Un juez federal admitió a trámite la demanda de amparo que interpusieron organizaciones civiles contra el Senado por la omisión de designar al Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República (FGR), al que consideran uno de los principales contrapesos de la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero.
En el juicio de garantías, los organismos Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, así como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, argumentaron que pese a que venció el plazo de ley, hasta la fecha no ha sido emitida la convocatoria con los requisitos, criterios ni plazos para que cualquier persona pueda participar en el concurso de selección.
El Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa con sede en Ciudad de México deberá resolver sobre el incumplimiento en la designación de los consejeros ciudadanos de la FGR, tal como lo dispone el artículo 41 de la Ley Orgánica de esta institución.
Ambas organizaciones civiles indicaron que el juez tendrá que decidir si las omisiones y faltas atribuibles al Senado de la República violan la Constitución y las leyes.
Destacaron que el consejo es uno de los principales contrapesos de la Fiscalía y un espacio fundamental de participación ciudadana, por lo que “mientras el Senado incumpla con su deber, no habrá escrutinio social sobre el desempeño del fiscal Gertz Manero”.
Expusieron que en abril de 2019, el Senado se limitó a integrar una comisión de senadores para este propósito, que desde entonces no ha reportado ningún avance en su mandato.
“El Consejo Ciudadano de la FGR es un órgano de consulta, integrado por ciudadanos de reconocida probidad y prestigio, cuya finalidad es acompañar al fiscal en la definición de estrategias y políticas en materia de procuración de justicia.
“Se trata de uno de los principales contrapesos de la Fiscalía y un espacio fundamental de participación ciudadana, con facultades para revisar y opinar sobre el trabajo y los planes del Fiscal General”, puntualizaron.
La Ley Orgánica de la FGR le concede a dicho Consejo la facultad de opinar, dar seguimiento y emitir recomendaciones públicas sobre el contenido e implementación del Plan de Persecución Penal que presente el Fiscal General.
“Al no haberse nombrado a los miembros del Consejo Ciudadano, no existe escrutinio social sobre el desempeño de Gertz Manero”, sostuvo Carlos Guerrero, presidente del consejo de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano.
José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que “la integración del Consejo Ciudadano es de la mayor relevancia, en miras a la próxima aprobación del Plan de Persecución Penal”.
bgpa