A 10 años del operativo 'Rápido y Furioso', la Fiscalía General de la República no ha consignado ni judicializado alguna averiguación previa o carpeta de investigación por la introducción de más de 2 mil armas de fuego al país de forma deliberada por parte de las autoridades estadunidenses, armamento que llegó a las manos de los cárteles del narcotráfico.
Funcionarios del gobierno federal aseguraron que la indagatoria, abierta desde hace nueve años, cuenta con un sinnúmero de diligencias, pero no se ha logrado determinar si alguna autoridad mexicana fue informada previamente del asunto.
Las únicas capturas que se realizaron, de manera indirecta, fue la Heraclio Osorio Arellanes identificado como el responsable del homicidio del agente de la patrulla fronteriza, Brian Terry, quien perdió la vida el 14 de diciembre de 2010 en la zona de Mesquite Seep, en Arizona, tras un tiroteo donde se utilizaron dos de las armas perdidas.
Las otras detenciones son la de número tres de Los Zetas, Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito, y de otros integrantes de su organización criminal, a quienes se extraditó por estar relacionados con la muerte del agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) Jaime Zapat, y del intento de homicidio de su compañero Víctor Ávila, incidente ocurrido en San Luis Potosí, en febrero de 2011.
Los norteamericanos confirmaron que algunas armas usadas contra Zapata y Ávila son las mismas que se perdieron en el operativo a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), agencia que autorizó el ingreso del armamento a México.
Los funcionario consultados indicaron que por esta razón el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, solicitó la información a Estados Unidos para poder determinar si alguna autoridad en el sexenio de Felipe Calderón estuvo enterado de la entrada del armamento que quedó en manos de los cárteles.
Antecedentes
En 2011, el activista Julian Assange creador de la plataforma Wikileaks filtró cables diplomáticos sobre las actividades del gobierno de Estados Unidos en diversas partes del mundo, dándose a conocer que Washington dio luz verde al operativo a comienzos de 2010.
De esta manera, se conoció que el agente de la patrulla fronteriza Brian Terry, había muerto producto del fallido operativo.
En marzo de ese año, la Embajada de Estados Unidos en México, a cargo de Carlos Pascual, emitió un comunicado donde aseveró que las autoridades mexicanas sí fueron informadas de la operación. Incluso calificó de exitoso el operativo, porque permitió detener a 20 presuntos traficantes de armas en Phoenix.
La entonces Procuraduría General de la República respondió con otro comunicado donde aseguró desconocer el operativo y mucho menos que México hubiera autorizado operaciones que atentan contra la integridad nacional.
“El gobierno de México no ha dado ni dará su autorización tácita o expresa, bajo ninguna circunstancia para que ello ocurra”, señaló.
La PGR subrayó que solo ofrecería apoyo a fin de esclarecer los hechos y, en su caso, sancionar a quienes hubieran cometido irregularidades.
En julio de 2011, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, rechazó que el gobierno federal hubiera sido informado del trasiego de armas, pues de lo contrario, “lo hubiésemos impedido y lo hubiésemos reclamado”.
Sin embargo, un agente de la ATF declaró en el congreso estadunidense que la PGR sí fue alertada del trasiego de armas hacia México y que una buena parte del armamento llegó al cártel de Sinaloa.
En Estados Unidos, el procurador Eric Holder se negó a entregar los documentos del operativo, motivo por el cual los congresistas intentaron destituirlo.
En junio de 2012, el presidente Barack Obama, utilizó su “privilegio ejecutivo” para impedir que el fiscal Holder entregara los documentos a la comisión de la Cámara de Representantes.
ledz