El Poder Judicial de la Federación (PJF) apoyará en la capacitación de 82 mil 747 miembros que se integrarán desde las fuerzas armadas a la Guardia Nacional, cuya operación es indispensable para evitar el colapso en el combate al crimen organizado, pero "representará un aumento sin precedente en la cantidad de asuntos que se judicializarán derivado de operativos, detenciones y puestas a disposición de la autoridad ministerial".
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De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, están contemplados 100 millones de pesos para hacer frente a la carga de los nuevos casos que se judicializarán una vez que entren en vigor las reformas de combate a la delincuencia organizada y a la corrupción.
"El inicio de funciones de la Guardia Nacional exige que sus integrantes actúen a partir de una nueva lógica que requiere de una capacitación exhaustiva e integral, pues el combate a la delincuencia organizada desde el respeto irrestricto a los derechos humanos legitima la actuación del Estado.
"En este contexto, el PJF se ha comprometido a colaborar en la capacitación de los 82 mil 747 miembros que se integran desde las fuerzas armadas a este nuevo cuerpo en torno a los principios de absoluta necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad, particularmente en casos de uso de fuerza letal, todo en colaboración con la Fiscalía General de la República y la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos".
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En el documento se destaca que el combate a la corrupción y a la delincuencia organizada son la prioridad más apremiante para el Estado mexicano.
"Y como todo asunto de Estado, requieren de un abordaje coordinado por parte de todos los poderes estatales. Es por ello que el Poder Judicial asume su compromiso y plantea la atención de las necesidades que surgen del funcionamiento de la Guardia Nacional, las reformas constitucionales y legales en materia de extinción de dominio y prisión preventiva, y de la implementación del nuevo sistema de justicia para adolescentes".
Señala que conforme a lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, durante sus primeros cinco años de funcionamiento, el presidente podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
"Lo anterior es fundamental para evitar el colapso en el combate al crimen organizado y en la misión por recuperar la paz y la estabilidad en el país. Esto conlleva que, de inmediato, aumente significativamente el número de servidores públicos que pasan de desempeñar labores de auxilio en materia de seguridad pública, a iniciar operaciones como primeros respondientes.
"A su vez, conlleva un aumento exponencial en el número de efectivos que realizarán labores de detención e interacción directa con la ciudadanía, como parte de la nueva estrategia de combate a la delincuencia organizada".
RLO