Avanza consolidación del sistema Multi-fuente para la estimación de la criminalidad en el país; suman al menos seis fuentes más de información delictiva como las llamadas al 911 y las denuncias en grupos de WhatsApp que comparten policías y ciudadanos para hacer más exhaustivo el cálculo de delitos en el país y mejorar así la estrategia de seguridad pública.
De acuerdo con un documento de la Comisión de Medición del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Ministerio Público sólo inicia 11 carpetas de investigación por cada 100 delitos, lo cual implica un serio problema para diseñar políticas de seguridad eficaces.
La propuesta es que en lugar de sólo utilizar carpetas de investigación, el delito se mida también a través de fuentes como las llamadas de emergencias al 911; el Informe Policial Homologado (IPH) para delitos y justicia cívica; el Registro Nacional de Detenciones (RND); los partes policiales y las denuncias ciudadanas recabadas por las propias corporaciones de seguridad; las denuncias anónimas al número 089; los mecanismos de proximidad, como los chats vecinales y las redes sociales.
El problema que ha representado únicamente guiarse en las cifras de las Carpetas de Investigación es que existe una alta cifra negra debido a que los delitos no siempre se denuncian o no siempre se convierten en una investigación.
Por ejemplo, del total de los 33 millones de delitos cometidos durante 2018, solo 3.5 millones (10.6 por ciento) fueron denunciados ante el Ministerio Público y únicamente en 2.2 millones (6.8 por ciento del total) se inició una carpeta de investigación, pero en sólo 109 mil (0.3 por ciento) de los casos se puso al responsable ante el juez.
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Esta propuesta de la Multi-fuente, además, es especialmente importante para los delitos cometidos contra las mujeres como violencia de género o familiar, porque son delitos que tienen una alta cifra negra y las llamadas al 911 así como los reportes 089 capturan con mayor eficacia esta realidad, es por ello que el gobierno federal le está dando un enfoque de género a esta iniciativa.
Por ejemplo, en el más reciente reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Información sobre violencia contra las mujeres con datos del mes de diciembre se observa que a través de Carpetas de Investigación se tuvo un registro de un millón 841 mil 141 delitos en tanto que Estadísticas de llamadas de emergencia al número único 9-1-1 arrojaron 16 millones 221 mil 879 llamadas de auxilio.
Por este motivo es que la Comisión de Medición del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPyJC) ha sostenido reuniones con autoridades de diferentes municipios y estados con el propósito de instaurar ya este sistema Multi-fuente destacan Cristina Díaz, alcaldesa de Guadalupe, Nuevo León; Célida López, alcaldesa de Hermosillo, Sonora; Claudia Rivera, alcaldesa de Puebla, Puebla; Mara Lezama, alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad de Coahuila, Sonia Villarreal.
¿En qué consiste?
Recopilar la información de todas estas fuentes, a partir de un sistema similar al de las llamadas del 911 que en automático generan un folio único, lo que impediría el cruce de casos.
La recopilación procesamiento de estos datos correrá a cargo de las Unidades de Análisis de las instituciones de seguridad ya existentes en casi todo el país y que operarán con el sistema de Red Nacional de Analistas para la Seguridad Pública (RNASP) consolidado gracias a que entre 2016 y 2018, el gobierno de México recibió el apoyo del gobierno de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida y el Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia.
El proceso de recolección de datos inicia con la llamada de Emergencia 911 que cuenta con 3 mil 500 operadores telefónicos y 400 supervisores; la información que ahí se genere se complementa con datos del Registro Nacional de Detenciones, cuyo plazo para entregar los datos es inmediato y hasta 5 horas después de realizar la detención; también se nutre con el Informe Policial Homologado (IPH) cuya información debe estar asentada hasta 24 horas naturales después de la puesta a disposición.
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También se puede considerar aquí el Parte policial y la Denuncia Ciudadana, aunque no todas las fuentes de información tienen el mismo nivel de consolidación de sus procesos.
El siguiente paso, que es el procesamiento de los datos, implica realizar actividades como: limpiar los datos, homologar la información, y organizar dicha información. El esfuerzo que implica estas actividades dependerá, en gran medida, de la calidad de la información recabada por las fuentes.
Para facilitar el análisis de la información es relevante que ésta sea homologada y para ello, se deben utilizar catálogos preestablecidos, mismos que facilitarán la conformación de la estadística; algunos catálogos son: Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia (CNIE); Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos para fines estadísticos (INEGI) y; Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades (INEGI).
Con todo ello se busca generar métricas de presuntos delitos; cantidad de incidentes de emergencias; cantidad de detenidos, cantidad de vehículos involucrados, cantidad de armas involucradas, tiempo promedio de arribo del primer respondiente, tiempo promedio de atención a la emergencia.
A su vez, cada una de las métricas enlistadas tiene el potencial de ser desagregada como temporalidad del evento: día, mes y año, minuto y hora; ubicación: descripción del lugar, calle, localidad, municipio, entidad federativa y código postal; sectores o cuadrante policial y georreferencia o coordenadas; del tipo delito por bien jurídico afectado, tipo específico; falta administrativa, por descripción de la infracción, dependiendo del ámbito si es local, por ejemplo; víctimas: datos generales de las personas afectada, como edad, sexo, nacionalidad y detenidos: información general de las personas detenidas por la comisión de un presunto hecho delictivo o falta administrativa, su edad, sexo y nacionalidad.
DMZ