Un juez federal dictó sentencias condenatorias de hasta 504 años de prisión contra cuatro personas que formaban parte de la banda de secuestradores denominada Los Flacos, la cual operaba en el Estado de México.
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los integrantes de este grupo criminal cometió secuestros en los municipios mexiquenses de Cuautitlán Izcalli, Jilotepec, Coacalco y Tultitlán.
El juzgador encontró penalmente responsable de los delitos de delincuencia organizada (hipótesis de secuestro) y secuestro en agravio de 13 víctimas, a Humberto Omar Peña Novelo, El Orco, imponiéndole la pena de 504 años de prisión y nueve mil 350 días multa.
Jesús Jerónimo Villanueva Figueroa, La Pájara Peggy, y Gabriel Mirón Morales, El Core, fueron hallados responsables del delito de secuestro contra cuatro víctimas, y se les condenó a 190 años de prisión y 3 mil 500 días multa.
También sentenció por el delito de secuestro en agravio de una víctima, a Sofía Viridiana Sánchez Guerra, La Viri, y le impuso la pena de 40 años de prisión y 700 días multa.
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En enero de 2011, la Secretaría de Seguridad Pública federal informó que capturó a Humberto Omar Peña junto con Karla Castro Ramírez, La Gorda, identificada como la encargada de alimentar y custodiar a las víctimas.
También se detuvo a Juan Estrada Rivera, El Estrada, quien además de alimentar y custodiar a las víctimas, se dedicaba al narcomenudeo en diversas localidades de Puebla. Mientras que Fernando Gil Romero, El Z, fue señalado como responsable del homicidio y desaparición de los restos de las víctimas secuestradas.
La entonces secretaría mencionó que la organización de Los Flacos, a quienes se les relacionaba con varias averiguaciones previas, operaba con un alto grado de violencia al privar de su libertad a comerciantes principalmente en el Estado de México, además de Puebla y Tlaxcala.
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La Policía Federal pudo conocer que la forma de operar de Los Flacos consistía en citar mediante engaños a las víctimas para después interceptarlas y solicitar su rescate; una vez obtenida su exigencia económica, en ocasiones, privaban de la vida a las personas plagiadas para después abandonar sus restos en la zona de Tepozotlán y otros parajes del Estado de México.
Como medida de presión hacia los familiares, los integrantes de este grupo delictivo comunicaban a las víctimas vía telefónica y una vez que obtenían el pago por el rescate, privaban de la vida a las personas que plagiaban.
Las investigaciones realizadas por policías federales detallan que el pago por el rescate de sus víctimas tenía lugar sobre los puentes peatonales o vehiculares de la carretera México-Querétaro, el tramo Lechería-Chamapa y la Vía José López Portillo, donde hombres armados recogían el dinero.
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