El magistrado Juan José Olvera López, quien en su momento evitó que la Procuraduría General de la República (PGR) procediera penalmente contra Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que volvería a resolver en el mismo sentido si llegará a presentarse un caso que se parezca.
Durante la segunda conferencia contramañanera de juzgadores federales que forman parte del colectivo artículo 41, al magistrado se le preguntó si el día de hoy le volviera a caer en sus manos el mismo asunto lo resolvería de la misma manera.
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Olvera López respondió:
"En los tribunales no hay asuntos idénticos, en la academia sí. Cada caso tiene sus características, pero atendiendo a su pregunta, si llegara igualito, igualito lo resolvería porque eso es lo correcto y si llegara otra persona, otra persona con el mismo escenario, igualito lo resolvería".
"Porque eso es lo correcto, además ese criterio que, en su momento aplique, era un criterio que se estaba generando apenas en los tribunales; la mayoría de mis compañeros resolvían de manera diferente. Yo decidí aplicar ese criterio y como había ese, generó un debate de criterios. La Corte al año siguiente en contradicción de tesis dijo: ‘el criterio correcto es el que se aplicó a Andrés Manuel López Obrador'".
Recordó que, en 2005, como juez de Distrito rechazó la pretensión de la PGR de llevar a López Obrador a juicio y eso trajo que él pudiera ser habilitado para contender por primera vez por la Presidencia de la República en 2006.
“Haberlo sometido a proceso, de acuerdo con las reglas funcionales de ese momento, era que él no podría ni siquiera ser candidato; debido a esta decisión, en abril del año 2005 fue que se cerró el caso en su contra y él pudo contender…”, añadió.
Es de mencionar que, en 2005, la PGR impulsó el desafuero de López Obrador como jefe de Gobierno del DF, por desacato a un amparo, derivado del caso El Encino, tras un pleito legal entre la administración capitalina y la empresa Promotora Internacional Santa Fe.
El asunto tuvo su origen en 2001, cuando la entonces jefa de Gobierno, Rosario Robles Berlanga, expropió el terreno, argumentando la utilidad pública, pero ésta no se pudo comprobar tras varios años de juicio, tiempo en el que comenzaron a realizar obras.
RDR