En el sistema de justicia existen algunas figuras legales que permiten que las personas acusadas de algún delito o presuntos participes de algún ilícito enfrenten su proceso no necesariamente en alguna celda dentro de un centro penitenciario, y una de ellas es la prisión domiciliaria.
Cuando una persona es señalada de cometer un delito se inicia un proceso en el que se busca demostrar su inocencia o culpabilidad, e incluso estando sentenciada, existe la posibilidad de no estar en la cárcel sino en casa. Esto se debe a que un juez puede determinarle alguna medida cautelar, es decir, una restricción o limitación temporal impuesta al imputado, según señala el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Han sido varias las personas que han intentado demostrar que su proceso debe continuarse en casa, en la mayoría de los casos, por encontrarse bajo algún riesgo de salud. Tales caso son analizados durante audiencias por un juez, quien determinará si la medida cautelar debe aplicarse al imputado.
Existen diversas medidas cautelares cuyo objetivo es "asegurar la presencia del imputado en el proceso, garantizar la seguridad de las partes (víctima, ofendido, testigo) y evitar la obstaculización del procedimiento", como lo estipula órgano judicial.
De acuerdo con el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá imponer al imputado la prisión domiciliaria o arraigo domiciliario, pero "las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada".
¿Qué es y cómo funciona la prisión domiciliaria?
Sonia Juárez Moreno, maestra en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó en entrevista con MILENIO que la prisión domiciliaria no se puede aplicar a todas las personas o ante cualquier delito, pero "se otorgará de acuerdo a la gravedad del ilícito, o que, por ejemplo, la persona no tenga antecedentes penales o sea primodelincuente, pero éste último caso será a criterio del juez".
La prisión domiciliaria puede darse "durante el procedimiento y una vez dictada la sentencia". Mientras la persona esté bajo esta medida se le podrá colocar un localizador electrónico que registrará si intenta ir más allá del domicilio donde dijo que estaría, pero en caso de desplazarse más de lo permitido se le retirará el beneficio al entenderse que intentó sustraerse de la justicia, es decir, huir y por lo tanto la persona pierde el arraigo domiciliario y debe regresar a la cárcel.
De 'Don Neto' a Rosario Robles
El artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que "en el caso de que el imputado sea una persona mayor de 70 años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan".
A continuación un listado de algunas personalidades, desde narcotraficantes hasta servidores públicos, que fueron detenidos por uno o varios delitos, pero que a través de sus abogados consiguieron obtener la prisión domiciliaria y llevar su proceso en algún inmueble o casa.
Cipriano Charrez
El 20 de septiembre de 2019, el ahora ex diputado Cipriano Charrez Pedraza fue detenido en la Ciudad de México por el delito de homicidio culposo por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.
Charrez Pedraza había obtenido un amparo del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo para evitar ser aprehendido; sin embargo, fue detenido sorpresivamente.
El ex legislador federal de Morena es señalado de presunto homicidio culposo y omisión de auxilio tras ver ese inmiscuido en un accidente de tránsito en octubre del 2018 en el municipio de Ixmiquilpan en donde un joven perdió la vida.
El 1 de diciembre de 2019 fue vinculado a proceso por el presunto delito de homicidio doloso y omisión de auxilio en agravio del joven Iván F.M. de 21 años de edad. Esto un año y un mes después de que se viera involucrado en el incidente vial.
El Ministerio Público lo señaló, de acuerdo con testigos presenciales, de conducir su camioneta Ford tipo Raptor bajo los influjos del alcohol a exceso de velocidad y de no respetar el semáforo en rojo por lo que impactó a un Volkswagen tipo Pointer el cual explotó y perdió la vida el joven a bordo del auto sobre la carretera México-Laredo en el barrio el Fithzi.
Fue el 8 de octubre de este año que tras una audiencia, una jueza de control cambió la medida cautelar de prisión preventiva justificada del ex diputado federal de Morena a resguardo domiciliario debido a su estado de salud. En medio de un dispositivo de seguridad dejó el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Pachuca, pero su proceso continúa.
Jorge Luis Lavalle
El ex diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Luis Lavalle Maury salió el 17 de septiembre pasado del reclusorio Norte con un brazalete localizador y podrá seguir su proceso legal en libertad, luego de que el juez cambió su medida cautelar de prisión preventiva justificada a prisión domiciliaria.
El panista era el único detenido por las acusaciones de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petroleos Mexicano (Pemex), por el supuesto pago de sobornos por el caso Odebrecht.
Un juez federal determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le fue impuesta desde hace más de un año.
Lavalle Maury es la única persona que ha pisado la prisión, después de la denuncia que presentó Emilio Lozoya Austin, en la Fiscalía General de la República (FGR), quien delató una supuesta red de sobornos en las que están involucrados diputados y senadores, y otros personajes de la política, a cambio de aprobar la reforma energética en el sexenio pasado.
