Un grupo de madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa acusaron que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), repitió prácticas de opacidad que en el pasado minaron la credibilidad de la investigación, al realizar sin su presencia el aseguramiento de una funeraria donde fue localizada una bolsa que presuntamente contiene restos óseos.
En un nuevo escrito, los familiares sostuvieron que el hallazgo, realizado en octubre de 2025 en la funeraria 'El Ángel', en Iguala, Guerrero,
“ha puesto de manifiesto y de nueva cuenta una preocupante continuidad en las deficiencias metodológicas y procesales del Estado mexicano”.
Manifestaron que la diligencia ministerial se efectuó “de manera aislada, omitiendo por completo convocar a las madres y padres de los 43 normalistas, así como a sus asesores legales”, entre ellos el Centro Prodh y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Aseguraron que, “esta exclusión de las familias repite las prácticas de opacidad que en el pasado sepultaron la credibilidad de la investigación”, al recordar los peritajes realizados en el río San Juan, en Cocula, Guerrero.
Los familiares de las víctimas desaparecidas afirmaron que la actuación de la UEILCA vulneró el derecho de participación conjunta previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y el Protocolo Homologado de Búsqueda, lo que, advirtieron, podría abrir la puerta a que las defensas de los imputados aleguen una ruptura de la cadena de custodia y soliciten la nulidad de la prueba.
Testigos protegidos
En el documento también cuestionaron que el hallazgo pretenda respaldar las declaraciones de los testigos colaboradores Gildardo López Astudillo, con nombre clave 'Juan', y Ernesto Ramírez Gómez, 'Neto', respecto al supuesto uso de hornos crematorios privados.
“La narrativa oficial pretende sostener, a toda costa, los dichos de estos informantes respecto al uso de hornos crematorios privados”, destacaron.
Aseguraron que esa hipótesis “colisiona de frente con la física y la lógica de la investigación criminal”, al sostener que existe una incompatibilidad pericial entre los restos que pudieron ser sometidos a una cremación industrial y aquellos que presentan huellas de una combustión a cielo abierto.
De acuerdo con las madres y los padres, “es científicamente imposible homologar la huella molecular que deja un horno crematorio comercial alimentado por gas LP con aquella producida por la pira a cielo abierto descrita en la ‘verdad histórica’”.
Los familiares también cuestionaron que, al acudir a la funeraria entre marzo y abril de 2026, observaron que la bolsa permanecía sellada y aparentemente en el mismo sitio donde fue localizada meses atrás.
“¿Cómo es posible que, tras casi medio año del hallazgo, el Ministerio Público mantuviera el paquete intacto, abandonado y sin dar intervención inmediata a los peritos forenses para el análisis científico de su contenido?”, preguntaron.
Debido al proceso
Añadieron que otra interrogante es “¿Cómo es que la Fiscalía les aseguró... que la talega contenía restos humanos si formalmente nadie había roto el sello para periciar su interior?”
Advirtieron que, si las defensas promueven un incidente de nulidad por la exclusión de las víctimas, el abandono del indicio y la ruptura de la cadena de custodia,
“los jueces federales podrían verse obligados a decretar la nulidad absoluta de la bolsa etiquetada de 2014”.
Los familiares señalaron que, aun cuando laboratorios especializados lograran obtener perfiles genéticos de los restos, estos podrían carecer de valor jurídico si se acredita que fueron obtenidos con violaciones al debido proceso.
Por ello, demandaron la entrega inmediata de los restos al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para la realización de un peritaje independiente y exigieron investigar administrativa y penalmente a los funcionarios que participaron en el procesamiento del inmueble.
Recordaron que siguen pendientes los estudios de 114 restos óseos cuya remisión a laboratorios de la Universidad de Innsbruck fue propuesta en la Recomendación 15VG/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“La justicia para Ayotzinapa sigue atrapada en un laberinto de simulación; el laberinto donde el afán de colgarse medallas con nuevos hallazgos, vuelve a pisotear las leyes que las propias familias forzaron a construir con dolor y digna rabia”, concluye el escrito.
DG