Los jueces investigados por la fuga de tres reos del reclusorio Sur de la Ciudad de México, han llevado casos polémicos del crimen organizado, favoreciendo a los presuntos criminales.
El juez de Distrito Marcos Vargas Solano, especializado en el Sistema Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la capital es responsable del regreso al penal capitalino de Víctor Manuel Félix Beltrán, quien presuntamente llevaba las finanzas de los hijos del capo Joaquín El Chapo Guzmán.
Este presunto criminal, de acuerdo a su peligrosidad, ya se encontraba en el penal del Altiplano; sin embargo Vargas Solano ordenó su regreso al reclusorio Sur.
En julio de 2017 este mismo juez llevó el caso de los escoltas del otrora líder del cártel de Sinaloa, Dámaso López Núñez, a quienes favoreció con su libertad, al considerar que hubo errores de procedimiento.
Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de distrito en la Ciudad de México, ordenó en marzo de 2019 la liberación de los presuntos asesinos del teniente coronel José Guadalupe Barrientos, mando militar que encabezaba un operativo en contra de sus cuatro asesinos, al considerar que se habían violado los derechos humanos de los inculpados.
Villar Ceballos sólo consideró los testimonios de los detenidos, dejando de lado la declaración de los demás miembros del operativo militar.
La juez de distrito María Elena Cardona Ramos, conocida en el circuito como "La juez de las multas suaves", fue la encargada de imputar a funcionarios y ex funcionarios públicos relacionados con el narcotráfico con multas que iban desde la oportunidad de continuar su proceso en libertad hasta la misma liberación de los supuestos involucrados en este tipo de delitos.
Uno de sus beneficiarios fue el general Eduardo León Trauwitz cuando en mayo de 2019 fue acusado de robo de combustible de Pemex, donde fungió como subdirector de Salvaguarda Estratégica de la dependencia federal.
Por último, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna estuvo involucrado en casos como el de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosarios Robles, el cual no lo llevará a término por el supuesto conflicto de intereses que presume la defensa de la inculpada.
Otro caso fue la liberación de 27 de los detenidos en un operativo que realizaron las autoridades en el barrio de Tepito.
bgpa