Crimen organizado usa “código de tránsito” para vigilar carreteras estatales

En los años en que Los Zetas se paseaban por Coahuila como si fueran los dueños del estado, los jefes de plaza enseñaron a los policías municipales una clave macabra: 92 Sierra, que se usó para desaparecer y asesinar a cientos de personas, la mayoría de ellos hombres jóvenes.

Entre 2003 y 2012, ese código secreto sonaba en las patrullas y en los celulares de uniformados ante dos escenarios: la entrada al estado de un vehículo con placas foráneas o un automóvil con dos o más hombres adentro. Si una de las dos cosas ocurrían, los policías que trabajaban para Los Zetas tenían la obligación de inventar una infracción de tránsito —casi siempre exceso de velocidad— para obligar al conductor a orillarse y detenerse.

Entonces, fingían que comunicaban a sus superiores las placas del vehículo para asegurarse que no contara con reportes de robo. Mentían. En realidad, llamaban a sus jefes criminales para describirles a los pasajeros y que Los Zetas decidieran la suerte de esos hombres: dejarlos ir o llevarlos a una casa de seguridad para un interrogatorio.

Los Zetas cuidaban a Coahuila como su guarida. Estaban convencidos de que su enemigo a muerte, el Cártel de Sinaloa, mandaba sicarios disfrazados de pasajeros inofensivos en automóviles discretos para integrar un ejército que les disputaría el territorio. Por eso, inventaron la clave 92 Sierra: un filtro de seguridad ejecutado por representantes del Estado mexicano para identificar a los enemigos de los hermanos Treviño Morales y Heriberto Lozano —Z-40, Z-42 y Z-3—, los líderes de la última letra.

No importaba que los elegidos para entrevistarse con el jefe de plaza comprobaran que eran padre e hijo, hermanos o amigos sin relación con un cártel. Al estar en presencia de un líder criminal, Los Zetas los consideraban personas que podían denunciar al Ejército la existencia de la clave Sierra 92. Entonces, enemigos o no, nunca se les volvía a ver.

Desde hace, al menos, nueve años, las autoridades conocen esa contraseña: en el Tomo 1 del expediente 109/2014 del Poder Judicial del Estado de Coahuila, cinco policías municipales de Monclova reconocen su participación en detenciones arbitrarias que se convertían en desapariciones masivas y forzadas, así como asesinatos. En su declaración revelan el secreto Sierra 92 que todos los policías municipales conocían.

“Me encontraba a bordo de mi unidad con (el policía municipal) Juan José Martínez Hernández… recuerdo que Juan José recibió una llamada del comandante Eusebio Ramírez en donde le ordenaba que se trasladara hacia el retén de Castaños a ejecutar una orden 92 Sierra y eso significa levantar a alguien, detener”, reconoce un entonces policía municipal de Monclova, Coahuila, identificado como Pedro Guedea, en un documento oficial en poder de MILENIO.

El expediente corresponde a la desaparición forzada de Héctor Rangel, Milton Aguilar e Irene Lugo, a quienes se les busca desde el 10 de noviembre de 2009. Los tres desconocían las reglas de tránsito no escritas de Los Zetas en Coahuila: es un riesgo letal que viajen dos o más hombres en un vehículo con placas foráneas.

“¿Cómo iban a saberlo, si ninguno estaba involucrado en actividades ilícitas?”, pregunta Brenda Rangel, hermana de Héctor, quien recuerda que los dos amigos y la amiga iban a recuperar una deuda del negocio familiar de venta de ropa. “¿Cuántos jóvenes desaparecen así? ¿Por qué el crimen nos cambió hasta la forma de manejar?”.

Carreteras más peligrosas

En los casi 18 años de “guerra contra el narco”, el crimen organizado alteró incluso cómo nos comportamos cuando estamos detrás del volante. Los cárteles escribieron con tinta invisible un reglamento de tránsito que esperan que todos conozcan. Ignorarlo no exime el “cumplimiento” del castigo: desaparecer o morir.

