El temor a perder sus empleos llevó a trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Puebla a sumarse al paro nacional de labores convocado este 6 de noviembre, en rechazo al nuevo mecanismo de evaluación que contempla exámenes de conocimientos y revisiones sobre el desempeño del personal judicial; acto que se ha replicado en al menos 17 entidades distintas.
En la metrópolis poblana, cerca de cien empleados se concentraron en el Palacio de Justicia Federal del Sexto Circuito, en San Andrés Cholula donde cerraron con cadenas los accesos al inmueble como medida de protesta; por lo que usuarios y empleados ajenos a este movimiento, vieron interrumpidas sus actividades en el recinto.
Los inconformes cuestionan que su permanencia laboral pueda quedar sujeta a los resultados de evaluaciones que, de acuerdo con sus señalamientos, estarían a cargo de jueces, por lo que exigen un análisis del caso y una mediación de partes para acordar un proceso justo.
El punto central del conflicto es el acuerdo emitido por el Órgano de Administración Judicial, que establece un proceso de evaluación para quienes forman parte de la carrera judicial.
Puesto que, los empleados consideran que esta evaluación podría abrir la puerta a despidos masivos y afectar derechos adquiridos, por lo que demandan que se tome en cuenta su experiencia, preparación y años de servicio al interior de este organismo.
La convocatoria al paro nacional incluye movilizaciones en al menos 17 entidades, entre ellas:
- Ciudad de México
- Estado de México
- Nuevo León
- Morelos
- Veracruz
- Guanajuato
- Nayarit
- Michoacán
- Chiapas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Durango
- Guerrero
- Hidalgo
- Oaxaca
- Tamaulipas
También se han reportado protestas en Jalisco, Tabasco y Yucatán.
En la Ciudad de México, los manifestantes colocaron cadenas simbólicas en la sede judicial de San Lázaro, mientras que en Morelos más de mil trabajadores suspendieron actividades desde el jueves y en Monterrey se convocaron protestas frente a instalaciones judiciales.
Por su parte, el Órgano de Administración Judicial ha defendido el procedimiento al señalar que la primera fase de evaluaciones será diagnóstica y estará enfocada en detectar necesidades de capacitación, sin que represente consecuencias inmediatas para la permanencia de los trabajadores.
AAC