A Carlos Alberto Monsiváis Treviño, sobrino del fundador de Los Zetas, el Z 40, y uno de los máximos líderes del cártel del Noreste, fue señalado por dos testigos protegidos y posteriormente aprehendido.
Según sus testimonios, ellos acompañaron al Comandante Bola –como también se le conocía a Monsiváis– a acondicionar ranchos para adiestramiento de sus grupos armados, aunque también los usaban como escondites “cuando se calentaba la plaza”.
Según los testigos, incluso les tocó pesar y empaquetar mariguana al lado de Monsiváis Treviño para que “las mulas” la cruzaran por el río Bravo hacia los Estados Unidos. Confesaron que incluso la hierba que se había vuelto vieja, también era empaquetada pero para montar un show: se la entregaban a la Agencia Federal de Investigación (AFI), que con la droga seca fingía grandes golpes al narco.
Esos supuestos operativos servían no sólo para ayudar a los federales a quedar bien con sus superiores y la opinión pública, sino que también para evitar que los movieran de Tamaulipas y desde ahí seguir apoyando al cártel. Los testigos eran todoterreno y, cuando andaban escasos de personal, también fungían de sicarios o como halcones.
Una investigación de MILENIO revela que este tipo de revelaciones son frecuentes, pero también traen aparejados problemas posteriores. Entre el año 2019 a la fecha, en al menos 69 casos los detenidos han interpuesto distintos recursos judiciales para repetir sus procesos o incluso obtener la libertad.
Una revisión en el buscador de sentencias en materia penal del Poder Judicial de la Federación arroja que los casos están relacionados con delitos como la portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, contra la salud, secuestro o extorsión.
Los delincuentes acusados, por su parte, han presentado quejas y amparos para desacreditar los dichos de los testigos protegidos, figura legal que fue utilizada antes por la Procuraduría General de la República y hoy por la Fiscalía a fin de otorgar apoyo y protección a las personas cuando colaboran en un procedimiento penal a cambio de dotar al Estado de información valiosa contra la bandas y sus cabecillas.
Según la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, los testigos deberán aportar pruebas ciertas y suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada.
A cambio, en el caso de que los aportantes que den información también sean narcotraficantes, la pena que le correspondería por los delitos que se le juzga podría reducirse hasta en 50 por ciento.
El uso de testigos protegidos para enjuiciar a personas acusadas de delitos relacionados con delincuencia organizada ha resultado, en muchas ocasiones, un dolor de cabeza para las autoridades mexicanas, que han tenido que destinar personal y tiempo a resolver recursos posteriores a la utilización de estos.
Exhibido el ‘Comandante Bola’
“En la organización, me dieron mi clave como sicario L-21, Cobra 21, por lo que me dediqué, junto con otros miembros de la organización, a levantar gente de la contra, a reventar casas de la contra, a escoltar cargamentos de cocaína”, agregó uno de los soplones contra Carlos Alberto Monsiváis Treviño.
Las descripciones de los testigos protegidos fueron reveladoras e involucraban movimientos internacionales: por ejemplo, los pandilleros aseguraron que el cártel del Noroeste tenía relación en Estados Unidos con la pandilla de Los malandros, a quienes les ayudaban a cruzar la droga a nado.
Todas esas confesiones contribuyeron a hundir a Monsiváis, pero el hecho decisivo fue cuando les entregaron a los dos delincuentes confesos cinco fotografías para que identificaran al sobrino de Los Zetas.
El Comandante Bola fue detenido por primera vez en 2010 en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México. Pero fue hasta un año después que el narcotraficante interpuso un recurso con el que acusaba que las declaraciones de los testigos fueron inducidas para que lo señalaran.
Un documento obtenido por este diario revela que la defensa del narcotraficante buscó recovecos en las declaraciones de los soplones sobre las características físicas de Monsiváis, y sostuvo que estas pudieron haber sido cuestionadas por la agente del Ministerio Público federal que llevó el caso.
Afirmó la defensa que no se demostró que ellos no podían saber “de manera inequívoca” que Monsiváis era la persona que lideraba la organización.