En México, la desaparición forzada se conoce por un puñado de datos publicados por la Secretaría de Gobernación: hasta ahora, van 110 mil 972 connacionales ilocalizables. En los inicios de la llamada guerra contra el narco, el peligro estaba en Coahuila, Jalisco y Chihuahua. Ahora, Jalisco es primer lugar nacional con 14 mil 888 expedientes, luego Tamaulipas con 13 mil 14 y después Edomex con 11 mil 555. El periodo de mayor riesgo para una mujer es la adolescencia, mientras que para los hombres es cuando son adultos jóvenes.

Pero esos datos no alcanzan para saber otros detalles cruciales: por ejemplo, cuántas personas desaparecieron en el trayecto de una comunidad a otra o viajando en carretera. Se trata de un agujero en los datos públicos que es especialmente importante en un país cuyos caminos se han vuelto escenas del crimen.

Una búsqueda hemerográfica hecha por MILENIO encontró, al menos, diez tramos carreteros donde cientos han desaparecido como si entraran al Triángulo de las Bermudas: Monterrey-Nuevo Laredo, Ocumicho-Tangancícuaro, Mazatlán-Culiacán, Toluca-Ciudad Altamirano, Apatzingán-Aguililla, Guadalajara-Tepic, Puebla-Córdoba, Tuxpan-Tampico, el infame “kilómetro 13 y medio” de Veracruz-Cardel y Encarnación de Díaz-Lagos de Moreno.

En algún lugar cercano a ese último camino en el norte de Jalisco raptaron a las hermanas Adriana, Olivia y Beatriz el pasado 27 de julio. Y desde el 11 de agosto, esa autopista es el foco de la búsqueda de cinco amigos desaparecidos mientras conducían hacia una feria y cuyo hallazgo mantiene al país en vilo.

Una línea de investigación inquieta a los agentes de la fiscalía local: ¿el crimen organizado secuestró a Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante por quebrar alguna regla implícita sobre cómo se circula por carretera en un país en guerra?

Los códigos del crimen: estado por estado

En Tamaulipas, la gente ha aprendido que hay un orden inalterable para preparar un viaje seguro en carretera: afinar el auto, revisar el clima y luego consultar redes sociales un hashtag: #SDR o Situaciones De Riesgo, es decir, dónde hay balaceras o secuestros en las carreteras del estado para evitarlos como quien evade un atasco o un accidente.

Entre 2006 y 2012, la página más consultada para librar a los cárteles era Valor X Tamaulipas, un perfil en Facebook alimentado por informantes ciudadanos que se jugaban la vida desde el anonimato para informar por dónde rodaban las caravanas armadas. Hoy, los #SDR se han mudado a 'X' (antes Twitter) con activistas sin rostro que siguen dando alertas en tiempo real. No consultar esa información, en tramos carreteros como La Ribereña, puede significar que un miembro de la familia no vuelva a casa.

En Sinaloa, los conductores han normalizado que no se debe tocar el claxon, ni siquiera para prevenir un accidente. Un bocinazo a la persona incorrecta puede provocar desde una golpiza hasta un secuestro. El miedo disfrazado de paciencia es una cualidad que hay que cultivar mientras se recorren los territorios de Los Chapitos.

Lo sabe bien el gobernador Rubén Rocha Moya, quien en febrero pasado reconoció que en su estado “es normal que te agredan por tocar el claxon”. Su admisión ocurrió después de que un policía municipal, Benito N., fue baleado en Culiacán por pitarle a un hombre que casi lo impacta en un crucero. Ese conductor distraído resultó ser integrante del Cártel del Pacífico.

En el Estado de México, los escoltas de jueces y magistrados que trabajan en el Servicio de Protección Federal han desarrollado la destreza de conducir a tanta velocidad como se pueda en Tierra Caliente sin el cinturón de seguridad. Lo hacen para no perder valiosos segundos por si deben huir del vehículo, en caso de una emboscada. Más vale estrellarse contra un árbol que ser secuestrado por La Familia Michoacana.

En Sonora, traileros y conductores se han adaptado a conducir sin ventanillas polarizadas en el desierto para evitar ser detenidos por halcones. En Jalisco, a viajar sin beber agua para no tener que detenerse en alguna tienda o sanitario y ser víctimas de un secuestro.

En Guanajuato, a reportarse con una familia cada vez que se cruza una caseta para que las familias sepan por dónde empezar a buscar en caso de un rapto. En Puebla, a pagar el transporte público más caro —aunque desbalancee el presupuesto semanal— para viajar en el camión que hace trayectos directos y no en el que hace paradas en carretera.

