacto.
Los registros de los delitos del fuero común pasaron de 234 mil 674 a 241 mil 30, con un incremento de 2.7 por ciento.
En tanto que los delitos de bajo impacto pasaron de 202 mil 168 a 184 mil 498, con una disminución de 8.7 por ciento.
Los ilícitos de alto impacto pasaron de 32 mil 506 (incluyendo secuestros) a 56 mil 532, lo que implicó la inclusión de 24 mil 26 casos. “Lo que representa un aumento de 73.9 por ciento en el registro de los delitos de alto impacto”, se lee en el documento.
El resultado de la reclasificación de los registros de delitos en 2018 es el siguiente:
Oficialmente, en 2018 se reportaron mil 265 homicidios dolosos, aunque después de una revisión efectuada en la administración de Claudia Sheinbaum, se determinó que hubo mil 410, es decir, una variación al alza de 11.5 por ciento.
El año pasado se registraron en las estadísticas mil 884 casos de lesiones por arma de fuego, pero en realidad fueron mil 922, es decir 1.5 por ciento más.
Las variaciones al alza después de que este gobierno hizo las revisiones, fueron de esta manera: robos a casa habitación con violencia, 4.9 por ciento; a cuentahabiente, 9.9; a negocio con violencia, 51.3; a pasajero a bordo de microbús, 21.1; a pasajero a bordo de taxi con violencia 9.2; a pasajero dentro del Metro, 407.3.
Robos a repartidor, 12.7 por ciento; a transeúnte en vía pública, 153.1; a transportista, 15.7; de vehículo, 24.4, y violación, 104.8.
La procuraduría analizó una muestra de 42 mil 524 indagatorias de un universo de 194 mil 479 carpetas de investigación iniciadas entre enero y noviembre de 2018.
“Del resultado se estableció que 29 mil 82 expedientes fueron clasificados como delitos de bajo impacto, lo que representó una falsa reducción en los índices delictivos de alto impacto”, según dio a conocer la dependencia.
El 7 de marzo de 2019, el titular del Centro Nacional de Información del SESNSP decidió verificar los datos que dio a conocer la procuradora Godoy el 21 de febrero pasado, respecto a la reclasificación de delitos de alto impacto con los reportados por la anterior administración capitalina.
Con base en los resultados del muestreo y de las irregularidades detectadas, el 23 de marzo de 2019 la PGJ presentó una denuncia en la fiscalía de servidores públicos para determinar responsabilidades.
El 7 de abril de 2019, el CNI-SESNSP inició la revisión de la estadística junto con expertos de la ONU como testigos expertos, y el 21 de junio la procuraduría concluyó su revisión.
Y ADEMÁS
EL SECRETARIADO BUSCA MÁS CASOS EN ESTADOS
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene la facultad de sancionar a quien resulte responsable del maquillaje de cifras de incidencia delictiva nacional, por ello ha comenzado a investigar de manera aleatoria a algunos estados.
El Centro Nacional de este organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación ya ha visitado las procuradurías de algunos estados del país para corroborar las cifras que envían y que son publicadas mensualmente.
Aunque las investigaciones van lentas ya ha comenzado con la revisión de entidades como Jalisco, Chihuahua, Veracruz y CdMx, entre otros.
El lunes pasado el gobierno local presentó una denuncia ante la FGR y en la PGJ por el maquillaje de cifras.