La historia de Julio César Cervantes revela una cadena de omisiones institucionales que convirtió su caso en una tragedia marcada por la negligencia. El hombre, de 49 años y con discapacidad intelectual, desapareció en 2021 en la alcaldía Álvaro Obregón. Tres años después, su madre descubrió que había muerto y que su cuerpo fue enviado a una institución educativa sin que ella fuera notificada.
Esta semana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ofreció una disculpa pública a Laura, madre de Julio César, tras reconocer fallas graves en la búsqueda e identificación de su hijo. La Comisión de Derechos Humanos capitalina concluyó que las autoridades ignoraron la condición de discapacidad de Julio César al activar los protocolos, omitiendo una estrategia diferenciada y necesaria para su caso.
Laura, hoy de 73 años, pasó de ser madre a convertirse en buscadora. Como integrante del colectivo Una Luz en el Camino, recorrió diversas zonas del país y acudió constantemente al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) esperando hallar alguna pista. Sin embargo, mientras ella lo buscaba, las instituciones ya tenían información sobre su paradero.
En enero de 2024, policías capitalinos recibieron el reporte de una persona abandonada en calles de Coyoacán: era Julio César. Pese al hallazgo, Laura no fue informada de inmediato. Meses después, descubrió que, tras su ingreso al Incifo, el cuerpo de su hijo había sido enviado al Instituto Politécnico Nacional (IPN) para prácticas académicas. “Mi hijo merecía ser respetado”, reclamó durante el acto de disculpa pública.
Una cadena de omisiones institucionales
El caso quedó documentado en la recomendación 09/2025 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde se señala la falta de coordinación entre las autoridades encargadas de la localización y aquellas que resguardaban el cuerpo. Especialistas y colectivos calificaron el hecho como una “doble desaparición”: la física, en 2021, y la administrativa, por las fallas posteriores a su muerte.
Señalaron, además, que el cuerpo nunca debió entregarse a una institución educativa, ya que la legislación vigente prohíbe utilizar cuerpos de personas no identificadas para fines académicos sin cumplir protocolos específicos. Laura logró recuperar los restos de su hijo únicamente tras ejercer presión sobre la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda. “Mi familia ya no volvió a ser la misma. Mi familia está rota”, expresó.
La disculpa no borra el daño
Durante el acto oficial, las autoridades capitalinas reconocieron que la búsqueda de Julio César fue tratada como la de “una persona común”, sin considerar su vulnerabilidad. La Fiscalía aseguró que la disculpa busca ser una garantía de no repetición; no obstante, para Laura, el reconocimiento llega demasiado tarde.
En los próximos meses, el Incifo también deberá ofrecer una disculpa pública por su actuación. Mientras tanto, los colectivos consideran que esta historia evidencia las fallas estructurales que persisten en los procesos de localización, identificación y trato digno de las personas desaparecidas en la Ciudad de México.
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Con información de Erika Flores.