Y a nivel nacional, la mayoría de los conductores han afinado una de las habilidades más útiles en años de conflicto: aprender a distinguir entre un retén militar y uno criminal a decenas de metros de distancia. Hay que fijarse en el calzado, armamento y hasta corte de cabello de los hombres armados que marcan un alto y tomar una decisión crucial en segundos: detenerse o huir.

Una “infracción” en el reglamento de tránsito del crimen se puede pagar con la vida.

Policías halcones

Página 330 del Tomo 1 del expediente 109/2014 del Poder Judicial del Estado de Coahuila. Juzgado Primero de Instancia en Materia Penal: Carlos Aguilar Dávila, de 23 años de edad, se identifica primero como halcón del grupo de Los Zetas y luego como ex policía municipal de Monclova. Está detenido por portación de arma de uso exclusivo del Ejército por un elemento de la Secretaría de Marina, pero en su declaración también confiesa su participación en la desaparición forzada de Héctor Rangel, Milton Aguilar e Irene Lugo y su trabajo como ejecutor de la clave 92 Sierra.

“Quiero manifestar que dentro de mis funciones eran las de patrullas colonias conflictivas, atender reportes de radiooperador, al igual que todo lo que me indicaran mis superiores. De esa forma yo recibía la cantidad de 4 mil pesos mensuales y me los entregaba (el comandante) Eusebio Ramírez por concepto de soborno por parte de Los Zetas para hacerles diversos trabajos.

“Entre esos trabajos estaba la 92 Sierra, que era la orden especial para ejecutar acciones a favor de Los Zetas dentro de la compañía. Lo que llegué a realizar fueron acciones de protección, pero mi especialidad eran los retenes en donde yo tenía la obligación de detener a todos los vehículos que tuvieran placas de fuera de otros estados y especialmente los que iban con dos o más masculinos a bordo (...) Quiero manifestar que yo efectivamente detuve a las personas. Lo único que sé es que se los habían entregado al ‘Abuelo’ y que éste, a su vez, se los entregó al Quemado, que era un nuevo jefe de plaza de Los Zetas y de quien solamente sé que se llama Francisco Medina, que sólo sé que le gustaba quemar gente y por eso le decían El Quemado”.

Un año después de la desaparición de los tres amigos queretanos, El Quemado ocupó la “plaza” de Monterrey, donde mató a 52 personas calcinadas en el Casino Royale. Su récord de fuego se detuvo en abril de 2012, cuando su cuerpo fue hallado en un vehículo con el de otros tres sicarios y un lanzagranadas en el tramo carretero Nuevo Laredo-Piedras Negras.

El Abuelo duró más tiempo en libertad, pero fue detenido apenas en enero del año pasado en Ciudad Juárez. Ambos criminales aplicaron la clave 92 Sierra en Nuevo León, Chihuahua y Veracruz con saldo fatal que sólo conocen los jefes zetas.

En el mismo expediente, el policía municipal Juan José Martínez Hernández dio cuenta el 4 de agosto de 2013 ante la Subprocuraduría Especializada en Materia de Búsqueda de Personas no Localizadas de Coahuila, que el código secreto tenía otros usos en calles, avenidas, carreteras y autopistas.

“Tenía otras funciones como las de brindar seguridad perimetral a Los Zetas cuando salían de la ciudad. Llegábamos a cerrar ciertas calles del centro para que los civiles no pasaran”, contó el uniformado, quien reconoció tener un trabajo paralelo: sicario para El Z-3".

“Esa práctica (la clave secreta) las hicieron desde el 2006, sólo que las desapariciones masivas no eran tan visibles como es ahora. Esto ocurrió por todo el país: desaparecidos en manos de policías municipales y entregados al crimen organizado por una ‘falta’ al manejar”, cuenta Brenda Rangel, quien fue reconocida en diciembre de 2015 por el Nobel Women’s Iniciative por su activismo a favor de las personas desaparecidas.

“Destrozaron la vida de mi familia. La de cientos de familias que no hemos vuelto a ser las mismas. ¿Por qué manejar en México se ha vuelto una actividad de altísimo riesgo?”.

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