M+.- En el último año, la administración del presidente Donald Turmp reportó una caída de casi 50 por ciento en el decomiso de armas que pretendían ser sacadas ilegalmente hacia México.
En este sentido, el gobierno estadunidense presume una disminución del tráfico, pero expertos y legisladores atribuyen a una baja en los operativos de inspección, combinado con nuevos métodos y rutas para el trasiego de armas.
Un análisis de Henry Ziemer, investigador asociado del Programa para las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington, DC., identifica la coincidencia entre la baja en los decomisos con la redistribución de los agentes a cargo de su inspección.
Los números de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indican que, entre febrero de 2025 y enero de 2026, que corresponde al primer año de la administración de Donald Trump, se aseguraron mil 616 armas de fuego en la frontera (mil 23 cortas y 593 largas).
Esto es una reducción de casi el 50 por ciento en comparación con el mismo periodo anterior (febrero 2024 a enero 2025), cuando se decomisaron 3 mil 179 armas.
En el mismo periodo, el aseguramiento de municiones en la frontera también ha registrado un descenso sostenido, llegando a una caída de casi el 70 por ciento al cierre de febrero pasado.
No obstante, Ziemer destaca que en el mismo periodo la administración federal determinó reasignar agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF).
Esto solo a quienes se dedicaban a las tareas de inspección de contrabando de armamento, hacia otras prioridades de política pública, principalmente enfocadas a la persecución de la migración irregular y también al trasiego de drogas.
“Aunque incluso se han fortalecido despliegues de la frontera sur, estos despliegues están mucho más enfocados en detener el flujo de migrantes y drogas del sur a norte", comentó.
"Los informes que indican que el personal de la ATF ha sido reasignado de las investigaciones de narcotráfico para centrarse en casos de control migratorio sugieren, además, que Estados Unidos aún no logra asumir su responsabilidad”, indica el especialista.
MILENIO reveló este fin de semana que uno de los fusiles Barrett, usados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el atentado de 2020 contra Omar García Harfuch, fue comprado un año antes por ciudadanos estadunidenses en Texas, traficado a través del Puente Internacional Juárez-Lincoln hacia México, en un esquema replicado por años y que aún continúa.
Desde 2025, diversos reportes advirtieron que más de mil agentes de la ATF fueron reasignados desde sus tareas habituales hacia labores de investigación y persecución migratoria.
En enero, 29 senadores emitieron un pronunciamiento y dirigieron una carta al presidente Trump, alertando de, entre otras cosas, la reasignación del 80 por ciento de los agentes de la ATF a temas migratorios o distintos a su función.
“En la ATF, se ha desmantelado la lucha contra el tráfico de armas de fuego al reasignar al 80 por ciento de los agentes especiales a casos de inmigración.
"Esto ha provocado que la agencia se encamine a una disminución del 90 por ciento en las revocaciones de licencias de distribuidores, su herramienta más eficaz para desmantelar a los traficantes de armas corruptos que canalizan armas a redes criminales. Ninguna administración moderna ha intentado jamás una reasignación de esta magnitud ni con tanta imprudencia”, indican en su carta los legisladores.
Arizona, el principal corredor
En los últimos años, las principales rutas, mecanismos y corredores de tráfico de armas desde los Estados Unidos hacia México han evolucionado.
Así lo documenta un estudio realizado a partir de datos oficiales obtenidos vía transparencia por la iniciativa “Stop US Guns to Mexico”, un proyecto binacional que comenzó a finales de 2017, el cual busca transparentar, en última instancia, reducir las ventas legales de armas estadunidenses a México.
El análisis publicado establece que Arizona ya ha desplazado a Texas como el estado predilecto por los traficantes para un trasiego que, además, se lleva a cabo a través de intermediarios y en cantidades más pequeñas pero frecuentes.
“Nuevos datos sobre armas traficadas desde los Estados Unidos hacia México y otros países, obtenidos mediante solicitudes de acceso a información pública, muestran que la mayoría de las armas recuperadas en México y rastreadas hasta una compra reciente en Estados Unidos fueron vendidas en Arizona", señalaron.
"Las armas traficadas continúan alimentando las desapariciones forzadas y otras formas de violencia en México, a pesar de la disminución reportada en los homicidios”, indica el análisis.
Los datos proporcionados a “Stop US Guns to Mexico” por la ATF sobre las armas decomisadas en la última década contienen el código postal del sitio donde fue adquirido el artefacto.
