Puebla aumenta el número de detenciones de funcionarios públicos por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones, tortura, violencia sexual, entre otros, quienes esperan el avance de su proceso legal.
El último caso fue el de Juan Carlos Fernández Jasso, ex director de Museos de Puebla, quien fue detenido el 28 de febrero por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) mientras se encontraba al interior de su galería de arte en el Barrio del Alto, en la 12 Norte entre 8 y 15 Oriente, cerca de Paseo de San Francisco; no obstante, hasta el cierre de esta edición no se informó sobre su actual paradero o estatus legal.
En este caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que Fernández Jasso podría estar involucrado con actos de corrupción cuando se desempeñó como subsecretario de Medio Ambiente en el sexenio del ex gobernador Mario Marín; asimismo se especula que dichos actos habrían sido la autorización ilegal de verificentros en el estado.
También podría estar en la mira de la justicia por una investigación derivada de una auditoría que realizó la Secretaría de Cultura el año pasado, en la cual se reveló que 21 museos acumulaban una pérdida de 5 mil 981 piezas de arte tras el manejo de gobiernos pasados.
Un día anterior, alrededor de las 22:10 horas, sobre la carretera federal Atlixco-Izúcar de Matamoros, agentes ministeriales cumplieron una orden de aprehensión en contra del ex diputado federal y ex titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla (SMT), Guillermo Aréchiga Santamaría, por su presunta relación con actos de corrupción durante sus funciones como servidor público.
Cabe señalar que el 11 de marzo del 2021 se llevó a cabo un operativo en las oficinas de la SMT en la colonia La Paz, donde Aréchiga evitó la sustracción de documentos y cualquier tipo material probatorio que pudiese ser de utilidad para las autoridades.
Sin embargo, en junio del 2021, el gobernador Miguel Barbosa señaló que ya existían denuncias penales en contra del ex funcionario ante la FGE, mismas que estarían dirigidas al reclamo por la presunta venta de concesiones de manera Ilícita y las cuales el mandatario poblano apuntó que serían próximamente.
Ambos casos se dieron solo tres días después de que José Francisco Romero Serrano, auditor superior del estado con suspensión, fuera enviado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel por su presunta relación en el delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita. A esto se suma la investigación del 23 de octubre del 2021, cuando fue señalado por el delito de violencia familiar en agravio del hijo de su pareja sentimental. Durante dicho proceso, Francisco Romero fue suspendido de su cargo público como auditor superior del Estado, sin embargo, podría ser revocado su nombramiento.
Sin embargo, otro tipo de delitos habrían cometido políticos poblanos. El 18 de febrero de 2022, el ex diputado federal de la bancada de Morena, Saúl Huerta Corona, fue vinculado a proceso en dos ocasiones por la FGE por los señalamientos de violación y la segunda por violación y abuso sexual, ambos en agravio de menores de edad de Puebla. Ambas imputaciones fueron sumadas a las investigaciones que enfrenta por acusaciones similares, por las cuales se le denunció ante el consulado de San Bernardino, California, en Estados Unidos y una más ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCdMx).
A esta lista se suma la detención del ex contralor y ex diputado federal, Eukid Castañón Herrera, actualmente preso en un penal federal de Durango al ser vinculado a proceso por distintos delitos como falsedad en declaraciones, extorsión, amenazas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, Oscar Chapa Palomeque, ex oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública durante el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido en 2019, fue procesado por un sobrecosto de más de 30 millones de pesos en uniformes escolares; fue enviado a prisión preventiva donde murió el 3 de mayo del 2021 a causa de una deficiencia cardíaca.
Otra línea política que no está exenta de la cárcel es la del marinismo, pues su líder principal, el exgobernador Mario Marín Torres, ahora está recluido en Quintana Roo por su probable participación en el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, a quien presuntamente mandó a encarcelar por relacionarlo a una red de pederastia encabezada por los empresarios libaneses Kamel Nacif Borge y Jean Succar Kuri.
A él se suma el exsecretario de Gobernación estatal, Valentín Meneses Rojas, mismo que permaneció de febrero a mayo de 2021 en prisión tras una denuncia que el gobierno de Barbosa Huerta presentó en su contra por supuestamente autorizar preliberaciones de delincuentes que cometieron delitos de alto impacto, a cambio de cuotas económicas. Obtuvo su libertad con un amparo federal, pero su juicio sigue abierto.
Por ello, las detenciones no se han concentrado solo en funcionarios del estado y diputados, sino también a representantes del poder. Tal es el caso de Leoncio Paisano Arias, ex presidente municipal de San Andrés Cholula en el periodo de 2014-2018, quien fue vinculado a proceso el 18 de abril del 2021 por el delito incumplimiento de su deber y daño patrimonial por 42 millones de pesos.
Otros nombres que forman parte de esta lista son el ex jefe de Oficina de Fernando Manzanilla en la Secretaría General de Gobierno (SGG), Bernardo Fernández Tanús, aprehendido por ejercicio indebido de funciones públicas; Alejandro Martinez Fuentes, ex alcalde de Quecholac, detenido el 27 de septiembre del 2021 por los delitos de abuso de autoridad; y Xabier Albizuri Morett, ex director de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte, por desvío de recursos; y Felipe Patjane, el alcalde de Tehuacán, por uso indebido de funciones.
AFM