Vecinos de las colonias afectadas por los parquímetros virtuales, exhortaron al nuevo alcalde de Toluca, Juan Maccise Naime, que suspenda definitivamente la política pública que el hoy prófugo de la justicia, Raymundo “N”, impuso de manera unilateral y en un marco carente de transparencia.
“Hacemos un llamado a Juan Maccise para que de manera inmediata suspenda la aplicación de estos dispositivos que laceran la gobernabilidad, caso contrario, como ciudadanos tendremos que hacer uso de la desobediencia civil. Al mismo tiempo, pedimos se analice el actuar de los servidores públicos involucrados y, en su caso, se destituya a quienes ponderaron el interés de un particular en detrimento y daño del interés público”.
Esta política pública -dijeron- fue señalada como una ocurrencia, una aberración, una violación al marco jurídico que ampara la licitud de los contratos de un ayuntamiento y que afecta la vida y el desarrollo económico.
“No podemos seguir sometidos a la aplicación de una política pública, cuya contratación está sometida a una auditoria realizada por el OSFEM, que no fue estudiada, concertada por la ciudadanía y mucho menos aprobada por Cabildo”.
Aseguran que los parquímetros no tienen un estudio serio
Los inconformes señalaron que los parquímetros no tienen un estudio serio que permita visualizar los alcances de la implementación de estos dispositivos, cuyo funcionamiento está sujeto a la supervisión de agentes de vialidad y cuyo objetivo solo es amedrentar, recaudar y extorsionar a los ciudadanos.
“Los parquímetros son el ejemplo de una política pública recaudatoria para llevar recursos al ámbito de lo desconocido, pues al día de hoy no se visualiza la aplicación extraordinaria de recursos ni en las zonas donde operan ni mucho menos en la ciudad. Pero cuando preguntamos donde están los recursos se informa que el ayuntamiento no está obligado a hacer cálculos para informar en qué se aplican”.
Multas no cumplen con marco normativo
Por su parte, el abogado de los vecinos de las colonias Francisco Murguía, Universidad, entre otras, Miguel Ángel García, explicó que ya presentaron un escrito al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, cuya sentencia dicta que las multas carecen de un fundamento legal y contravienen lo que dice el artículo 16 de la Constitución.
“No hay un marco normativo que permita conocer cuáles son las normas de operación, cuáles son los reglamentos aplicables y cómo pueden proceder los ciudadanos. Ante esta carencia podemos afirmar que se trata de un acto ilegal”.
En la declaración del ayuntamiento -apuntó- se reconocer que no hay un acuerdo con el Cabildo para aprobar el tema de los parquímetros, y el director jurídico del ayuntamiento respondió que no era necesario.
“Hemos pedido que la autoridad jurisdiccional pueda tener como una declaración legal del reconocimiento que no hay acuerdo en Cabildo para la implementación de los parquímetros”.
Mencionó que la Ley Orgánica Municipal en su artículo 48, fracción octava, establece que siempre que el presidente municipal vaya a contratar algún servicio, debe llevar un acuerdo y la autorización del Cabildo, sin esto los parquímetros son ilegales.
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Miguel Ángel García sostuvo que la nueva administración no puede seguir cargando con un lastre legal del gobierno de Raymundo “N” ni los actos discrecionales que se realizaban, ya que no ha beneficiado a la población ni al orden vial.
Finalmente, el regidor Mario Cardoso comentó que también expusieron su demanda ante la Consejería Jurídica Municipal, quien se preocupó más por responder desde un tema político que abordar el trasfondo de los problemas; y recordó que este miércoles es la fecha límite para cambiar al titular de seguridad pública y es urgente que se roten los mandos en la policía municipal.