"Migrar es un derecho humano", se lee en la base de un antimonumento con el número 72 que, entre los imponentes rascacielos de la Avenida Paseo de la Reforma en la capital mexicana, se resiste al olvido.
Día tras día, miles de capitalinos transitan por la arteria vial sin imaginar que aquella escultura retrata uno de los episodios más trágicos que han padecido las personas migrantes en México.
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Aunque la lucha por la justicia se ha extendido a través de la voz de activistas, periodistas y alguna que otra autoridad judicial, México continúa siendo un territorio de riesgo para aquellas personas que buscan alcanzar el tan anhelado 'Sueño Americano'.
El antimonumento de la Masacre de San Fernando permanece viendo pasar el tiempo y a diversas administraciones que han prometido esclarecer el caso. Sin embargo, su historia se remonta al 2010 y se ubica a poco más de 700 kilómetros al norte del país.
El precedente
Alcanzar una mejor calidad de vida es el propósito con el que diariamente miles de personas abandonan su país de origen. Para lograrlo, las y los migrantes se adentran en peligrosas trayectorias que vulneran sus derechos y ponen en riesgo su vida.
Y es que, además de las condiciones climatológicas, los medios de transporte irregulares y los retenes de autoridades migratorias, son las organizaciones del crimen organizado los que han visto en su desesperación una oportunidad de negocio.
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Desde décadas atrás, grupos criminales que operan en México decidieron aprovechar sus conocimientos y control en distintas zonas de la frontera con Estados Unidos ya no solo para traficar drogas sino también armas y migrantes.
Pese a ello, cobrar cuotas por utilizar las rutas que controlan no es el único método a través del cual los cárteles aprovechan el constante flujo migratorio, pues sus operaciones se extienden a una serie de delitos que les dejan aún más ganancias o beneficios como, por ejemplo, el secuestro, el reclutamiento forzado y la extorsión.
DATO......El tráfico de personas deja a organizaciones delictivas en México ganancias millonarias.
De acuerdo con datos recopilados por InSight Crime, gracias al secuestro de migrantes los grupos del crimen organizado pueden ganar unos 5 mil 165 dólares por migrante y hasta 20.4 millones de dólares al año.
Paso a paso: la masacre de los 72
El calendario marcaba como fecha el 22 de agosto de 2010 cuando un grupo de migrantes provenientes de Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras e India abordaron autobuses que los acercarían cada vez más a la frontera con Estados Unidos.
El destino de las 72 personas cambió al caer la noche. La madrugada del 23 de agosto los vehículos en los que se transportaban fueron interceptados por hombres armados integrantes de Los Zetas.
"Nos bajaron para pedirnos dinero, pero nadie traía. Después nos ofrecieron trabajar para ellos. Dijeron que eran Zetas, que nos pagarían mil dólares por quincena pero no aceptamos y nos dispararon", narró Luis Freddy Lala, un joven de nacionalidad ecuatoriana que sobrevivió a la masacre y cuyo testimonio quedó plasmado en un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
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Aquel migrante, de entonces 18 años, relató que ya le había pagado 11 mil dólares a los coyotes por llevarlo a Estados Unidos. Nunca imaginó que presenciaría una de las masacres más mediáticas de la historia de México.
Ante la negativa de darle más dinero a los integrantes del grupo delictivo, los 72 migrantes fueron trasladados hasta un galpón en el ejido de El Huizachal, municipio de San Fernando, Tamaulipas, donde los amarraron y les vendaron los ojos.
Lo siguiente que Luis Freddy Lala escuchó fueron las súplicas de sus compañeros de viaje y, después, el ensordecedor sonido de las detonaciones de armas de fuego.
Uno por uno, cada uno de los 58 hombres y 14 mujeres que buscaban el "Sueño Americano" fueron asesinados, excepto el joven ecuatoriano. Según su relato, la bala con la que intentaron matarlo le atravesó el cuello y salió por su mandíbula, sin embargo, fingió su muerte para evitar que lo remataran.
Cuando los hombres armados se retiraron del lugar, Luis Freddy Lala salió del galpón herido pero dispuesto a buscar ayuda. Al amanecer, una pareja de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) lo encontraron y él les contó lo sucedido.
Poco después de las 18:00 horas del martes 24 de agosto de 2010, ante los ojos de las autoridades mexicanas se abrió la tétrica escena de los 72 cuerpos apilados en el galpón de San Fernando.
"Las 72 personas migrantes fueron encontradas atadas y ejecutadas, con señales de tortura. Los hechos fueron atribuidos por el gobierno al crimen organizado, sin embargo, permanecen muchas incógnitas respecto a las circunstancias de los hechos, del hallazgo, de los sobrevivientes y del eventual involucramiento de agentes estatales", expone en un artículo la organización civil Fundación para la Justicia.
La impunidad y los responsables
Hasta agosto de 2023, la CNDH señaló que aún existían nueve víctimas de la masacre de San Fernando sin ser identificadas, además de siete familias que esperaban que se les autorice la revisión de los cuerpos que les fueron entregados fast track entre 2010 y 2011 para tener certeza de que son los de sus seres queridos.
"Los procesos de exhumación e identificación de los restos encontrados en San Fernando habían estado plagados de errores y falencias, lo que evidencia, cuando menos, que el pasado hubo negligencias por parte de las autoridades mexicanas. La impunidad afectó por mucho tiempo todos los aspectos de unos de los casos más emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos contra personas migrantes", apunta la dependencia en un comunicado.
Un rayo de esperanza se encendió para las familias de las víctimas y defensores de derechos humanos luego de que a mediados de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo una sentencia condenatoria en contra de 18 personas relacionadas con el caso.
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A dicha diligencia se sumó la sentencia de 50 años de prisión que recientemente un juez federal dictó a once integrantes de Los Zetas entre los que se ubicaron a autores intelectuales y materiales de la masacre de San Fernando.
Tanto Martín Omar Estada de la Mora -alias El Kilo y ex jefe de plaza de la organización delictiva en el municipio tamaulipeco- como Juan Pablo Cabrera Escalante -El Cacharpas-, Salvador Alfonso Martínez Escobedo -La Ardilla- y Víctor Cuitláhuac Montoya Torres se les acusó de homicidio calificado en agravio de 122 personas que fueron bajadas de los autobuses en los que viajaban y que posteriormente fueron localizadas en fosas clandestinas.
Si bien las recientes sentencias figuran como un paso importante para el acceso a la justicia que merecen las víctimas, el panorama que continúan enfrentando miles de migrantes diariamente en México continúan siendo desolador. Pese a que autoridades de ambos lados de la frontera se dicen comprometidos con la causa, es el crimen organizado quien termina aprovechando su vulnerabilidad para enriquecerse a costa del 'Sueño Americano'.
ATJ