Los procuradores y fiscales generales de justicia del país se comprometieron a reforzar las investigaciones para castigar a los responsables de las agresiones, directas e indirectas, a precandidatos, candidatos y funcionarios partidistas, de las que un porcentaje importante ha sido contra mujeres.
Reconocieron que la existencia de temor e inseguridad que ocasiona entre la ciudadanía la percepción de violencia en el actual proceso puede inhibir su participación en el ejercicio de sus derechos políticos.
Víctor Carrancá, fiscal general de Puebla y vocero de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, exhorto a la ciudadanía a denunciar y a colaborar en las investigaciones para esclarecer los hechos y procesar a los acusados.
Acompañado de Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de PGR, y de Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, señaló:
“Los procuradores y fiscales generales del país rechazan la violencia durante el proceso electoral, de manera particular contra las mujeres, y asumen el compromiso de reforzar las acciones de investigación y persecución para esclarecer los hechos y castigar a los culpables”.
Carrancá recordó que varias instituciones, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fepade, se han manifestado públicamente por frenar esa violencia, y corresponde a las procuradurías y fiscalías la persecución de los imputados por esos hechos de violencia.
“Es por ello que las y los procuradores y fiscales generales envían el mensaje conjunto a la sociedad civil de que las instituciones de procuración de justicia rechazan la violencia política y se comprometen a reforzar las acciones de investigación para lograr la persecución de los delitos”, expresó.
El objetivo de este llamado, abundó el vocero, es contribuir a la confianza ciudadana en las instituciones públicas de procuración de justicia en días previos a los comicios, lo que coadyuvará al voto libre en las urnas.
Durante el actual proceso electoral, más de cien candidatos, precandidatos y actores políticos han sido asesinados; en algunos casos se presume que los responsables de los ataques fueron integrantes del crimen organizado.
Hasta la semana pasada, la Policía Federal tenía 49 solicitudes para brindar protección a igual número de candidatos a diversos puestos de elección popular en el país, de los cuales 12 ya cuentan con seguridad ante el riesgo que enfrentan.
Cinco más no aplicaron porque se determinó que no requieren apoyo policial. Actualmente hay 32 solicitudes que se encuentran en trámite y en breve se resolverá si los aspirantes son acreedores a recibir protección.
El pasado jueves, Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, aseguró, tras reunirse con los procuradores y fiscales, que desde el año pasado advirtió a sus homólogos que existía el riesgo de que la violencia se trasladara al ámbito electoral, pero nunca imaginó el nivel que alcanzaría.
“Yo creo que me quedé corto, porque la situación se ha ido a los estados y se presenta lamentablemente, reiteradamente, en el ámbito electoral; ha sido sin duda un paso desafortunado en donde se han perdido muchas vidas y creo que la delincuencia se ha envalentonado, se mete con facilidad y le quita la vida a quien cree que no le va a servir”, dijo.