El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, solicitó al político entregar su pasaporte, pues no podrá del país y presentarse a firmar cada 15 días al juzgado. Esta decisión del juez se dio después de certificar el estado de salud de Lavalle Mauri, acusado de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 97 millones de pesos.
Rosario Robles
Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, quedó en libertad el 19 de agosto pasado tras salir del penal de Santa Martha Acatitla, luego de tres años en prisión.
El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna vinculó a proceso en agosto de 2019 a la ex secretaria de Estado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto por su presunta participación en el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Epigmenio Mendieta, abogado de la ex funcionaria, indicó que el juez de control otorgó la libertad provisional a Robles con el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva a prohibición para salir del país y firma periódica.
La propia Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el cambio de medida cautelar para que la ex titular de la Sedatu y la Sedesol, Rosario Robles, pudiera salir de prisión.
En un comunicado, la FGR detalló que el pasado 17 de agosto, la defensa de Robles Berlanga presentó una solicitud de cambio de medidas cautelares para poder seguir su juicio en libertad “con la imposición de las restricciones que la ley señala para estos casos, en razón de que diversas enfermedades le aquejan y por motivo de su edad”.
“Esta institución, valoró el estado de salud de esta persona y las medidas de seguridad que garanticen su presencia en el proceso, por lo que solicitó al juez de Control su anuencia para modificarle la medida cautelar de prisión preventiva justificada”, enfatizó.
El Bronco
Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, ex gobernador de Nuevo León, fue detenido el 15 de marzo pasado por las autoridades mientras salía de un rancho de General Terán, esto por presuntas irregularidades detectadas en la recolección de firmas para su entonces campaña presidencial en 2018.
Fuentes estatales revelaron que los motivos de la detención fueron hechos relacionados a las “Broncofirmas”, desvío de recursos humanos y materiales, siendo ingresado al penal de Apodaca.
Rodríguez Calderón fue denunciado penalmente por Samuel García—actual gobernador de Nuevo León—cuando era senador y por la entonces diputada local Mariela Saldívar, mismos a los que previamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dio la razón al confirmar los desvíos de recursos en que incurrió El Bronco y su entonces secretario General de Gobierno, Manuel González, por utilizar a funcionarios públicos para la recolección de firmas para su campaña presidencial.
El 11 de junio una jueza modificó la medida cautelar de prisión preventiva al ex gobernador de Nuevo León y le otorgó el arraigo domiciliario debido a su estado de salud.
Tras una audiencia virtual, la juzgadora Bárbara Melissa Gómez accedió a cambiar la medida, así como sucedió con el otro proceso que enfrenta el ex gobernador por presunto abuso de poder en la requisa a la Ecovía, presuntamente cometido en 2016.
Gerardo Sosa Castelán
El 3 de febrero pasado Gerardo Sosa Castelán, ex presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), recuperó su libertad, después de un año cinco meses de permanecer en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Funcionarios judiciales revelaron que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez autorizó el cambio de medida cautelar por la de arraigo domiciliario, por lo que deberá portar un brazalete electrónico.
La audiencia se celebró a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), debido a su precario estado de salud. Sosa Castelán continuará enfrentando desde su domicilio el proceso que se le sigue por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 200 mil pesos.
El ex director del patronato estaba recluido desde el 31 de agosto de 2020, tras ser detenido y vinculado a proceso. El pasado 21 de enero, la FGR pidió el cambio de medida cautelar, “motivando la pretensión en la salvaguarda de la salud e integridad del imputado”.
El año pasado, Gerardo Sosa dijo que padecía hipertensión y ha sufrido preinfartos, por lo que pidió que se le suministraran medicamentos y practicaran estudios de laboratorio.
Diana Sánchez Barrios
Diana Sánchez Barrios, lideresa de comerciantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en diciembre de 2021 salió del penal de Santa Martha Acatitla, donde permanecía desde marzo tras ser detenida y vinculada a proceso por su probable participación en los delitos de extorsión y robo en pandilla, ambos agravados.
Fuentes judiciales consultadas comentaron que tras una audiencia, un juez cambió la medida cautelar a la hija de Alejandra Barrios, ex diputada del PRI, por lo que quedó bajo arraigo domiciliario.
En un mensaje en Twitter, Diana Sánchez Barrios comentó que por motivos de salud, el juzgador cambió la prisión preventiva justificada, mientras que celebró que tras estar en la cárcel podrá ver a sus hijos.
Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó en conferencia de prensa que en el caso de Diana Sánchez Barrios, no se modifica la situación jurídica de ésta. “Continuaremos con las actuaciones propias de esta fiscalía, sin que ello represente una afectación en la continuidad del proceso penal”, aseguró.
Autoridades judiciales dieron a conocer que el impartidor de justicia no ordenó la colocación de un brazalete de seguridad ni el retiro de los documentos migratorios de la acusada. Únicamente instruyó el resguardo de su domicilio por autoridades capitalinas y vigilancia permanente.
