Estuvo casi tres meses en prisión por un robo a mano armada que no cometió. La falsa acusación de la procuraduría capitalina le pudo haber costado 14 años en la cárcel, pena que el Ministerio Público pidió al juez.
Errores y omisiones de las autoridades se combinaron para denegar justicia, hasta que el MP fue incapaz de sostener la imputación.
Jorge Eduardo Martínez Leyva, de 18 años, fue encarcelado en noviembre de 2017 tras haber sido acusado de asaltar con violencia a una persona, lo que fue avalado por la fiscalía de Azcapotzalco que encabezaba Diego Flores Mejía.
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Los cargos se realizaron pese a que videos de las cámaras de seguridad y vigilancia de Ciudad de México y la propia víctima revelaron que él no era el delincuente.
Clemente Sandoval, abogado del joven, manifestó que en este caso "se fabricó un culpable".
El denunciante Lorenzo "N" declaró que un delincuente lo asaltó y abordó una camioneta Toyota roja, lo que generó el folio de emergencia C5/1711/17/03341, mediante el cual el Centro de Control y Comando C2 inició la búsqueda.
Alrededor de 16 minutos después, el operador de videocámaras Jesús Salas detectó circulando en la zona del asalto una Toyota de modelo reciente guinda en la que iba el imputado con unos amigos.
El vehículo no era el mismo al que subió el criminal; con base en la videovigilancia, policías preventivos detuvieron al imputado y tres jóvenes más que lo acompañaban, entre ellos su hermano.
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Lorenzo, la víctima, dijo a un mando de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina que ninguno de los detenidos era el delincuente, pero el servidor público le dijo que debía sostener la acusación "porque realizamos un operativo y arriesgué a mi personal".
Todos fueron trasladados a la Fiscalía de Azcapotzalco y fueron presentados sin arma alguna ante el Ministerio Público, que inició la carpeta de investigación CI/FAZ/ AZ-2/UI-2, por robo agravado.
Con autorización del fiscal Flores Mejía, todos fueron presentados ante un juez de control e ingresados a un penal de Ciudad de México.
Tres de ellos obtuvieron su libertad una semana después, "pero en el caso de Martínez Leyva fue evidente la violación al debido proceso", explicó el abogado.
Pasaron casi tres meses y ante la falta de elementos para sostener la imputación, la procuraduría se desistió de la acción penal
jbh