Es 10 de septiembre de 2026. Un vehículo circula por las calles de Terra Bella en California. En su interior, el detective Buck vigila la cotidianidad de los habitantes de aquella pequeña localidad estadunidense hasta que al circular por el número 23284 de la avenida 84 un peculiar detalle llama su atención.
Dos hombres saliendo de un cobertizo de madera resultaron suficientes para encender las alertas del detective. A simple vista no portaban armas de fuego, ni paquetes de dudosa procedencia pero sí una herramienta poco común: una olla. Uno de los individuos cargaba dicho instrumento y ante la mirada del agente vertió la sustancia líquida que contenía en el suelo.
El agente de investigación observó con atención cada uno de los movimientos. Los hombres entraban y salían del cobertizo, del número 23284 pasaban al 23285 y viceversa. Una y otra vez. La experiencia que acumuló en sus años de servicio le advertía que algo extraño pasaba al interior de dicho predio por lo que ese mismo día el detective solicitó una orden de registro domiciliario ante el Tribunal Superior de California del Condado de Stanislaus.
Su intuición no falló. Aquel rondín de vigilancia terminó por destapar que al interior de aquellos predios en Terra Bella, el Cártel de Sinaloa había logrado instalar un laboratorio para producir metanfetaminas. La droga sintética que con frecuencia era fabricada en laboratorios clandestinos incrustados en las montañas de sierras mexicanas, ahora tenía un nuevo lugar de origen: California.
Los narcolaboratorios en México
Designar a los cárteles de la droga como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO's por sus siglas en inglés) y múltiples amenazas comerciales forman parte de la presión que el gobierno de Estados Unidos ha ejercido para combatir el narcotráfico. Donald Trump no ha titubeado. Desde su primer mandato el magnate republicano planteó la posibilidad de bombardear los laboratorios en México donde son fabricadas las drogas.
Según da cuenta la investigación de la periodista de The New York Times, Maggie Haberman, fue su entonces subsecretario de salud, el almirante Brett Giroir, quien le dijo que instalaciones de ese tipo debían ser un objetivo militar, de modo que la propuesta fue planteada al ex secretario de Defensa, Mark Esper.
Aquel pasaje, plasmado en el libro Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America (2022), se sumó a la serie de declaraciones que el presidente de Estados Unidos ha realizado sobre intervenir en territorio mexicano para "combatir al narcotráfico". La respuesta del otro lado de la frontera ha sido la negociación.
Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, han apostado por una estrategia de seguridad que, a través de la colaboración con agencias de seguridad estadunidenses, buscan combatir a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en México.
Los esfuerzos realizados a lo largo de más de dos años han estado enfocados a debilitar a los cárteles desde distintos frentes, incluyendo el desmantelamiento de los laboratorios clandestinos. De acuerdo con cifras del Gabinete de Seguridad, suman 2 mil 792 narcolaboratorios inhabilitados desde el inicio de la actual Estrategia Nacional de Seguridad.
La ofensiva coordinada desde el gobierno federal ha hecho de los laboratorios clandestinos que durante décadas han estado incrustados en las montañas de las sierras mexicanas un objetivo prioritario para las autoridades. Ante dicho panorama, no es de sorprenderse que los cárteles estén buscando los medios para adaptarse y continuar su cadena de producción, incluso del otro lado de la frontera.
Para Donald Trump, el enemigo ahora duerme en casa.
El laboratorio del Cártel de Sinaloa en EU
Como si de un capítulo de Breaking Bad se tratara, el Cártel de Sinaloa encontró la forma de instalar al menos un laboratorio clandestino en territorio estadunidense. El caso, plasmado en una denuncia penal presentada ante el Distrito Este de California, narra cómo un día después de las labores de vigilancia del detective Buck, un equipo de investigación ejecutó las órdenes de cateo giradas en los predios 23284 y 23285 de la Avenida 84 en Terra Bella, California. Dentro de la segunda vivienda fueron arrestados dos hombres: José Diarte Pérez y Carlos Beltrán Ochoa.
La inspección de los agentes se concentró en los cobertizos de madera instalados en la parte trasera de ambos predios. En su interior fueron localizados bidones de acetona, cajas de ácido muriático, tanques de propano, sartenes grandes, barriles azules de cincuenta galones, neveras portátiles, congeladores y todos los instrumentos necesarios para conformar un laboratorio de conversión de metanfetaminas.
