México acaba de atravesar por lo que es considerado por organizaciones civiles como el periodo electoral más violento de la historia moderna del país. Desde el norte y hasta el sur del territorio nacional, en los últimos meses se acrecentó el número de funcionarios y candidatos a cargos públicos, especialmente a nivel municipal, que fueron víctimas de ataques armados u otro tipo de agresiones como secuestros y amenazas.
Cifras recabadas por Causa en Común apuntan a que, desde junio de 2023 y hasta el pasado tres de junio del año en curso, fueron asesinados un total de 63 actores políticos en 17 de las 32 entidades que conforman al país.
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Del total de homicidios registrados en la pasada jornada electoral, 37 de los casos eran aspirantes o candidatos; el 30% contendía por Morena, el 42% por la coalición opositora del PRI, PAN y el PRD, 8% a Movimiento Ciudadano y el restante a partidos locales.
La organización civil apuntó también que el 92% de los aspirantes o candidatos asesinados pertenecían al ámbito municipal, lo que vislumbró cómo la violencia acecha en específico a los actores políticos de ese nivel en una dinámica en la que también interactúa otro factor: la delincuencia organizada.
El poder político y el campo delictivo
El hampa del país se ha configurado a lo largo de las décadas, no obstante, México ha sido el escenario en donde organizaciones delictivas de gran poder y de carácter transnacional -como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)- se han desarrollado.
De acuerdo con el Doctor en Sociología , Luis Astorga, en el país azteca este factor está relacionado a la subordinación estructural que tiene el campo delictivo al poder político.
"No se conoce en el mundo ninguna sociedad donde haya un poder delictivo sin ningún tipo de relación con el poder político o con instituciones policiales o militares. Algún tipo de relación hay, nunca son mundos separados [...] dicho de otra manera, se da una interrelación entre el poder económico, el delictivo, el político y militar por lo que hay que ver de qué lado se inclina la balanza en cada una de los municipios, estados y regiones del país", explicó en entrevista con MILENIO el también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
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La dependencia estructural del campo delictivo al poder político en México también se ha reconfigurado con el paso de los años, en específico con la alternancia a nivel federal que llegó a inicios de los 2000 's con la salida del PRI.
Desde entonces y hasta la actualidad han surgido múltiples partidos políticos que han buscado gobernar demarcaciones a nivel municipal y estatal en donde también tienen intereses las organizaciones delictivas.
"Se olvidaron de esa dependencia estructural histórica del poder delictivo al poder político entonces la desarticulación de los mecanismos de control que tenía el partido hegemónico durante varias décadas se empieza a desarticular en la misma medida en que hay una alternancia política, es decir, ya no es solo un partido ya van a ser varios que estarán en posiciones de los tres niveles de gobierno", profundizó el Doctor en Sociología, Luis Astorga.
El acecho a los municipios
En febrero de 2023, un informe enviado por el Oficial de Enlace del Comando Norte de Estados Unidos, el teniente coronel de Infantería del Estado Mayor, Óscar Hernández Reyes, consultado por Rubén Mosso para MILENIO expuso que el CJNG se ha expandido con gran rapidez a todos los estados del país con excepción de algunas zonas de Sinaloa, Durango y Chihuahua.
Al igual que Cártel de Sinaloa, la organización delictiva que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes ha logrado expandir su imperio criminal a distintas regiones del país a través de una estrategia de invasión que contempla la expulsión de grupos criminales locales que se nieguen a colaborar con ellos.
Si bien dicha cuestión ha generado “narco guerras” internas por el control de determinadas plazas, dentro de esa dinámica los municipios y sus respectivos gobiernos también juegan un papel de sumo interés para las organizaciones delictivas.
"Cada municipio tiene un presupuesto en materia de seguridad, elementos de seguridad, patrullas, radios, armas y sobre todo atribuciones para poder realizar operativos, detenciones y capturas. Los grupos del narcotráfico se están disputando el control de las policías locales y en consecuencia el control de las presidencias municipales", explicó en entrevista con MILENIO el analista en seguridad pública, David Saucedo.
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Pese a que existen localidades que por su ubicación geográfica son de mayor importancia que otras, las organizaciones delictivas buscan apoderarse de municipios colindantes a su dominio para, poco a poco, ir avanzando posiciones en su disputa con los grupos criminales rivales.
En su análisis David Saucedo apunta a que esta estrategia incluso se ve reflejada en los índices de homicidios de regidores, presidentes municipales, políticos o jefes policiales los cuales se registran en la zona de choque entre el respectivo dominio de cada organización delictiva.
"Lo que vemos son asesinatos, ataques en contra de jefes policiacos, funcionarios municipales, alcaldes, diputados porque ellos forman parte también de la estructura de protección de los grupos del narcotráfico", puntualizó el analista en seguridad pública.
La dinámica político - criminal también contempla la cooptación que gobiernos municipales puedan llegar a tener con la delincuencia organizada, una situación que David Saucedo describe como frecuente en estados como Michoacán.
Es así como los grupos del narcotráfico ya no solo se disputan el control de rutas para el trasiego de drogas y sus economía ilegales -como la extorsión, el narcomenudeo o la tala clandestina- sino también el respaldo político y judicial de los gobiernos municipales.
Con dichos precedentes, la violencia en contra de actores políticos -en funciones o electos- continuará siendo una constante en distintos municipios en medida de que las organizaciones delictivas sigan expandiéndose para ampliar su imperio criminal.
ATJ