Agregó que durante su declaración los testigos jamás pudieron mencionar el apellido del imputado y que cuando les pidieron identificarlo en las fotografías, en todas aparecía Monsiváis, nadie más, lo que se consideró un error en el procedimiento pues debieron haberles presentado imágenes de muchas personas para que su testimonio fuera creíble.
El narcotraficante fue amparado en noviembre de 2022 en contra de la sentencia por delincuencia organizada. En diciembre de ese año fue liberado de prisión, y pronto volvió a posicionarse en el organigrama del cártel del Noroeste.
Testigos inducidos
Su nombre en clave era Venus y poco se sabe de ella: apenas, en efecto, que era una mujer y que había trabajado dos años para Los Zetas en el estado de Hidalgo.
El 22 de mayo del 2011, la entonces Procuraduría General de la República la hizo presentarse a declarar e identificar a cuatro personas que supuestamente pertenecían a la organización criminal.
Le desplegaron un puñito de fotos y le preguntaron cómo se llamaba cada una de esas personas. Después de apuntarlos con el dedo, reveló otros detalles de la sanguinaria organización, los nombres de los líderes e incluso quiénes eran los funcionarios coludidos en la plaza hidalguense.
El año pasado, uno de esos cuatro detenidos acusados por Venus de ser “un halcón”, solicitó la revisión de una jueza, ya que aseguró que la testigo protegida no hizo realmente precisiones de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que supuestamente delinquían.
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La defensa de Los Zetas de Hidalgo dijo que la tal Venus identificó a sus clientes a través de una fotografía que se puso a su vista y el reconocimiento no se ajustaba a derecho.
Alegaron que debieron poner a la vista una serie de fotografías de distintas personas y no sólo la del sujeto a identificar. Y no solo eso: en un documentos se preguntan “¿por qué si ya estaban detenidos no los identificó en persona?”.
Finalmente, el 13 de julio de 2023 lograron un amparo en contra de la sentencia por delincuencia organizada para cometer delitos contra la salud.
Acusadores anónimos
Otro de los motivos recurrentes para ampararse por la utilización de testigos protegidos es que, según la defensa de las personas acusadas de delincuencia organizada, la Fiscalía no reveló la identidad de la persona que testificó en contra de sus clientes.
Un ejemplo de lo anterior fue la sentencia del 2021, donde un integrante de un cártel establecido en Guanajuato aseguró que se violaron sus derechos humanos, pues, según su defensa, la reserva de la identidad de los que acusan termina al ejercer la acción penal, momento en que debió revelarse sus nombres verdaderos.
“El juez de la causa en la diligencia de declaración preparatoria debió hacer del conocimiento al inculpado el nombre real de los mencionados testigos, por lo que es claro que se afectaron sus derechos fundamentales de legalidad y defensa adecuada”, alegaron. El juez falló a su favor.
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Otro caso es el de un narcotraficante y secuestrador del cártel del Golfo, de quien no se revela su nombre, pero sí su historia. Este afirmó que su caso estaba viciado, ya que los cargos contra él se sustentaron en la declaración de un testigo protegido llamado Eduardo, de quien no le revelaron su nombre auténtico.
“Denota la falsedad, alteración, modificación y la inducción”, dijeron sobre sus testimonios quienes defendieron al presunto delincuente. En agosto del 2019 fue amparado para que se repusiera su proceso.
¿Un millón de dólares?
Hay casos como el del 29 de abril de 2022, donde las acusaciones incluso subieron de nivel. En un caso por delincuencia organizada en contra de un integrante de la organización de Los Zetas, se reveló que quien testificó en su contra fue un testigo protegido.
Este aseguraría que a través de sus contactos en la PGR, específicamente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y de la Casa de Arraigos de la Procuraduría, proporcionaba información a cambio de dinero. Este reveló que incluso conoció a otros testigos protegidos de la Subprocuraduría.
En un amparo se revela cómo los conoció e indicó que por allá del 2012 les prometían a otros narcos que habían ingresado al programa de testigos, que por un millón de dólares podrían ser parte también de ese programa.
Además, en estas historias suele repetirse una constante: cuando los detenidos solicitan ampliaciones en las declaraciones de los testigos protegidos, resultó imposible volver a localizar a estos últimos.
Es decir, después de testificar desaparecen completamente del radar de los abogados defensores (y quizá, a veces, de las propias autoridades).
EHR