Además de dichas herramientas, fuera de la residencia se localizó un remolque que contenía un contenedor IBC de mil litros lleno aproximadamente a dos tercios de su capacidad con una mezcla de diésel con la droga en estado líquido.
Desde años atrás, agencias de seguridad estadunidenses detectaron que los cárteles combinaban metanfetamina líquida con diésel para evitar su detección al cruzar la frontera. La acetona y el ácido muriático son utilizados para separar la droga del combustible y, de este modo, extraerla y cristalizarla.
Los agentes encargados de realizar el cateo no sólo localizaron instrumentos y metanfetamina líquida o cristalizada sino que también aseguraron al menos tres armas cortas de fuego, contadores de dinero, básculas digitales e identificaciones, incluyendo pasaportes mexicanos y una credencial emitida en Sinaloa. Según se explica en el documento judicial consultado por MILENIO, fueron alrededor de 199 mil 650 dólares en efectivo los asegurados en uno de los predios.
José Diarte Pérez fue interrogado tanto por el detective Buck como por su colega Madrigal. Si bien se le informó sobre su derecho a guardar silencio, el detenido accedió a contestar algunas preguntas: aseguró vivir en el número 23285 de la Avenida 84 y haber participado en las actividades que ahí se realizaban desde hace aproximadamente dos meses, no obstante, se negó a brindar detalles al respecto porque pondría en peligro a su familia en México.
"Cuando se le preguntó a DIARTE-Pérez sobre la procedencia de la metanfetamina, no estaba seguro, pero creía que pertenecía a Los Chapitos o a Los Mayitos. Los Chapitos es una organización de narcotráfico dirigida por los hijos de Joaquín GUZMAN-Loera, conocido como El Chapo. Los Mayitos es una organización de narcotráfico dirigida por los hijos de Ismael ZAMBADA-García, conocido como El Mayo. Tanto GUZMAN como ZAMBADA son figuras clave del conocido Cártel de Sinaloa", se lee en la denuncia penal presentada ante el Distrito Este de California consultada por MILENIO.
Además de su participación en aquel centro de producción de metanfetaminas, José Diarte Pérez contaba con antecedentes por haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos en abril de 2025. Según precisaron los reportes del Departamento de Seguridad Nacional, en dicha ocasión el hombre fue detenido por agentes de la patrulla fronteriza cerca de Otay Mesa. Un día después fue deportado a México.
El segundo detenido, Carlos Beltrán Ochoa, aseguró haber llegado a dicho predio hace seis días e intentó deslindarse de las actividades que se realizaban en los cobertizos de madera al afirmar que él únicamente alimentaba al ganado que se encontraba en el predio.
Un tercer detenido figuró en la trama. Los agentes lo identificaron como Lamberto Elorza Chávez un mexicano que también contaba con antecedentes de deportación en 2012 pero había logrado reingresar nuevamente a Estados Unidos de forma irregular.
Elorza Chávez contaba con una licencia de conducir emitida en California y aseguró ser el propietario de la vivienda ubicada en el número 23284 de la Avenida 84 en Terra Bella. Pese a que en su residencia agentes localizaron armas de fuego, inventarios y al menos 400 mil dólares en efectivo, el detenido negó tener relación alguna con el predio vecino y las personas que lo habitaban.
La acusación
Los hallazgos en aquellos predios de Terra Bella fueron presentados ante el Distrito Este de California en miras de obtener una acusación formal en contra de José Diarte Pérez y Carlos Beltrán Ochoa por delitos relacionados a la posesión con intención de distribuir metanfetamina, así como conspiración para producir, distribuir y poseer con intenciones de distribuir la misma droga.
Sobre Lamberto Elorza Chávez trascendió su probable participación en el delito de posesión de arma de fuego, además de su estadía irregular en Estados Unidos.
Quince días después de haber sido arrestados, Carlos Beltrán Ochoa y José Diarte Pérez fueron formalmente acusados por el caso ante una corte federal de Distrito Este de California. Mientras ambos libran su arduo proceso legal, aquel narcolaboratorio localizado en territorio estadunidense abre un nuevo capítulo en el combate binacional al narcotráfico cuya evolución lo ha llevado a mudar sus centros de operaciones del otro lado de la frontera.