Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrá avalar el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, que permite a la Fiscalía General de la República (FGR) solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información sobre sus usuarios sin previa orden judicial.
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En caso de que el Pleno de la Corte avale el proyecto de sentencia del ministro Eduardo Medina Mora, se evitará que miles de juicios e investigaciones por delitos fiscales y financieros se le vengan abajo a la FGR, asuntos que acumulan un monto de aproximadamente 50 mil millones de pesos.
Algunos casos tienen que ver con los colaboradores del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte; del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, y del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.
Medina Mora deja claro que no desconoce que el derecho a la privacidad es de suma importancia; sin embargo, el mismo debe ceder cuando se trata del requerimiento de información por una autoridad federal, con la finalidad de proteger otros bienes de alta importancia constitucional, como es el combate a la defraudación fiscal, el lavado de dinero, terrorismo o delincuencia organizada.
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Asimismo, indica que el Ministerio Público se encuentra obligado a preservar la confidencialidad de los datos solicitados a la CNBV, porque si se utiliza ilícitamente, se fincaría una responsabilidad penal y administrativa en contra del funcionario que la proporcione.
El tema del secreto bancario fue abordado el 27 de noviembre de 2018, cuando el ministro José Ramón Cossío Díaz propuso declarar inconstitucional el mencionado precepto y otorgar un amparo a Pedro Guillén Mariscal, quien en 2012 no declaró ingresos por 1.4 millones de pesos.
Sin embargo, por mayoría de seis votos, se desechó la propuesta de Cossío y el caso se volvió aturnar y quedó en manos de Medina Mora.
IRH