A partir de ello, identificaron que, desde 2022, Arizona desplazó a Texas como el estado de donde salieron más de estos artefactos.
“De los 15 códigos postales de Estados Unidos donde se compraron y confiscaron más armas en México en el plazo de un año entre 2023 y 2024, 14 de esos códigos postales se encuentran en Arizona. En otras palabras, Arizona se ha convertido en la principal fuente y corredor para el tráfico de armas hacia grupos criminales mexicanos”, indica el análisis.
El análisis también revela que casi el 70 por ciento de las armas recuperadas en México y que se utilizaron para cometer delitos poco tiempo después de ser adquiridas provenían específicamente de tres condados:
- El condado de Maricopa, Arizona (área metropolitana de Phoenix), con un 53.9 por ciento.
- Condado de Pima, Arizona (área metropolitana de Tucson), con un 8,8 por ciento.
- El condado de Harris, Texas (área metropolitana de Houston), con un 6.4 por ciento.
La información de la ATF entregada a esta iniciativa confirma que más de 73 mil armas de fuego recuperadas en México durante la última década fueron rastreadas hasta una compra en Estados Unidos, pero la gran mayoría de ellas estuvieron en circulación durante más de tres años entre la compra y la confiscación.
Solo 8 mil 823 de las armas recuperadas tenían menos de un año de su compra original, pero de ellas, cerca del 90 por ciento salieron exclusivamente de armerías en Arizona y Texas, lo que prueba el rol fundamental de los dos estados en el poder de fuego de los cárteles mexicanos.
Intermediarios minoristas
De acuerdo con las investigaciones que han derivado en detenciones y procesos recientes, los cárteles del narcotráfico han echado mano cada vez con más frecuencia de intermediarios estadunidenses, entre ellos ciudadanos locales que no tendrían mayor conexión con el grupo criminal, para fungir como intermediarios y compradores minoristas.
El 27 de enero, el Departamento de Justicia presentó una acusación federal criminal en contra de nueve personas, entre ellas siete residentes que justamente desempeñaron el papel de intermediarios testaferros, como se le conoce a personas que legalmente pueden adquirir un arma en los Estados Unidos.
Los compradores llenan los documentos para la adquisición de dicho armamento, responden el formulario y copian el registro.
Sin embargo, contrario a lo que se señala en los papeles, ellos no se quedan con el arma o armas que compran en cuestión, sino que luego las entregan a personas que les pagaron para hacer esta operación.
En el caso específico, los siete residentes fueron contratados por los dos traficantes, que también se encuentran entre los detenidos, los cuales, una vez que reunían el armamento, planeaban su tráfico, con alta probabilidad, hacia México.
En uno de los domicilios de los traficantes se encontraron siete rifles calibre .50, cinco rifles de asalto y dos pistolas.
El rifle calibre 50 asegurado a este grupo era modelo Barret, justo del mismo tipo que el utilizado en el atentado en contra del exsecretario de Seguridad, Omar García Harfuch en 2020, pero que en aquel caso había salido desde Texas, como MILENIO pudo documentar.
“Este caso expone un plan para mentir, comprar y distribuir armas de fuego peligrosas a individuos delictivos, incluyendo el tráfico de armas a través de nuestra frontera sur. Quienes compran armas a través de testaferros no sólo mienten en un formulario, sino que a menudo entregan armas directamente a delincuentes", señalaron autoridades federales estadunidenses en la presentación del caso de Arizona.
"La compra fraudulenta de armas socava la seguridad pública al ocultar intencionalmente la identidad del verdadero delincuente y eludir las medidas de protección legales”, comentó.
Fiscales locales de ese mismo estado presentaron a finales de 2025 una acusación en contra de 20 personas, todos ellos estadunidenses o residentes legales del estado, quienes en un periodo de solo dos años adquirieron 334 armas de fuego con 23 distintos fabricantes con el objetivo de traficarlas hacia México. Más del 60 por ciento del armamento eran fusiles de asalto tipo AK-47.
Los fiscales estatales indicaron que la dinámica en que se hicieron estas compras muestra que los traficantes que abastecen a los cárteles estarían optando por llevar a cabo compras más pequeñas pero frecuentes, con la finalidad de facilitar el paso del armamento por la frontera en cargamentos de menor dimensión.
KL