El restaurante La Polar promovió un amparo contra la clausura del establecimiento, situación que derivó por el homicidio de Antonio Monroy, ocurrida el 7 de enero del presente año.
Martín Adolfo Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, aún no admite a trámite la demanda, y previno a la parte quejosa para que aclare el escrito que presentó, para lo cual tiene un plazo de cinco días.
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El juzgador indicó que de la lectura del escrito se advierten irregularidades que impiden admitirla a trámite.
Explicó que, se desprende que el quejoso adujo no solo acudir al juicio constitucional en representación de la moral quejosa, sino también, por propio derecho.
“Sin embargo, y atendiendo a la naturaleza de los actos que se reclaman -en síntesis, la clausura de un establecimiento mercantil-, en relación con los anexos exhibidos, no se observa, con claridad, la razón por la que dicha persona podría promover este juicio de amparo”, comentó Santos Pérez.
En la petición de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de diversas autoridades, distintos actos que guardan relación con un procedimiento de verificación que se le está siguiendo a La Polar.
No obstante, fue omisa en especificar, de las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc y del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, cuál es el acto específico que atribuye a cada una, cuando es claro que no todas pueden llevar a cabo los mismos actos.
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Hace unos días, un juez de control dejó en libertad a Román Ignacio Torres Ramírez, trabajador del restaurante y que fue imputado de haber participado en el asesinato del cliente. Se determinó que no hubo elementos suficientes para iniciar proceso penal contra el jefe del valet parking del estacionamiento.
Luis Darán, abogado del acusado, aportó videos que muestran que Torres Ramírez no participó en las agresiones. Días antes, fueron vinculados a proceso a Braulio Gerardo 'N' y Óskar David 'N', a quienes se detuvo durante un cateo en el restaurante La Polar.
El juzgador determinó iniciar proceso penal contra ambas personas por su probable participación en el delito de quebrantamiento de sellos, ilícito por el cual el impartidor de justicia les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.