Autoridades mexicanas deben retirar los restos de los precursores químicos que quedan tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. Se trata de un proceso especializado que cuesta, al erario público, entre 345 mil y 1.4 millones de pesos por cada “cocina” de metanfetamina.
De 2023 a 2025, la Fiscalía General de la República (FGR), entonces dirigida por Alejandro Gertz Manero, otorgó al menos 14 contratos a empresas que controlan el mercado de la destrucción de químicos.
MILENIO analizó estos contratos, localizados a través de la plataforma CompraMX, correspondientes al complejo proceso técnico, logístico y ambiental al que la FGR está obligado por ley para intervenir en las zonas afectadas, y que en promedio arrojó un costo de 800 mil pesos por narcolaboratorio.
Este gasto no es opcional. El Ministerio Público federal está obligado, por el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a destruir los productos del delito, observando en todo momento la legislación ambiental.
Impacto ambiental de los precursores químicos
MILENIO publicó el 27 de enero una investigación sobre el impacto ambiental que generan los narcolaboratorios de metanfetamina en el país, pero la atención de estos sitios no termina con la labor de seguridad.
Al asegurar drogas y químicos, la FGR se convierte en generadora de residuos peligrosos, por lo que debe contratar a empresas especializadas para su disposición final trazable, conforme a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
En 2023, diez contratos específicos de la FGR para destruir evidencias sumaron $14.1 millones de pesos. Este monto cubrió la destrucción segura de material proveniente de, al menos, 25 eventos concretos entre laboratorios clandestinos desmantelados y carpetas de investigación.
Los contratos estuvieron repartidos principalmente entre dos firmas que dominaron el mercado ese año: Comercializadora Ecológica de Occidente y SIMARI.
El primer modelo de la Fiscalía, basado en contratos regionales, dio un giro radical hacia un solo operador nacional mediante una licitación lanzada en octubre de 2024.
La ganadora fue WASTE SERVICES, S.A. de C.V., a la que se adjudicó un contrato que podría alcanzar los 474 millones de pesos para el periodo 2025-2027, a pesar de que la empresa ya había sido sancionada por autoridades ambientales. Dicho contrato fue suscrito el 21 de noviembre pasado, sólo una semana antes de que Gertz Manero dejará la titularidad de la FGR.
El desglose del millón: Esto cuesta limpiar la basura de los narcos
En un extremo del rango está el laboratorio estándar de metanfetamina. Un contrato en Sinaloa, por ejemplo, destinó 2.76 millones de pesos para destruir la evidencia vinculada a ocho carpetas de investigación. Esto arroja un costo unitario de $345,000 pesos por sitio, reflejando un operativo de alto volumen pero con precursores químicos relativamente comunes.
El costo se eleva conforme lo hace el riesgo. Para la destrucción de un único laboratorio desmantelado en Durango —donde se aseguraron más de 11 millones de kilogramos y litros de precursores—, la FGR pagó $735,823 pesos.
El precio responde al volumen y a las "medidas excepcionales de seguridad y confidencialidad" que exigía trasladar esa carga desde la sierra de Tamazula hasta Culiacán.
Michoacán presenta casos ilustrativos: en agosto de 2023, la disposición de 4.5 toneladas de químicos y más de 12,300 objetos del delito costó $644,877.97; en abril del mismo año, otro contrato similar alcanzó los $922,405.06. La diferencia radica en los plazos y la complejidad operativa.
En el otro extremo, en Tapachula, Chiapas, la fiscalía adjudicó un contrato por $1.45 millones de pesos para la destrucción de sustancias aseguradas en un solo evento. El anexo técnico lista la incineración de fentanilo líquido, mercurio y acetato de plomo: el precio de la peligrosidad extrema.
Con los contratos revisados se confirma que durante 2023 la FGR destinó al menos $14.1 millones de pesos a este concepto, distribuidos principalmente entre dos empresas: Comercializadora Ecológica de Occidente, S.A. de C.V. (dominante en el noroeste) y Sistemas Integrales en Manejo de Residuos Industriales S. de R.L. (con presencia en el sur y centro).
En enero de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una clausura total definitiva y una multa de 14.9 millones de pesos a SIMARI, la misma firma a la que la FGR había adjudicado contratos en Chiapas y Michoacán.
El organismo difundió fotografías del operativo que mostraban el interior del predio en Tepeji del Río, Hidalgo: tambores y costales con residuos peligrosos apilados directamente sobre la tierra, formando montañas irregulares bajo el cielo abierto. Una fotografía aérea confirma la extensión del almacenamiento descontrolado, un suelo visiblemente manchado por derrames de químicos.
¿Cuánto cuesta destruir la evidencia del crimen?
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene presupuestado erogar hasta 679.9 millones de pesos entre 2025 y 2027 para la destrucción final de las drogas, precursores químicos y objetos asegurados que se incautan en sus investigaciones contra el crimen organizado.
Los montos, establecidos en dos contratos de adjudicación directa publicados en noviembre de 2025, revelan el costo logístico y de seguridad que implica deshacerse de la evidencia material más peligrosa que resulta de los operativos federales.
La empresa WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. fue la adjudicataria de ambos contratos. Los documentos oficiales detallan que el servicio incluye toda la cadena de custodia, desde la recolección en las fiscalías estatales, el traslado seguro, el almacenamiento temporal y hasta la disposición final, con la obligación de cumplir con normas ambientales y de seguridad.
Un primer contrato, valorado en hasta 474.5 millones de pesos, cubre exclusivamente 13 entidades federativas, entre las que destacan Sinaloa, Baja California, Jalisco y Sonora. En contraste, un segundo contrato, por 205.4 millones de pesos, se destina a la operación en los otros 19 estados del país, incluyendo la Ciudad de México, Guanajuato y Puebla.
Para blindar esta operación de alto riesgo, la FGR exigió a la empresa constituir garantías financieras por 216.7 millones de pesos en forma de fianzas de cumplimiento y un seguro de responsabilidad civil. Este mecanismo busca cubrir al Estado de posibles fallas operativas, accidentes o daños ambientales.
Cinco meses antes de esta adjudicación, la Profepa había clausurado parcial y temporalmente el centro de acopio de WASTE SERVICES en el Estado de México. Los inspectores encontraron que la empresa almacenaba residuos peligrosos por más de seis meses —incluyendo lámparas fluorescentes y pilas— y que el 90 por ciento de los residuos no estaban identificados.
Según el comunicado oficial de Profepa, la clausura fue levantada días después, tras el retiro de mil 500 kilogramos de residuos peligrosos. Sin embargo, es la empresa designada para manejar la evidencia más sensible del crimen organizado.
Esta empresa debe limpiar con agua y jabón
El contrato con WASTE SERVICES establece que la empresa es la única responsable de cualquier daño ambiental. Los anexos técnicos del contrato establecen un escueto protocolo que debe seguir la organización si ese desastre ocurre.
Para la limpieza de derrames de sustancias altamente peligrosas en el suelo, el documento prescribe, de manera textual, procedimientos como “inhabilitar in situ”, “descontaminación rápida mediante el lavado con agua y jabón” o “paler la mezcla”.
El método de tratamiento varía según la naturaleza de la sustancia; para sustancias como la 1-Fenil-2-propanona, la Piperidina y sus derivados —localizadas en la investigación de MILENIO—, se debe proceder a inutilizarlas “in situ” mediante la mezcla con un sólido adecuado en proporciones específicas, con el fin de neutralizar su peligrosidad.
Al finalizar cada operativo, la responsabilidad ambiental de los químicos, precursores y equipos asegurados pasa de las manos del crimen organizado a una empresa privada.
RM