Un juez federal dejó en libertad a los activistas y defensores de derechos humanos Irineo Mujica Arzate y Cristóbal Sánchez Sánchez, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo acreditar que son traficantes de migrantes.
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Las liberaciones las ordenó el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Tapachula, Chiapas, ya que se demostró que los activistas no participaron en una caravana de migrantes hondureños a los que supuestamente extorsionaron para ingresarlos a México.
La FGR los aprehendió y aseguró que entre abril y mayo, hondureños presentaron ante el Ministerio Público Federal denuncias contra los defensores, quienes a cambio de dinero les prometieron internarse ilegalmente en el país para llevarlos a la frontera norte de México, con objeto de llegar a Estados Unidos.
Los mandamientos se cumplimentaron contra Irineo por la probable comisión del delito de transporte de migrantes con la agravante que dicha conducta se haya realizado respecto de niñas, niños y adolescentes; y contra Cristóbal por la probable comisión del delito de introducción de personas a territorio nacional sin la documentación correspondiente.