La también ex candidata por la coalición Va por México a diputada local del distrito 9, alcaldía Cuauhtémoc, acusó en octubre haber sido agredida físicamente y tener por su vida dentro del penal de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa; ahí habría sido agredida por sus compañeras de la celda: Miriam Yadira y Yoseline Hoffman, youtuber; aunque después manifestó que las autoridades del penal la tenían en "estado de protección".
Mario Villanueva
En junio de 2020, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, salió del hospital donde se encontraba y regresó a su casa, tras ser informado por el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, que el tribunal que tenía a cargo su caso, emitió un acuerdo favorable.
Fue custodiado y trasladado de la clínica privada donde permanecía, a su residencia en Chetumal, tras obtener el beneficio de la prisión domiciliaria preventiva, que le fue notificado a su vez.
Después de finalizar todos los trámites correspondientes en la clínica campestre donde permaneció en los últimos meses, derivado de su delicado estado de salud, Mario Villanueva fue trasladado por dos agentes de la Policía Federal hasta su domicilio en el fraccionamiento privado Ándara de la capital quintanarroense.
La madrugada del 21 de junio de 2007, Villanueva abandonó el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, después de permanecer seis años preso, luego de que el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca lo absolvió de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.
Sin embargo, al salir fue detenido por agentes de la PGR, adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y horas más tarde fue llevado al reclusorio Norte de la Ciudad de México.
La PGR apeló la sentencia y el 14 de enero de 2010, un tribunal federal determinó que el ex mandatario era responsable de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero y demandó que se le dictara una nueva sentencia para individualizar las penas por tres cargos.
Posteriormente, Villanueva Madrid fue entregado en extradición el 8 de mayo de 2010; al haberse declarado culpable del delito de lavado de dinero, la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York le impuso una sentencia de 131 meses de prisión, lo que acreditó el tiempo que estuvo detenido en México antes de su extradición.
Estados Unidos repatrió a Mario Villanueva en enero de 2017. A su llegada fue internado de inmediato en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Morelos, donde recibió atención médica de manera permanente.
Un Tribunal Federal determinó que el ex gobernador tenía pendiente por cumplir con la condena de 22 años de prisión que le fue impuesta por delitos contra la salud, en la modalidad de colaborar al fomento para posibilitar la ejecución de ilícitos de esta índole. El 6 de junio de 2018, Villanueva fue trasladado del Ceferepsi de Morelos al Centro de Reinserción Social de Chetumal, por su delicado estado de salud.
Don Neto
Ernesto Rafael Fonseca Carrillo, Don Neto, fundador del cártel de Guadalajara—junto con Miguel Ángel Félix Gallardo, El Jefe de Jefes y Rafael Caro Quintero, El Narco de narcos—fue acusado señalado por el secuestro y asesinato de Enrique 'Kiki' Camarena, agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con investigaciones del gobierno de Estados Unidos, Fonseca, Caro Quintero y Félix Gallardo secuestraron y asesinaron agente de la DEA y su piloto, Alfredo Zavala Avelar.
Las investigaciones del gobierno norteamericano señalan que Don Neto, había sido acusado por "secuestro y asesinato de un agente federal, crimen organizado, crímenes violentos en ayuda del crimen organizado, conspiración para cometer crímenes violentos en ayuda del crimen organizado, conspiración para secuestrar a un agente federal".
El 7 de abril de 1985 en Puerto Vallarta, Jalisco, fue detenido Fonseca Carrillo. Félix Gallardo fue arrestado en 1989. Fonseca Carrillo y Caro Quintero fueron sentenciados a 40 años por los delitos de secuestro y homicidio, perpetrados en agravio de Camarena Salazar y Zavala Avelar.
Don Neto fue trasladado en una ambulancia, acompañado de su hijo y un médico, con destino al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, de donde sería trasladado en una aeronave oficial a la Ciudad de México.
La salida del narcotraficante del penal de Puente Grande se retrasó por el estado de salud de Fonseca Carrillo, por lo que fue puesto en arraigo domiciliario en el conjunto A-4-2 del Condominio Campestre Horizontal, del predio Rancho Viejo del fraccionamiento Hacienda Valle Escondido en Atizapán, Estado de México. Ante su avanzada edad y estado de salud, en 2017 obtuvo su libertad total.
Un Tribunal Colegiado otorgó en febrero pasado un amparo al capo Ernesto Rafael Fonseca Carrillo, resolución que ordena dejar sin efecto la sentencia que se le impuso para pagar más de 20 millones 810 mil pesos a las familias del agente Enrique Camarena Salazar, y a la del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, por concepto de reparación del daño por el asesinato de estas personas en 1985.
Al igual que Félix Gallardo y Caro Quintero, también fue condenado a pagar por concepto de gastos funerarios 9 mil 604 pesos, y por indemnización 800 mil 400 pesos.
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