La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahfl, —dijo— es inadmisible que a 13 años de haber iniciado la era constitucional garantista, el país continúe con altos índices de impunidad e inseguridad, que ponen en entredicho el pleno goce de los derechos humanos.
Especialmente para los grupos históricamente discriminados y que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
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Por ello, comentó que es indispensable aplicar una perspectiva de los derechos humanos que permita abordar problemáticas tan apremiantes, como la incidencia delictiva, la violencia, la impunidad y su impacto en la seguridad pública, mediante políticas centradas en la protección de las personas y en el fortalecimiento de la participación democrática.
Al inaugurar el Décimo Cuarto Encuentro Regional para una Agenda de Seguridad y Justicia, celebrado en Veracruz, la ministra indicó que —en lo que a justicia se refiere— se debe de tomar, como punto de partida, que nos encontramos ante una coyuntura en la que dichos sistemas.
Así como su configuración, estructura y facultades, se encuentran en el centro de la discusión pública.
“Es apremiante aprovechar esta oportunidad para desplegar un ejercicio amplio de autocrítica y reflexión que derive invariablemente en una mejor administración de justicia y en una mayor legitimidad institucional”.
“A lo largo de mi actuar, como juzgadora constitucional, he corroborado directamente que toda labor jurídica y de protección a los derechos humanos debe tomar como premisa básica que el acceso al derecho a la justicia es un principio irrenunciable en cualquier sociedad democrática”, expresó.
Ortiz Ahfl subrayó que los tribunales constitucionales son instituciones decisivas para consolidar los esquemas de protección de los principios fundamentales contenidos en las normas supremas, es decir, en las constituciones.
“Por ello, nuestro país debe contar con una Judicatura cuya labor se enmarque en una visión amplia, global, progresista de los derechos humanos y que resulte en el más alto cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano”, agregó.
RM