Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de Michoacán, rechazó avalar cualquier movimiento social armado al considerar que el crimen organizado podría estar detrás de estos.
De acuerdo con la autoridad estatal, las comunidades que deseen tener acceso a una licencia colectiva que les permita acceder a armamento, deberán cumplir con una serie de procesos.
El primer paso es lograr su autonomía bajo la figura del autogobierno y, después, obtener una licencia colectiva a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
"Siempre y cuando sean guardas comunales, certificadas, en coordinación con las autoridades, les daremos todo el respaldo. Cuando sean levantamientos armados sociales e independientes, no. Un civil armado es un delincuente, es un delito", sostuvo.
En el caso de Ostula, comunidad nahua que por más de una década ha mantenido la figura de autodefensa, indicó que la ruta para su reconocimiento es la misma que todas y que no se va a permitir que el narco se mueva detrás de ellos.
"Obviamente que para los grupos de la delincuencia les resultan muy atractivos estos grupos de civiles armados. Debemos de evitar que el crimen irrumpa en estos movimientos sociales", reiteró.
Antecedentes de movimientos sociales armados en México
El registro de movimientos armados en México se remonta a las guerrillas urbanas que surgieron tras la represión estudiantil de 1968.
De acuerdo con información del Archivo General de la Nación, uno de estos grupos fue el comando Lacandones, integrado principalmente por jóvenes con ideas marxistas e influenciados por la Revolución cubana, quienes consideraban que la vía armada era la única alternativa frente a la persecución y violencia contra movimientos sociales.
El grupo operó principalmente en la Ciudad de México y financiaba sus actividades mediante asaltos a empresas y establecimientos comerciales.
Según el Archivo, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) encabezó la persecución y desarticulación del comando mediante labores de espionaje, infiltración y operativos contrainsurgentes.
Estas acciones formaron parte de la llamada Guerra Sucia, caracterizada por desapariciones forzadas, tortura y asesinatos contra personas señaladas de simpatizar con movimientos socialistas o guerrilleros.
Tras la caída de los Lacandones, algunos sobrevivientes terminaron integrándose a la Liga Comunista 23 de Septiembre, considerada una de las organizaciones armadas más importantes de la época.
AG